Por: Octavio Díaz García de León

Hace un par de años escribí acerca del régimen especial de responsabilidades que aplica a los miembros del Servicio Exterior Mexicano. El Poder Judicial de la Federación también tiene un régimen distinto al que aplica al Poder Ejecutivo.

El régimen disciplinario del Poder Judicial no es homogéneo, ya que existen variaciones entre el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal) y el Consejo de la Judicatura Federal.

El régimen disciplinario del Tribunal abarca diversas disposiciones normativas, pero le hace falta desde el 2018 un Acuerdo General en materia de responsabilidades y actualizar su Acuerdo General de Administración y su Reglamento Interno. Ahora que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se podrían armonizar estas normas y emitir aquella que está pendiente.

Éste régimen disciplinario tiene varias complejidades que lo hacen difícil de aplicar, entre ellas, el que existen cuatro grupos de servidores públicos que reciben tratamiento diferente: los magistrados de Sala Superior, el personal con labores jurisdiccionales, el personal administrativo y el de la Contraloría Interna; por otra parte, seis autoridades intervienen en el proceso.

Se creó una Dirección General de Investigaciones en Responsabilidades Administrativas para evitar que una misma autoridad sea la que investigue y lleve los procedimientos de responsabilidades. Sin embargo, ambas dependen de la Comisión de Administración, por lo que tal independencia es relativa. En el Poder Ejecutivo, ambas actividades las hacen los órganos internos de control, tratándose de faltas no graves. Estas funciones podrían estar bajo la dirección de la Contraloría Interna en el Tribunal.

En la investigación de quejas y denuncias participan diversas áreas del Tribunal. Si bien, solo una de ellas tiene la atribución de actuar como autoridad investigadora, algunas actividades que realizan las autoridades substanciadoras, la Contraloría y la Visitaduría Judicial, tales como auditorías, evolución patrimonial y visitas de inspección, se pueden considerar como investigaciones por lo que la separación no es clara.

Las causas de responsabilidad administrativa, además de las que prevé la Ley de Responsabilidades, contemplan 15 conductas adicionales, de las cuales 11 se califican como graves. Sin embargo, las sanciones que se aplican en la mayoría de estas faltas graves son similares a las no graves, por lo que se pierde el efecto disuasorio.

La Sala Superior es la facultada para investigar y desahogar casos de responsabilidades de sus propios miembros, lo cual podría plantear un posible conflicto de interés.

La Visitaduría investiga al personal jurisdiccional respecto a este tipo de actividades y la Contraloría puede investigarlos siempre y cuando sea materia administrativa. Este diseño es complejo y duplica innecesariamente estructuras ya que la Visitaduría podría formar parte de la Contraloría dada la similitud de funciones que realizan.

Tanto la Contraloría como la Visitaduría tienen que informar a la Dirección de Investigaciones para que ésta acabe de integrar la investigación y, en su caso, realice un informe de presunta responsabilidad administrativa para turnarlo al área que desahogue el procedimiento de responsabilidades: la Visitaduría, en el caso de personal jurisdiccional, o la Contraloría para el resto, que bien podrían ser llevados por una sola instancia.

Quien resuelve y sanciona las responsabilidades son: la Sala Superior, tratándose de alguno de sus integrantes, y la Comisión de Administración para los demás.

Resulta interesante cómo el Poder Judicial de la Federación ha desarrollado un régimen especial de responsabilidades. Habrá que ver si con este diseño el control interno ha resultado ser eficaz para lograr el apego a la normatividad y el cumplimiento de sus objetivos. De no ser el caso, se debe reformar.