Martha Martínez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, presentó ayer su programa en materia de combate a la corrupción, el cual considera ampliar los delitos y las sanciones relacionadas con esa práctica, reformar el Poder Judicial, evidenciar a empresas proveedoras del Gobierno y revisar notarías.
El programa, cuya coordinación y presentación estuvo a cargo de Javier Corral, ex Gobernador panista de Chihuahua, establece la creación de una agencia anticorrupción, la simplificación administrativa e incluir las obras publicas entre los rubros en los que se pueden presentar acciones colectivas.
De acuerdo con el programa, su piedra angular es el reconocimiento del derecho a una buena administración pública y a vivir en un ambiente libre de corrupción, como derechos fundamentales en la Constitución, por lo que enviar la iniciativa al Congreso sería una de las primeras acciones del nuevo Gobierno.
Además, prevé que la Presidenta convoque a un Acuerdo Nacional y Social para un Buen Gobierno, en el que órdenes y poderes asuman compromisos encaminados a hacer efectivos derechos como mejoras en las compras públicas y la profesionalización de servidores públicos.
Plantea también la creación de una Agencia Federal Anticorrupción, la cual dependería directamente del Ejecutivo federal y contaría con amplias funciones de investigación, persecución y sanción de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y los particulares que celebren contrataciones públicas o se les otorguen concesiones.
Esa instancia asumiría las actuales atribuciones que en ese ámbito tiene la Secretaría de la Función Pública, la cual se plantea que sea rediseñada para priorizar el control interno del Gobierno.
El plan anticorrupción de Sheinbaum propone la creación de una ley general para investigar y sancionar los actos de corrupción, con el objetivo de superar la discrecionalidad de actuación y la disparidad de criterios, el desarrollo de un catálogo único de delitos y penas, y el reconocimiento de las víctimas de la corrupción como sujetos procesales.
También plantea la necesidad de implementar reglas jurídicas para visibilizar los delitos de corrupción cometidos por las empresas y ampliar de 3 a 7 años la prescripción para los casos de responsabilidades no graves y de 7 a 12 para los casos graves, además de facultar la intervención de los órganos fiscalizadores sin limitaciones de tiempo y tipificar como delito la simulación en contratos gubernamentales.
El plan insiste en una reforma al Poder Judicial, que enfrenta un «enorme problema de corrupción cotidiana» y establece la necesidad de un Consejo de la Judicatura ciudadanizado, en el que no participen los ministros, para evitar conflictos de interés.
Asimismo, plantea que es crucial revisar a los notarios, dada la corrupción vinculada con la concesión de sus patentes y porque son parte de entramado que permite la operación de miles de empresas fantasma.
«Por supuesto que hay, yo conozco varios notarios honestos, honorables, pero también los hay muy corruptos, frente a los los que a la hora de la autorregulación, el conjunto termina siendo muy flexible… No por otra cosa el PRIAN, en sus enjuagues, en lugar de repartirse Secretarías se reparte notarías, por eso debemos visibilizar un eslabón fundamental de esa cadena corruptora», dijo Corral.
En materia de contrataciones, agregó, la meta es que para 2030, el 65 por ciento del monto anual contratado por el Gobierno, sea mediante licitación pública.
En su turno, Sheinbaum afirmó que la corrupción es el mal que caracterizó a México en el pasado, porque hoy la situación es diferente.
Aseguró que en este Gobierno se le han arrebatado 2.4 millones de pesos a la corrupción, recursos que hoy se traducen en programas sociales y en obras de infraestructura públicas, mientras que durante su administración como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México la cifra fue de 100 mil millones de pesos.
La aspirante advirtió que gobernantes deshonestos no pueden tener gobiernos honestos; no obstante, contar con gobernantes honestos tampoco es suficiente, por lo que resumió su propuesta en tres puntos: servidores públicos honestos, simplificación administrativa y digitalización y –al mismo tiempo– transparencia en todos los procesos que se realizan.
«Hemos avanzado muchísimo, no somos iguales. Si no, no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el Gobierno de la transformación. Sin embargo, tenemos que avanzar todavía más», agregó.