David Reynoso Rivera Río.

En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio importantes golpes de autoridad a la consolidación del Estado de Derecho. En primera instancia dado que ordenó la destitución del jefe delegacional en funciones de la delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México  y recientemente con la sentencia sobre el amparo promovido por omisiones legislativas ante la falta de ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, la cual debe abarcar aspectos importantes sobre la publicidad gubernamental.

Al reformarse la constitución se estableció un plazo para que el Congreso de la Unión emitiera la aludida ley reglamentaria; sin embargo, transcurrieron ya un par de años sin que dicha ley fuera emitida. Derivado de ello, una asociación civil decidió ampararse con base en el novedoso amparo que procede contra la omisión legislativa.

En primera instancia, un juez de distrito negó el amparo por considerarlo un tema de carácter electoral; sin embargo, el asunto se elevó a una segunda instancia y tras una interesantísima sesión por parte de la Primera Sala, se resolvió conceder el amparo por omisiones legislativas.

Los argumentos de la Sala estribaron en el incumplimiento al plazo que desde febrero del año 2014 obligaba al Congreso de la Unión a legislar en la materia y los ministros expusieron de manera magistral que la omisión legislativa viola la libertad de expresión, de prensa e información, pues esos derechos requieren que los medios libres transmitan todo tipo de opiniones y por lo tanto la falta de regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social.

En su resolutivo, la Corte ha ordenado al Congreso legislar antes de que finalice el próximo mes de abril del año 2018. Lo anterior tiene especial relevancia ya que el Congreso tendrá que legislar en vísperas de una jornada electoral que tendrá como protagonista principal al próximo presidente de la República y de igual manera a la renovación del Congreso de la Unión en su totalidad; mientras que en el ámbito local se celebrarán casi una decena de elecciones para gobernador y la renovación de un vasto número de legislaturas locales.

La publicidad gubernamental se ha convertido en un arma de doble filo ya que si bien es necesario que se informe a la población, lamentablemente algunos medios de comunicación ejercen su función de manera poco ética y se han dedicado a generar una autentica agencia de publicidad bajo notas amarillistas o con información carente de validez que lo único que propicia es el crecimiento de la corrupción.

Considero que la orden del poder judicial demuestra la importancia del derecho en la política y como es que su rol ayuda a consolidar ese anhelado Estado de Derecho. Esperemos el contenido de dicha ley venga nutrido de principios que ayuden a combatir la corrupción que tanto daño ha desprestigiado a las propias instituciones y de igual manera, algunos de los medios de comunicación o pseudo medios de comunicación dejen de formar parte de un círculo vicioso que ha caracterizado a administraciones estatales y municipales en todo el país.

Habrá que estar muy pendientes en los próximos meses del desarrollo de dicha ley, así como de su aplicación. Una vez más dejo el tema sobre el tintero y agradezco el favor de su lectura, deseándoles una excelente semana.

 

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