Por: Octavio Díaz García de León

La idea: En una conferencia matutina reciente, el presidente López Obrador mencionó que, con la llegada del nuevo secretario de la Función Pública, el Mtro. Salcedo, se iban a realizar cambios importantes a dicha Secretaría. Sin embargo, lo que propuso tiene enormes retos y las preguntas son: ¿podrán hacerse los cambios que propone? y ¿funcionarán? Se ve difícil.

Lo que planteó el presidente como reformas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) representa el cambio más radical desde su creación. Sería unificar las adquisiciones y las de control interno y fiscalización de todo el Gobierno Federal en una sola secretaría. Todas las contrataciones de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública del Gobierno se llevarían a cabo en la SFP. Por cierto, en su alocución, el presidente ya no habló de combatir la corrupción desde la SFP, sino actuar como vigilante de la honestidad de los servidores públicos.

El presidente también mencionó lo que sería un cambio trascendente para cada institución del Gobierno Federal, si se lleva a cabo: “En vez de que haya un director administrativo y aparte un director de la función pública, va a ser uno. Esto se va a simplificar”. Lo que se entiende de estas palabras es que se unirían las áreas administrativas y las de fiscalización bajo un solo titular en cada institución del Gobierno Federal.

Si la idea es consolidar en un solo puesto ambas responsabilidades habrá que empezar por modificar la Constitución en todas aquellas atribuciones que les da a los órganos internos de control (OIC) y de allí en cascada a todas las leyes que hacen referencia a esta figura, así como a las que hacen referencia a las unidades de administración y finanzas, lo que implicaría un enorme rediseño institucional.

Algunos posibles problemas serían:

El concentrar en una sola institución todas las contrataciones del Gobierno representa un enorme cuello de botella. El desabasto que ahora ocurre en el sector salud podría estar sucediendo en el resto del Gobierno Federal. Cuando se planteó, antes de iniciar el sexenio, la creación de la macro oficialía mayor, señalé los problemas que enfrentaría. Al final quedó un híbrido que trató sólo de consolidar ciertas compras generando problemas de desabasto, y eso que sólo se incluyeron las secretarías en el esquema y no las paraestatales, pues el problema hubiera sido mayor para Pemex, y CFE, entre otras.

Tener bajo una misma cabeza a la fiscalización y a las adquisiciones no sólo a nivel secretaría sino en cada institución, representa un gran conflicto de interés, pues las áreas que más se fiscalizan desde los OIC son las que manejan los recursos. Para el titular del área administrativa, con todas las presiones que tiene, siempre será prioritario atender a sus clientes internos y jefes y si puede, lo haría pasando por encima de la normatividad. Esto podría ocurrir al quitársele el freno del organismo fiscalizador, al tenerlo bajo su mando. Ni qué decir de las oportunidades de corrupción que sería sumamente fácil ocultarlas con una fiscalización simulada.

Lo que creo:

No se unirán el administrador y el fiscalizador en cada institución. Por otra parte, sí se irá la oficialía mayor que estaba en Hacienda a SFP, aunque no consolidarán compras de paraestatales. Me parece que el nuevo secretario de Hacienda entendió que tener esa responsabilidad representaba un lastre por apartarse de sus responsabilidades principales y que, además, las oficialías mayores no le respondían al secretario de Hacienda, sino al presidente.

Las atribuciones en materia de normatividad en contrataciones y recursos humanos regresarían a SFP junto con la enorme responsabilidad de realizar todas las adquisiciones del Gobierno Federal y quizá, el presupuesto asociado.

Queda ver cómo resuelven operativamente toda esa reestructura. Como dijo el presidente: “Por eso Roberto Salcedo va a estar allí. Yo creo que ahora sí se las puse difícil”.