Antes de entrar en materia es importante tener en cuenta un episodio que sucedió hace varios años. En una colonia cercana a la Unidad de Medicina Familiar Número 8 del IMSS, una familia tenía una gata que un buen día tuvo descendientes. La señora de la casa empezó a ofrecer los gatitos entre los vecinos y una conocida, que vivía en la Unidad Las Viñas, se llevó uno de ellos. Al día siguiente la gata desapareció, por lo que no quedó más remedio que alimentar a los que mininos con biberones, pero dos días después estaba de regreso con su pequeño. Había recorrido varios kilómetros para seguir la pista de su hijo hasta que pudo recuperarlo.

Esto, que parece de ciencia ficción, demuestra hasta dónde es capaz una madre por tal de rescatar a su retoño, lo que si entre los supuestos seres irracionales hay ese amor, ese apego de sangre, con mayor razón entre los humanos, que sufren lo indecible cuando alguien de sus allegados se desvanece sin dejar rastro. Aunque no es un problema nuevo, puesto que de siempre ha existido este tipo de situaciones, sin embargo lo que hoy se vive en México es una auténtica calamidad, con miles de desaparecidos, principalmente jóvenes y adultos en plenitud, sin que las autoridades asuman un compromiso tangible de buscarlos. Todo lo deja al azar, sin importar el sufrimiento de sus allegados, que cada día se levantan con la esperanza que esté de regreso, pero pasan los meses y luego los años y no se da el milagro.

Como es costumbre en el Congreso del Estado, trabaja a paso de tortuga para integrar la Comisión de Personas Desaparecidas, que es un reclamo que han hecho diversos grupos dedicados a buscar a esas personas y que requieren de tener el andamiaje legal y operativo para avanzar más rápido en su cometido.

El diputado Guillermo Alaníz de León mencionó que ya se creó la ley respectiva y están en la etapa de atender las observaciones que hizo la Secretaría de Gobernación y a la espera de que la Secretaría General de Gobierno cree la estructura correspondiente.

Mientras que los familiares desesperan ante la parsimonia de los legisladores, que se reúnen para platicar sobre el tema con integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia, con quienes hablan de la “urgencia” de dar seguimiento a esta demanda, continúan presentándose denuncias de hombres y mujeres que no regresaron a casa.

El problema de fondo es que las y los diputados no se ponen en los zapatos de los reclamantes, porque para ellos, el que exista uno, dos o más desaparecidos son sólo parte de las estadísticas, sin importarles la amargura permanente que viven los familiares. La cuestión sería ver cómo actuarían si uno de los suyos estuviera en ese trance, algo que naturalmente no se les desea, pero basta con que asuman con más humanismo cada una de las quejas para que actúen en consecuencia.

No está por demás señalar que al atenderlo no hacen ningún favor, puesto que una de sus obligaciones primarias es crear leyes y reglamentos que le den sustento a una mejor convivencia social, al mismo tiempo la beca mensual que reciben es lo suficientemente sustanciosa como para que hagan algo más que simples declaraciones.

 

DESPROPÓSITO

Alguien no está haciendo su tarea, o de plano existen demasiados intereses que impiden intervenir, pero el caso es que los tristemente célebres anexos siguen dando de qué hablar. Se han presentado denuncias en diversas instancias oficiales y ante los medios de comunicación, sobre el maltrato que reciben los internos, sin que se observe el mínimo interés de, al menos, conocer el porqué no funcionan legalmente.

Para que un anexo esté abierto se requiere tener el permiso municipal y la autorización del Instituto de Salud del Estado, que previo a extender la documentación supervisan que el local cuente con lo necesario para la atención de los internos y del personal que labora en el lugar, lo que le da confianza a los familiares que tienen confinado a uno de los suyos.

La situación sale de control cuando alguno de esos lugares opera sin autorización, por lo que al no tenerle que rendir cuentas a nadie actúa a su libre albedrío y esto ha provocado que varias de las personas que son internadas sufran agresiones que terminan con lesiones graves y que han llevado a la muerte, aunque sin que se pueda acreditar que los golpes fueron los causantes directos.

El director del Centro de Integración Juvenil de Aguascalientes (CIJA), Mario García Martínez, sugirió a los familiares del adicto a las drogas o a las bebidas embriagantes que pretendan internar, que lo hagan sólo en un lugar autorizado por el Instituto de Salud.

Dijo que se debe tener en cuenta los sucesos que han ocurrido en el estado de Guanajuato, en donde recientemente varios anexos clandestinos han sido atacados por el crimen organizado con un saldo de un número elevado de fallecidos, al considerar los delincuentes que son refugio de un grupo antagónico.

En cambio, los espacios debidamente legalizados son supervisados por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y cuentan con visitas periódicas del ISSEA y están a su servicio profesionales que se encargan de la rehabilitación del enfermo.

Caso contrario, apuntó García Martínez, ocurre “en los centros de rehabilitación clandestinos, no existe un control de las personas que ingresan, ya que no se pide documentación para comprobar la identidad de los internos, es decir, no hay registros confiables, tampoco llevan un control médico a fondo, ni se ofrece un trabajo clínico responsable”.

Por lo anterior, recomendó a quienes necesiten de apoyo profesional para rehabilitarse del consumo de sustancias psicoactivas, busquen instituciones profesionales y formales, en donde reciban la seguridad de que las autoridades saben quienes se encuentran internados.

Una política en los Centros de Integración Juvenil es brindarle la atención que el paciente requiere, por lo que si se llega a sorprender que alguno pretende vender droga a sus compañeros de inmediato se les advierte que no lo haga, si persiste se le deja de atender, porque son lugares para reorientar la vida de las personas y no se permite que se les perjudique, además que están en constante inspección del ISSEA por lo que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que se rompan las reglas de convivencia, relación y superación entre los albergados.

ALLEGARSE RECURSOS

Si se impone de manera literal la advertencia del gran capitán de desarrollo urbano, parte de la ciudad de Aguascalientes será a imagen y semejanza del muro de Trump, al disponer que los dueños de predios urbanos deben tenerlos cercados, debidamente limpios y desmalezados y quien no obedezca se hará acreedor a multas hasta por 4,344 pesos. Dentro de los tres anillos de circunvalación hay extensiones sin edificar, por lo que si se les obliga a construir bardas para delimitar la propiedad será una ciudad de múltiples murallas y que de hacerse rompería drásticamente el tránsito de las personas, al tenerlos como ruta de paso. La urgencia de allegarse recursos económicos ha llevado a la alcaldía capitalina a buscar aquí y allá cómo obtenerlos y ha encontrado una “mina” con los baldíos, que en total son 292, a quienes el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Jaime Gallo Camacho, los tiene en la mira, basado en el código municipal que dispone tener “en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene” a cada uno de estos lugares. Una vez que reciban el apercibimiento tendrán un plazo de1 15 días para cumplir la orden, de lo contrario se les impondrá la sanción. Aunque se entiende que el pretexto de la limpieza es para allegarse fondos para engordar el cochinito 22, Gallo afirma que “estamos en un momento en que se requiere la colaboración ciudadana para entrar a un proceso de desmalezado, limpieza y retiro de escombro, en apego a los artículos 1093 y 1094 del Código Municipal”, que en la anterior y en otras administraciones no se habían aplicado.