El presidente López Obrador ha venido criticando la actuación de organismos que no dependen del Poder Ejecutivo y ha pedido que se les reduzca el presupuesto o que simplemente se les desaparezca, como fue el caso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Estos ataques van dirigidos al Poder Judicial, así como a organismos con autonomía constitucional. Por ello, han surgido muchas voces para defender a las instituciones agredidas.

Sin embargo, es necesario reconocer que tienen áreas de mejora en su manejo interno. Una de sus deficiencias es que, en algunas de ellas, sus más altas autoridades las manejan como si fueran de su propiedad, disponiendo discrecionalmente de sus recursos. Por ello, no hay que confundir la defensa de las instituciones con la defensa de quienes las dirigen.

Tomemos, por ejemplo, al IFAI, el cual contaba con una estructura de cinco comisionados y un presupuesto moderado con el cual funcionaba bien. La reforma que en 2014 dio autonomía al IFAI y lo convirtió en Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue un retroceso, al aumentar a siete el número de comisionados, agregarle indebidamente la protección de datos personales e inflar su estructura.

A diferencia de la COFECE y el IFETEL, donde se crearon sistemas muy sólidos de selección de comisionados, para asegurarse de que sólo llegaran los mejores, el INAI quedó a merced de nombramientos basados en cuotas partidistas y compadrazgos, y sus nuevos comisionados decidieron repartirse las plazas para entregarlas a amigos, parientes y compromisos, aspecto que subsiste todavía.

El INAI cuenta con alrededor de 800 plazas. Tiene en su estructura cuatro secretarías ejecutivas que resultan excesivas, y dos de ellas les fueron asignadas recientemente por sus pares a ex comisionados que terminaron sus encargos, para no dejarlos sin trabajo. Cuenta con 27 direcciones generales, algunas de las cuales no se justifican. Estas plazas se asignan por cuotas de los comisionados, sin mucha consideración a las capacidades profesionales de los nombrados, con sus honrosas excepciones, y la repartición se da en cascada hasta los puestos más bajos del Instituto.

Cuando desde Palacio Nacional iniciaron los ataques al INAI, no hubo grandes manifestaciones en su defensa, como sí las hubo a favor del INE. Esto se debe a que quien se beneficia de la transparencia es un grupo reducido de periodistas y académicos. La protección de datos personales sí tiene más impacto, pero no se ha sabido divulgar su importancia.

Los comisionados del IFAI y luego el INAI, no han podido convencer de la utilidad que tiene la transparencia y la protección de datos personales para la mayoría de los mexicanos. Algunos comisionados han preferido dedicar su tiempo a eventos dirigidos a sus “clientes frecuentes”, viajando por todo el país y el extranjero, sin que este activismo, que más parece pretexto para pasear y salir en la foto, tenga impacto en la mayoría de la población.

Es necesario defender a los organismos autónomos para que cumplan con su función de proteger los derechos fundamentales que resguardan, pero tiene razón en parte el presidente López Obrador al criticar los excesos que ocurren al interior de ellos. En lo que no tiene razón es en cómo pretende corregir estas deficiencias.

Urge una revisión a fondo del diseño institucional de estos organismos para operar con sobriedad. Ya que es difícil que las instituciones se reformen a sí mismas, sobre todo cuando implica que sus directivos pierdan privilegios, será tarea del próximo gobierno federal reformarlas para evitar su manejo como si fuera patrimonio de sus dirigentes. Hará falta nombrar órganos de dirección profesionales y crear contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas eficientes, para que estas instituciones no se conviertan en feudos de quienes las gobiernan.