Ahora es el Comité Ciudadano Anticorrupción el que presentó la solicitud de amparo y protección a la justicia federal en contra del Congreso del Estado, al que señalan de haber celebrado el proceso de elección del auditor superior de Fiscalización, violando las garantías individuales y los derechos humanos de otros interesados y sin la transparencia debida.

Susana López de la Parra, presidenta de este Comité, estuvo respaldada por varios organismos empresariales así como de profesionistas que avalan esta demanda de amparo, una más que se agrega al rechazo, no por el nombre de quien fue electo como titular del Órgano Superior de Fiscalización, sino por las formas y procedimientos poco transparentes y sin considerar la inexperiencia del electo.

Sobre este asunto, López de la Parra subrayó que el trabajo de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado privó a la ciudadanía del interés legítimo de haber sido parte del procedimiento de elección, pues no hubo transparencia de este acto que debió ser público como se indica en la Constitución Federal, la Estatal y las leyes relativas.

Ante esta situación y como organismo de la sociedad civil, la demanda es que se respeten los derechos constitucionales y que en el Poder Legislativo se apeguen al marco jurídico que les obliga.

En su intervención, el abogado Francisco Frausto Ruiz Esparza insistió que este recurso constitucional fue presentado ante la autoridad judicial federal para que se revisen los actos cometidos por los diputados locales, que a consideración de quienes demandan el amparo, no siguieron los procedimientos que marcaba la convocatoria emitida para seleccionar al titular del Osfag, y terminaron por decidirse por quien no cumplió con los requisitos.

“El Congreso del Estado, sistemáticamente falta a esa voluntad ciudadana de hacer transparentes sus procedimientos de selección, pues no es la primera ocasión en que ocurre esa violación, siempre cierran, no hay transparencia, siempre omiten en la selección y al final sentimos que se violan esos puntos de procedimiento”.

El abogado refirió que este es el caso en que simplemente el titular el Osfag no cumple con la experiencia y tiene compromiso político. Puede ser competente como abogado, pero su perfil y falta de experiencia como auditor lo descalifican para estar como titular, lo cual no es culpa de él, sino de los diputados que lo impusieron.