El 21 de junio del año pasado en el poblado de Uriqui, Chihuahua, durante una pelea entre dos equipos de beisbol, uno de ellos patrocinado por un narcotraficante, culminó con la muerte insensata, terrible, de los sacerdotes jesuitas Javier Campos de 79 años y Joaquín Mora de 80, así como también del guía de turistas Pedro Palma. A pesar de que detuvieron a varios integrantes de una banda local, el jefe de la célula estaba libre. Se dijo entonces que se trataba de José Noriel Portillo alias el “Chueco”. Por el que se ofreció una recompensa de 5 millones de pesos.
La semana pasada hubo noticias del “Chueco”, apareció un cadáver y todo indicaba que sí era el cuerpo de él. Posteriormente el cadáver fue identificado por una hermana de él, aunque para corroborar el dato se tuvieron que esperar a corroborar los resultados de ADN.
Posteriormente la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, dio a conocer de manera oficial que la persona que había sido encontrada sin vida era el presunto asesino de los jesuitas Javier y Joaquín, así como de Pedro Palma. Con ello se corroboraba la identidad de esa persona y sí era el “Chueco”.
Con lo anterior se está cerrando una parte de dicho capítulo y se lamentan al mismo tiempo los asesinatos de todos los mexicanos originados por la violencia que impera en el país.
Y ya en lo relacionado a este caso en concreto, le comento que creo que la gobernadora María Eugenia Campos dio un mensaje equivocado porque el caso no se resuelve con el asesinato del presunto homicida. Es un posicionamiento que obliga a que la población tenga una mirada crítica sobre esa postura. Las autoridades no pueden hablar como si las condiciones estructurales que generan la violencia hubiesen sido atendidas. En ese sentido, la postura de gran parte de la sociedad es que hay una ausencia de justicia conforme a Derecho en relación con los homicidios cometidos en Uriqui y en donde el estado tiene la obligación de investigar seriamente las condiciones que generan estos homicidios y en donde la muerte del presunto homicida no resuelve los problemas de fondo que se están generando en la Sierra Tarahumara.
Sin duda que la presencia de los jesuitas en la Sierra Tarahumara es muy importante, a pesar del enorme riesgo que corren. La Compañía de Jesús -que fue fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola- está llamada a estar en las fronteras y llevar la palabra de reconciliación, en donde nadie más quizá quiera llevarla, y velar principalmente por las personas que se encuentran en una situación vulnerable, aquellas que el sistema ha excluido no sólo mediante la desigualdad que reciente nuestro país sino también en el abandono de las responsabilidades del Estado.
Es por ello que los Jesuitas han dicho que van a seguir en la sierra Tarahumara y que no los va a amedrentar los grupos criminales. Hay que decir que el Gobierno tomó medidas cautelares por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que a pesar de ello ha seguido prevaleciendo la impunidad. En donde además hay otra serie de problemas como el negocio ilegal de tala de árboles, que hoy agobia la Sierra Tarahumara y los asuntos de delincuencia organizada que hacen también muy difícil que las personas de esa zona tengan acceso a una vida digna.
Sin duda este caso del asesinato de los jesuitas y el guía de turistas impactó en la sociedad mexicana, por todas las circunstancias, por los personajes que fueron asesinados.
Es por ello que la sociedad mexicana exige justicia y reparación del daño. Y la mejor reparación que se puede tener es que este tipo de casos no se vuelvan a dar y que se garantice la paz en esa región.
Los Jesuitas ya han fijado su postura manifestando que nunca han callado ni callarán ante la violencia y la deshumanización. Que seguirán en la Tarahumara y en otras regiones de México trabajando para que haya paz, justicia, derechos humanos y reconstrucción del tejido social.
El caso del asesinato de los jesuitas y el guía de turistas, vergonzosamente para el Gobierno de México, no lo pudieron resolver, a pesar de la proclama que casi a diario realiza el presidente desde su púlpito en las mañaneras, en donde presume la supuesta fuerza en materia de seguridad de la Guardia Nacional, que hasta ahora ha sido sólo un petardo, pues los crímenes han ido en aumento día con día a lo largo y ancho del territorio nacional. Un ejemplo claro de ello es nuestro Estado, Aguascalientes, en donde la mano criminal del narcotráfico ha ido penetrando como la humedad, poco a poco, y las noticias cotidianas ya nos hablan de asesinatos en aparentes ajustes de cuentas entre grupos antagonistas, que luchan por lograr la supremacía del mercado de enervantes en la localidad e incluso sus municipios.
Qué pena que el Gobierno no fue el que resolvió los crímenes de Uriqui, sino el tiempo. Sí, el tiempo, pues el Gobierno dejó transcurrir los días y los meses y fueron gente de la misma calaña que el “Chueco”, los que hicieron el trabajo gubernamental y les dejaron a las autoridades, de cara al sol, los despojos del sanguinario asesino. No cabe duda que lo dicho por Gandhi: «Ojo por ojo y el mundo acabará ciego», está a punto de cumplirse.
