Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Suprema Corte de Justicia reservó durante cinco años los datos sobre las condiciones esenciales de contratación y los comprobantes de pago para la compra de vacunas contra Covid-19 de Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino.
Por amplias mayorías, el pleno declaró que difundir esta información implica un riesgo para la seguridad nacional, pues se violarían cláusulas de confidencialidad de los contratos y se pondría en peligro el suministro de vacunas.
Las tres empresas mencionadas han surtido casi 80 por ciento de los 225 millones de dosis recibidas por México.
La Cancillería ha difundido versiones públicas de los contratos, con censura de párrafos que detallan pagos, responsabilidades, garantías, datos personales, propiedad intelectual y los términos de las propias cláusulas de confidencialidad, mismos que seguirán sellados.
En diciembre de 2020, la Secretaría de Salud (Ssa) reservó la información por cinco años, el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) redujo el plazo a dos años, pero la Corte lo volvió a extender a cinco años, el máximo que permite la ley, que se cuentan precisamente a partir de diciembre de 2020.
La Corte declaró fundados dos recursos promovidos por el Ejecutivo federal, previstos en la Ley de Seguridad Nacional, que permiten a los ministros asumir las funciones del INAI y modificar por completo y en definitiva las resoluciones de este último.
Varios ministros argumentaron que prolongar la reserva es necesario, porque se desconoce el periodo de duración de la inmunidad que proveen las vacunas, la pandemia no ha terminado, el virus es impredecible, y no se sabe si México tendrá que negociar de nuevo con las farmacéuticas para incrementar el abasto.

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