Salvador Rodríguez López

Cuando se adelgaza la cartera se acuerdan los agentes de seguros y fianzas que hay una ley que obliga a los automovilistas a contratar sus servicios, por lo que exigen que las autoridades hagan cumplir este ordenamiento y sin excepción alguna todos aporten para la causa.

Está claro que es necesario estar protegido y que los demás también lo estén, por lo que en caso de un percance el responsable aceptar la culpabilidad por los daños causados, algo que se dificulta cuando se carece del citado seguro, por lo que desde el punto de vista de ese gremio ya es tiempo de hacer valer la ley.

Sostiene el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Aguascalientes, José Refugio Náñez Rodríguez, que la totalidad de los automovilistas que circulan en esta entidad deben contar con un seguro de responsabilidad civil, porque a la fecha sólo el 30% está amparado, lo que es un riesgo que alguien pueda chocar con el que carece de esa protección, lo que genera una serie de problemas para los involucrados.

Es algo que se legisló desde hace varios años y así lo consigna el Diario Oficial de la Federación (DOF), sin embargo “hasta la fecha, sólo en Chihuahua se aplica, porque todos los demás (estados) tienen  miedo al costo político”.

Contar con este tipo de póliza y en caso de un accidente, el automóvil por muy antiguo es atendido, “llegan los ajustadores, lo arreglan y no pasa nada, pero (las autoridades) tienen miedo de aplicar la ley. De lo contrario, todo se vuelve un problema, pues entran en conflicto los conductores, contratan a un abogado, los autos van al corralón y hay que pagar pensión y gravamen si hay multas de por medio”.

El propósito de la agrupación es exigir que se haga valer la legislación, para lo cual solicitará una intervención decidida del Poder Ejecutivo y del Congreso del Estado, planteando que se cobre una cuota básica que pudiera ser “de unos 800 pesos promedio” al año y con ello cubra una suma asegurada hasta por 150,000 pesos en pérdida total.

Ahora bien, los propietarios de vehículos se rehúsan en hacerlo por la serie de problemas que enfrentan cuando tratan de hacer valer el seguro, como ocurre cuando hay un choque y quien lo guiaba no fue el que contrató la póliza, o que ésta tenga un día de vencida. Asimismo, las aseguradoras tienen una serie de restricciones o condiciones para amparar la unidad, entre ellos llegan a poner límites o de plano niegan el apoyo si se trata de un vehículo viejo ya que son más susceptibles de verse involucrados en un problema, también hay objeciones para las unidades que transportan material peligroso como combustibles, explosivos, etc.

Asegurar el vehículo contra robos y accidentes es la exigencia de las compañías garantizadoras, pero hacerlo masivamente como lo pretenden, significará un gasto mayor, toda vez que se agregaría a la verificación, tenencia o control vehicular, las placas que periódicamente cambian, además se debe tener en cuenta que poseer el vehículo propio significa gastar un promedio de 1,200 pesos mensuales en gasolina, 940 pesos mensuales del seguro, otros 200 pesos de lavado, el pago de la pensión o estacionamiento y llevarlo a chequeo preventivo cada seis o doce meses.

Ahora bien, si se aplica la cuota básica de 800 pesos que menciona el presidente de los fiadores, significaría un ingreso para las aseguradoras de 400 millones de pesos al año. Nada despreciable la suma y por ello la demanda que hacen a las autoridades.

DAN EL PASO

Aunque tarde pero finalmente se convencieron los abarroteros de la Zona Centro que deben utilizar las herramientas tecnológicas para atraer clientes y en gran medida mejorar sus ingresos, acción que deberían hacer todas las tiendas de abarrotes que hay en los centros urbanos y rurales, ofreciendo así un complemento de sus servicios.

Desde hace varios años diversas dependencias gubernamentales han tratado de convencerlos para que trabajen bajo otras normas, entre ellas que los compradores puedan pagar los servicios en los mismos negocios, como agua, teléfono y luz, entre otros, como es común en las tiendas de conveniencia.

Es algo que beneficia al detallista, porque el que liquida los recibos en el mismo lugar donde adquiere los comestibles será más asiduo e incluso aprovechará para adquirir otros productos, algo que tienen en práctica las tiendas de conveniencia.

La Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen), en coordinación con autoridades estatales, pondrán en marcha el programa en los negocios que deseen participar y que aún cuando en principio tienen que invertir en equipo tecnológico, con el tiempo les dejará mayor provecho. Se pretende que las tiendas de abarrote ingresen a esta labor, lo que ayudará en gran medida a que recuperen la clientela y contribuya al fortalecimiento de su actividad.

De acuerdo a lo informado por Guadalupe González Madrigal, tesorera de Acocen, en una primera etapa se contempla la participación de 140 comercios, lo que como se señala, “sería un costo para tiendas de abarrote, además se estará gestionando apoyos adicionales de 30,000 pesos invertidos en mercancía con tasas preferenciales. Es un proyecto que se aplicará en toda la ciudad progresivamente, iniciando en la Zona Centro”.

El programa arranca en los próximos días, con la participación directa del gobierno estatal, empresas refresqueras, cerveceras y de pinturas, ofreciéndoles capacitación para el uso del equipo tecnológico y se buscarán apoyos para capital de trabajo, equipos, refrigeradores y paneles solares.

Por largo tiempo los abarroteros tradicionales se negaban a entrarle al uso de la tecnología, pero finalmente se convencieron que si quieren competir con las tiendas de conveniencia deben incluir ese plus en sus labores diarias. Es la única manera de preservar el patrimonio familiar y evitar ser asfixiados por ese tipo de establecimientos, que tiene sucursales en cualquier punto de la ciudad.

Habrá que seguir de cerca el resultado que tenga este proyecto, que pretende conservar la tradición de que continúen las tiendas de barrio o colonia, por regla general la propiedad de una familia que es parte del mismo sector, por lo que entre todos deben contribuir para que no sólo sigan adelante sino que crezcan porque haciéndole le harán mucho bien a todos.

PACTOS DE PAPEL

Si en algún momento se materializara la figura de doña Borola Tacuche de Burrón, esposa del peluquero don Regino Burrón, soltaría esa carcajada que la hizo famosa, cuando trababa de chasquearse de algo que intuía no iba a suceder, pese a lo que decía el aludido. Esto viene a comentario por la firme convicción que tiene el presidente de la Coparmex, que los candidatos a los cargos de elección popular deben firmar sus compromisos y cumplir las propuestas. Cada vez que se acercan las elecciones constitucionales surgen en las campañas los aspirantes que organizan una obra teatral para firmar, ante las cámaras, las obligaciones que contrae con los ciudadanos, pero una vez que están en los cargos “si te vi, ni me acuerdo”. Fue el caso de un individuo que llegó a presidente de un municipio al norte del estado y cada vez que alguien le recordaba aquellos compromisos respondía que no los olvidaba, sólo que era cuestión de tiempo y así se pasó los tres años. Por lo tanto, resulta ocioso hacer que un candidato o candidata firme un papel, que son igual que las promesas de amor juvenil. Jurídicamente carece de valor, aún haciéndolo ante notario público, porque si la ley no especifica la obligación de cumplir lo que se diga sale sobrando. Como todo organismo que se respete, la Confederación Patronal de la República Mexicana dedicó un tiempo en elaborar 25 acciones con ocho ejes temáticos, que presuntamente ayudarán a tener un país “con visión de futuro”. El Manifiesto por México es parte de la campaña “Participo, Voto y Elijo”, con el que ese organismo procura que el sufragio sea razonado y elija a los mejores y al mismo tiempo combata el abstencionismo, que en el caso de Aguascalientes es entre 46 y el 52%.