Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.- En nuestro país vivimos una etapa de gran violencia, cerca de 105,000 asesinatos en lo que va del sexenio, muestra que en el régimen de AMLO se han alcanzado niveles nunca antes experimentados. La inercia de gobiernos anteriores ya no la explica. Enhorabuena por el ayuntamiento de Aguascalientes que se enfoca a la protección y defensa de la mujer, aunque conviene no perder de vista que la violencia no es un problema de género, sino un problema generalizado, no se puede atacar un sector descuidando a los otros.)

 

ACUERDO del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado el 22 de noviembre del presente, en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

ARTÍCULO TERCERO.- La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

Para que los amables y despistados lectores de esta columneja tenga una idea aproximada de los alcances del acuerdo de marras, en román paladino, lenguaje llano o en buen cristiano, equivaldría a decir algo así como: “AMLO, alteza serenísima de México, me desdigo de la promesa que hice de cumplir y hacer cumplir las leyes del país, ya que para el bien de la patria mi palabra es la ley y sin trono ni reina pero sigo siendo el rey”.

A mi no me lo crean, pero nomás por no dejar acudo a la opinión del ex ministro José Ramón Cossío, de los más sólidos académicamente que han ocupado un lugar en la corte: “Con todo respeto, el acuerdo del Presidente no puede blindar las decisiones que se tomen con base en él. Facilitará los amparos por falta de fundamentación y motivación en lo que concretamente se vaya decidiendo. Podría tener algún efecto en las suspensiones, pero nada más”. Bueno, hasta un incondicional de AMLO, el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, constitucionalista señala que el acuerdo transcrito se coloca al margen (sic) de algunos artículos de la Constitución.

Dijo el dermatólogo vayamos al grano. El acuerdo o decreto, en el derecho administrativo no está bien caracterizado uno u otro, es un ejercicio de la facultad reglamentaria del presidente de la República, prevista en el artículo 89 constitucional, además así lo fundamenta, pero también señala que “proveerá en la esfera administrativa” al cumplimiento de las leyes, de manera que un acuerdo o decreto o como se llame, no podrá saltarse a la ligera las leyes, menos contravenirlas o ignorarlas. La facultad reglamentaria tiene la función de lograr que se cumplan las leyes de manera más eficaz y no, hacerlas a un lado y no aplicarlas. El presidente no tiene facultades para legislar en un acuerdo.

El presidente no puede determinar en un acuerdo que ciertas situaciones son de seguridad nacional, porque eso también está legislado. Existe una ley de Seguridad Nacional que establece los campos, los rubros, las áreas, las acciones, etc., que se consideran de seguridad nacional y en consecuencia deben tener un tratamiento específico, pero esto no es facultad del presidente, no puede ampliar ni disminuir el catálogo, porque estaría violando sus atribuciones como jefe del ejecutivo, contrariando la constitución.

Con este decreto el presidente viola también las disposiciones del artículo sexto constitucional, que establece el derecho fundamental al acceso a la información pública, en donde priva el principio de que como punto de partida, toda la actividad del estado es pública y debe dársele la máxima publicidad y sólo por excepción podrá restringirse temporalmente su conocimiento. El decreto de entrada cancela el acceso a la información y como consecuencia el Instituto de Transparencia ya anunció la interposición de una controversia constitucional.

El artículo 134 constitucional regula la forma de realizar contratos públicos de manera que se garantice la transparencia y se eviten las prácticas amañadas que tanto se han prestado a la corrupción. Al determinar en el decreto la práctica de las asignaciones directas sin sujetarse a lo establecido en este artículo, también incurre en obvias violaciones constitucionales.

En el decreto el presidente instruye a las Secretarías de Estado a que otorguen una autorización provisional con una vigencia de hasta un año, para no detener la ejecución de las obras públicas y establece la “afirmativa ficta”, si no la resuelven en cinco días se entenderá autorizada, lo que contraviene principios generales del Derecho. De un acto negativo no se sigue la creación de situaciones jurídicas concretas que puedan resultar en perjuicio de otros interesados.

El decreto de marras tiene su origen en el interés presidencial de acelerar sus obras consentidas, aún a costas de no cumplir con las leyes, pero como en otros casos, los caprichos le han resultado contraproducentes. El “acuerdo”, lejos de facilitar el desarrollo de las obras, dará más argumentos jurídicos para combatirlas. Un paso más a la autocracia.

(CONGRESO NACIONAL CHARRO.- Nunca había visto tantos charros juntos. No cabe duda que es un gran espectáculo verlos y verlos ejecutar las suertes de la charrería, trasunto de las labores camperas que poco a poco han ido desapareciendo. El estereotipo del charro me parece que ya no puede ser la imagen de la mexicandad, aunque todavía siento un escalofrío recorriendo el espinazo vertebral desde el pescuezo hasta la región sacrílega, al recordar a Don Alfonso Rincón Gallardo, Marqués de Guadalupe interpretando el jarabe tapatío.)

 

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