Janette Rodríguez

En esta ocasión hablaremos sobre el objetivo 3 de la Agenda 2030: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

En este tenor, no podemos dejar de visibilizar que para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar de todas las personas a lo largo del ciclo de vida. En la actualidad, el concepto de salud ha evolucionado más allá de la simple noción de la ausencia de enfermedad, a un concepto multidimensional que visibiliza a los individuos en constante cambio e interactuando con un contexto sociocultural, económico y ambiental.

Para reducir las desigualdades en materia de salud es fundamental avanzar en la universalización de la cobertura y el acceso a servicios de calidad, logrando con ello que todas las personas tengan la posibilidad de prevenir, detectar y tratar cualquier tipo de problemática relacionada con su salud.

Por ello, resulta importante tener presentes las oportunidades de este objetivo, entre las que destacan: los avances logrados en la reducción de la transmisión del VIH a los niños, relacionados con un mayor control de la transmisión de madre a hijo y las acciones que tienen por objetivo la doble eliminación de la transmisión del VIH y la sífilis. También podemos mencionar, en materia de acceso a métodos anticonceptivos, que la prevalencia anticonceptiva es alta en la mayoría de los países de la región: en algunos casos incluso llega a niveles más elevados que en los países desarrollados. En América Latina, la anticoncepción de emergencia está legalizada casi en todos los países de la región (a excepción de Honduras). En el caso de México, con la sentencia de la Suprema Corte, con Aguascalientes ya son 12 las entidades en las que se ha despenalizado la interrupción del embarazo. Sin embargo, a pesar de que este método ha comenzado a adquirir cierta importancia recientemente, existen enormes barreras para acceder a él en el sector público.

Aunque la afiliación o cotización a sistemas de salud asociada a la ocupación ha aumentado y las brechas socioeconómicas han disminuido, todavía queda un largo trecho por recorrer para alcanzar niveles de acceso más equitativos a servicios de calidad, siendo éste uno de los grandes desafíos a vencer.

Otro desafío para considerar en América Latina y el Caribe a lo largo de las últimas décadas es que, a pesar de la marcada disminución de la fecundidad, ésta sigue siendo elevada entre las adolescentes, situación que preocupa tanto por los efectos adversos en los niños nacidos de madres adolescentes como por las consecuencias que ello tiene para la salud y el desarrollo de las madres. De acuerdo con el INEGI, la tasa de mujeres de entre 10 y 17 años de edad que se convirtieron en mamás es de 12.4 por cada mil mujeres de este grupo de edad en Aguascalientes, lo que representa a mil 270 madres adolescentes. Con esto, la entidad se coloca en el décimo lugar nacional con la mayor tasa de nacimientos entre niñas y jóvenes. Las niñas, adolescentes y jóvenes que residen en áreas rurales son más proclives a ser madres a temprana edad que las que viven en áreas urbanas y, dentro de cada zona, son más proclives aquellas de menores ingresos, lo que prolonga el círculo de la pobreza, reproduce las desigualdades y refuerza las brechas en materia de educación.

Con relación a este tema, resulta importante no perder de vista otro gran desafío a considerar: “las adolescentes indígenas”. Aunque la maternidad ha descendido en la mayoría de los países de América Latina, el porcentaje aún duplica el que se registra entre las adolescentes no indígenas.

Se estima que ha habido un aumento reciente del número de nuevas infecciones por el VIH en los hombres adultos de la región, lo que vuelve necesario invertir mayores esfuerzos en materia de educación sexual, en particular, y de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, en general. Es importante considerar las dimensiones del bienestar actual de las personas (desde los ingresos y la vivienda hasta la salud y la educación, desde las relaciones sociales y la seguridad hasta el bienestar subjetivo), pero también tomar en cuenta los recursos naturales, humanos, económicos y sociales necesarios para la sostenibilidad del bienestar en el largo plazo.

Por ello, se requiere que se realicen esfuerzos concretos con el objetivo de lograr contar con una cobertura sanitaria universal de calidad y el financiamiento sostenible de la salud, así como hacer frente a la creciente carga de las enfermedades no transmisibles, incluida la salud mental, y abordar la resistencia a los antimicrobianos y los factores ambientales que contribuyen a una salud deficiente, como la contaminación del aire y la falta de agua y saneamiento gestionados de manera segura.

Janette Rodríguez

Directora General DIA1

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