Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Juzgado federal ordenó mantener, por tiempo indefinido, los derechos y beneficios del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a más de 100 universidades privadas al conceder una suspensión definitiva contra la reforma que los excluyó de los recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión en el amparo promovido por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y un grupo de académicos de las universidades Anáhuac y Panamericana, que impugnaron la reforma al Reglamento del SNI, publicada el 20 de abril, por la cual más de mil 600 investigadores y científicos de universidades privadas ya no podrían acceder a estos fondos.

La suspensión definitiva estará vigente durante todo el tiempo que tome tramitar el juicio para aclarar si la reforma violó derechos humanos, lo que tomaría un año o más, si el caso eventualmente es atraído por la Suprema Corte de Justicia.

El Juzgado había concedido el 11 de junio una suspensión provisional, en la que advirtió la probable inconstitucionalidad de esta reforma, por hacer una distinción injustificada entre universidades públicas y privadas.

El Conacyt impugnó la suspensión provisional, misma que fue confirmada el 2 de julio por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. En sus alegatos, el órgano de gobierno argumentó que aún no se habían concretado afectaciones a los investigadores de universidades privadas, por lo que no procedía la suspensión.

Si bien la suspensión definitiva también puede ser impugnada ante un Tribunal colegiado, esa revisión tomará varias semanas, tiempo durante el cual no se podrán retirar las becas y beneficios a investigadores de universidades afiliadas a la FIMPES.