Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Hace más o menos tres años, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos todavía no era una dependencia del ejecutivo, a lo que se ha visto reducida desde la fraudulenta elección de la Señora Piedra, el anterior presidente, por cierto ahora titular de Derechos Humanos de la UNAM, presentó una acción de inconstitucionalidad cuestionando varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Finalmente, tres años después en sesión de la semana pasada el pleno de la Corte decidió declarar inconstitucionales varios artículos aunque, en mi opinión, se quedó corto, porque la ley misma, su fundamentación y sus procedimientos son violatorios de Derechos Humanos y de principios generales del Derecho, así como de tratados internacionales suscritos por México.

La figura de la extinción de dominio en sí misma es contraria a derechos fundamentales porque crea un régimen de excepción que tiene, muy probablemente, su fundamento último en una corriente del derecho penal, originada en Alemania en los trabajos del jurista Günter Jacobs seguida en España por el Profesor Polino y con un grupo de seguidores en América particularmente en Chile, Colombia y algunos en México, conocida como “Derecho Penal del Enemigo” la que parte de etiquetar a la delincuencia organizada como “el enemigo” por lo que promueve la creación de figuras especiales para su combate, que en teoría parecen justificables al promover un trato más estricto a los delincuentes agrupados en pandillas o en cárteles, el inconveniente es que mientras son peras o son manzanas, las figuras especiales se aplican en la investigación y en el proceso antes de que se obtenga una sentencia condenatoria, lo que claramente viola principios generales, tales como los de igualdad ante la ley y sobre todo el principio de presunción de inocencia. Con el riesgo claro de que paguen justos por pecadores.

La extinción del dominio se diseñó para que el gobierno pudiera despojar a los delincuentes o a quienes colaboraran con la delincuencia facilitándoles bienes que fueran utilizados en la comisión de un delito, de los instrumentos empleados. En principio pudiera parecer una manera eficaz de combatir al crimen, no sólo castigando a los eventuales responsables sino también a los que de manera directa o indirecta hubieran permitido la utilización de sus bienes para la comisión del delito.

Para que fuera aún más eficaz se diseñó para que fuera promovida mediante un procedimiento civil independiente del penal, para que la privación de la propiedad de los bienes o extinción de dominio, no tuviera que supeditarse a los avatares de un proceso penal, que en nuestro país tiene mala fama bien ganada.

Las evidentes violaciones a las llamadas garantías constitucionales, ahora derechos fundamentales, hicieron que el gobierno promoviera la modificación de la Constitución. Expediente fácil, es más fácil modificar la norma fundamental que lograr que las fiscalías y las policías cumplan con sus responsabilidades y cumplan bien. De manera que se modificó la Constitución y se estableció en su artículo 22 la posibilidad de la extinción de dominio “sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse”. La redacción no es precisamente feliz. Los bienes de acuerdo con el Código Civil deben poder valorarse pecuniariamente, decir bien patrimonial es llover sobre mojado. El concepto legítimo es más ambiguo que legal, y, por otra parte, no debería sancionarse la procedencia sino la tenencia. Lo más grave desde luego y contrario a Derechos Humanos es la porción “no pueda acreditarse”, estableciendo indebidamente la carga de la prueba para la persona que tiene la propiedad. Un principio generalmente aceptado en Derecho es que el que afirma está obligado a probar. En todo caso si el Ministerio Público sospecha que un bien es mal habido, es él, la institución, que tiene que probarlo. De manera que, no es raro que suceda, una persona vive en un inmueble que era de sus antepasados, pero por problemas sucesorios o burocráticos y la carencia de un documento que acredite la propiedad, reside y ocupa de manera pública, pacífica, continua y a título de dueño. Si alguien pretendiera despojarlo debería acreditar que tiene un mejor título para poseer y probarlo. En los términos constitucionales es violatorio de derechos: una persona no tiene que probar que es legal propietario, el que acusa, en todo caso, es quien debiera probar la ilegalidad o ilegitimidad de la procedencia.

Más aún, la ley nacional, aquí también sucedía, señalaba que un arrendador estaba obligado a cerciorarse de que sus arrendatarios no hacían mal uso del bien que les había rentado, lo que le daba una carga considerándolo casi como un policía, y si no vigilaba que no se usara para la comisión de un delito, sufriría la extinción de dominio. Afortunadamente esos excesos fueron limitados, aunque, de hecho la permanencia de la figura es, en mi opinión, contraria a derechos fundamentales.

La Corte no se ha animado a declarar la inconstitucionalidad de la figura, no obstante que sigue adoleciendo de muchas fallas. La extinción de dominio es un juicio independiente del juicio penal, de manera que es posible que en la vía civil se prive de un bien a una persona por haberse utilizado para un delito y en la vía penal se concluya que no se acreditó la comisión del delito o la responsabilidad en la comisión o en el auxilio para la comisión. Olvida por otra parte que ya existía y existe como sanción penal la pérdida de los instrumentos del delito y que, en todo caso, se hubiera regulado ampliando esta sanción para quienes prestaran sus bienes para el delito.

Por lo pronto la Corte, y no está mal, determinó, aunque se tardó tres años para resolverlo, que los propietarios de un inmueble adquirido legalmente no pueden perderlo en caso de que un tercero lo destine para fines contrarios a la ley ¡Vaya!, protección para los arrendadores. De igual forma, se invalidó el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio que establecía que esa acción era imprescriptible, lo que era una barrabasada porque jamás se terminaría la posibilidad de que el M.P. Finalmente se declaró inconstitucional que el M.P. pueda tomar medidas “decomisatorias” si no cuenta con una orden judicial.

No es lo deseable, pero dada la timoratez de la Corte, algo es algo.

bullidero.blogspot.com  facebook jemartinj  twitter @jemartinj