Con el propósito de agilizar los procedimientos de órdenes de protección a mujeres que sufren violencia y que sea obligado incluir la perspectiva de género, la formulación de políticas públicas en materia de seguridad y no discriminación, ayer fueron promovidas y aprobadas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado.
Una tiene que ver con el mejoramiento de los procedimientos para la emisión de las órdenes de protección a favor de las víctimas y que se cumpla con lo primordial que es salvaguardar su integridad física y emocional.
El cambio consiste en que la autoridad que emita el fallo deberá considerar entre otros principios, el de protección, confidencialidad, accesibilidad e integridad, para que esas medidas se lleven a cabo en un solo acto, de forma automática, con un lenguaje claro, sencillo y de proceso ágil.
Por su parte, la legisladora Mayra Torres expresó que se requiere de la implementación de mecanismos legales que incidan en el bienestar y seguridad de las mujeres en la entidad, dado que, según las estadísticas del Poder Judicial del Estado, al día son expedidas más de tres órdenes de protección hacia mujeres, de manera que, de enero a octubre, según los mismos datos, se concedieron un total de 1 mil 076 ordenamientos de ese tipo.
También fue aprobada otra reforma para armonizar la normatividad federal con la local y establecer los principios de igualdad, respeto a la dignidad humana y la libertad de las mujeres, así como el referente de la plena participación de las mujeres en la vida pública.

Sigue pendiente la reforma al COTEDUVI
Por otro lado, se declaró la improcedencia de la iniciativa de reformas al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda, iniciativa heredada por la anterior legislatura y que a consideración del presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el documento debe ser ampliado, acorde a los tiempos y apegado a las necesidades sociales del estado.
En el debate, el argumento para dar la negativa, el perredista Emanuelle Sánchez Nájera dijo que no se consideraron opiniones técnicas de las dependencias y los municipios, además que lo ideal sería armonizar dicho ordenamiento con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por lo que propuso que se reinicie el proceso y se elabore una nueva iniciativa.

¡Participa con tu opinión!