Arcelia Maya
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 6-Feb.- Un juez declaró la libertad definitiva a los seis ex dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca que fueron acusados de los delitos de lavado de dinero, intento de homicidio y robo.
Rubén Núñez, Francisco Villalobos Ricardez, Aciel Sibaja Mendoza, Efraín Picaso Pérez, Othón Nazariega Segura y Heriberto Magariño López consiguieron que el juez segundo penal declarara el pasado fin de semana procedente su libertad definitiva por desvanecimiento de datos.
El juez ordenó al director del Centro de Reinserción Social Número 1 de Santa María Ixcotel, Oaxaca, que se girara la boleta de libertad para realizar los trámites administrativos correspondientes, informaron medios locales.
El ex secretario general y los responsables de organización y finanzas, así como representantes regionales del magisterio disidente fueron detenidos en octubre de 2015 y otros en junio de 2016, pero meses después obtuvieron su libertad bajo caución.
Para dejar la cárcel, los imputados pagaron una fianza y cada mes tenían la obligación que presentarse a firmar en un juzgado.
El área jurídica de la Sección 22 confirmó que hay una resolución de por medio, pero señalaron que no podían hablar del tema, pues esperarán la base ejecutoria para no tener complicaciones legales.
REFORMA buscó a uno de los abogados del gremio magisterial, quien detalló que la próxima semana darán a conocer los avances en el proceso.
La prensa local reportó que en el expediente penal 145/2015, donde se acusa al ex secretario general, Rubén Núñez, y al líder regional Othón Nazariega Segura, también se involucra a líderes de comerciantes que continúan bajo proceso.
Se expone que César León Mendoza y Adán Mejía López, dirigentes de la Unión de Artesanos y Comerciantes Organizados en Lucha (UACOL), obtuvieron su libertad bajo caución y su proceso penal continúa.
Los involucrados fueron señalados por presuntamente robar, durante una manifestación, un camión de bomberos de la estación sur, que se ubica en la agencia municipal de Candiani.
En la demanda se expone que el 13 de enero de 2015 los manifestantes, encabezados por Núñez y Nazariega, se apoderaron del vehículo.
Aunado a esto, los dirigentes instigaban a sus acompañantes a destruir las cámaras de videovigilancia, ubicadas en una gasolinera.
El cálculo en el monto de los daños causados a las cámaras de videovigilancia y material para su funcionamiento asciende a alrededor de 288 mil 770 pesos.