Ya era justo que el personal del ISSEA y del ISSSTE recibiera una novedad favorable, al anunciar la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) que se logró un aumento salarial de 5.3% retroactivo al uno de mayo, por lo que en la próxima quincena recibirán el acumulado de los cinco meses.

La mayor parte de ellos han sido de los principales combatientes contra la pandemia, por lo que a estas alturas hay muestras de cansancio y estrés y si no dan un paso de costado es porque saben que se necesita de todos para alcanzar los mayores resultadlos posibles, principalmente de lograr que los infectados y encamados libren la batalla, lo cual aún cuando no está totalmente en sus manos porque son varios los factores que intervienen, con sus cuidados es factible que lo consigan.

El dirigente estatal de la FSTSE, Normando López Meixueiro, destacó que la organización sindical fue insistente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que autorizara la partida necesaria y finalmente se obtuvo una mejoría directa al salario de 5.3% y se elevaron las prestaciones, además, como ha sido la constante en cada revisión económica se busca que se beneficie más a los que reciben menores ingresos, con lo que hay un fruto equilibrado.

Dentro de las prestaciones de previsión social están los estímulos económicos de fin de año, que popularmente se conocen como vales de despensa, los cuales se mantiene presente y con la posibilidad de que vengan con un aumento, lo cual se dará a conocer el mes próximo.

Ante la respuesta favorable del gobierno federal, López Meixueiro señaló que los trabajadores ratifican el compromiso de apoyar y fortalecer a las instituciones, con la plena confianza que este soporte mutuo ofrecerá mejores resultados en bien del país.

También recordó que uno de los compromisos del presidente de la República es ampliar el número de plazas del área médica y paramédica, por lo que en el caso de Aguascalientes “estamos esperando nada más la firma y que nos digan cómo quedó para ver cuántas plazas extras nos autorizan”.

Con lo obtenido por la Federación de Sindicatos, tanto en ampliación salarial como de prestaciones, se atiende una demanda que se hizo más vigente a raíz del embate del coronavirus, pero no es sólo un bono de única exhibición sino un incremento directo y fijo en el sueldo, que favorece ingresos colaterales y amplía los alcances que reciban los que se jubilen o pensionen.

BIFURCACIÓN

La mayoría de los partidos de oposición le echan en cara a la actual administración federal los excesos que hay con la entrega de apoyos económicos a diversos sectores de la sociedad, al considerar que es un recurso mal empleado ya que no deja ningún rendimiento, sin embargo se callan cuando son ellos los que reciben las mensualidades del Instituto Nacional Electoral y de los institutos estatales electorales.

Son caminos paralelos que sin embargo se observa desde ángulos diferentes, porque mientras la entrega de dinero a estudiantes, personas mayores y jóvenes que aprenden un oficio lo miran como una acción de futurismo electoral, tratándose de lo que reciben ellos es porque así lo exige la democracia para no caer en manos de los malandrines.

Más allá de que tengan o no razón de lo que realiza el actual gobierno, que entre paréntesis no está manco ni da paso sin huarache, la entrega de recursos a los partidos se ha considerado desde hace muchos años como una acción paternalista, ya que a los directivos y sus cercanos les basta con moverse un poco de la hamaca y estirar la mano para que cada mes le llegue el dinero en sus cuentas bancarias.

Para realizar el trabajo partidista y de proselitismo no necesitan exigir cuotas a los militantes, tampoco organizar rifas como antaño las hacía el PAN, y en cuanto al pase de charola sólo en contadas ocasiones lo hacen, porque en general les basta con la mesada de les proporciona las autoridades electorales.

Hay quienes dicen que ese dinero es del gobierno, que es el gobierno el que se los da, pero no, proviene de los impuestos que pagan los mexicanos que sí trabajan, trátese de patrones y trabajadores, por lo tanto la política es financiada por la fuerza laboral y empresarial que es la que sostiene la economía de México.

En el caso concreto de Aguascalientes, el Instituto Estatal Electoral (IEE) acreditó siete partidos nacionales y tres estatales, que participarán en los comicios de 2021, en que habrán de renovarse once ayuntamientos y dieciocho diputaciones locales, además de tres diputaciones federales que son de competencia del INE

En total serán 13 millones 249,282 pesos y 59 centavos lo que le costará a los contribuyentes estatales su sostenimiento anual. Quien recibirá más es el PAN con  3 millones 708,150.92 pesos, seguido de Morena con 3 millones 90,187.29 pesos, en tercer lugar está el PRI con 2 millones 703,086.84 pesos. En seguida el PVEM con 1 millón 378,195.87 pesos; Nueva Alianza Aguascalientes 1 millón 335,601.88 pesos; Unidos Podemos Más, Partido Libre de Aguascalientes y Partido Encuentro Solidario 264,985.65 pesos cada uno y el PRD 239,123.95 pesos.

Llama la atención que por segunda elección consecutiva el PRD es el que menos recibe, en cambio Nueva Alianza, que es un partido local, obtiene cuatro veces más y lo superan otros dos, también locales, como son Unidos Podemos Más y Partido Libre, lo que se debe en gran medida a lo que obtuvo en votaciones pasadas.

Es importante tener en cuenta que el financiamiento citado es sólo para las elecciones locales, esto es, de ayuntamientos y diputados, porque la de diputados federales las organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) que tiene su propia bolsa para los partidos nacionales, prevista en más de 4,000 millones de pesos.

ACELERA EL PASO

El aspirante a presidente municipal de Aguascalientes por el Partido Acción Nacional, Jaime Gallo Camacho, dio a conocer que hay 90 fraccionamientos en vías de municipalización y en el curso de este mes se regularizarán once, por lo que el actual Ayuntamiento – del que aún forma parte como secretario de Desarrollo Urbano -, podrá dotarlos de los servicios públicos correspondientes.

Para ser considerados en el programa de municipalización los fraccionadores o quienes viven en esos espacios deben entregar seis dictámenes liberados de servicios públicos que tienen relación directa con CCAPAMA, SOPMA, Tránsito, Alumbrado, Forestación y Limpia y Aseo y a partir que se tienen todos documentado se elabora el dictamen técnico jurídico, lo que dicho sea de paso, con este burocratismo el gobierno de la ciudad echa abajo la tan cacareada  “oficina única de trámites”.

Mientras se legalizan las nuevas colonias, Jaime Gallo activa hasta el fondo la velocidad política, presumiendo reuniones con el dirigente nacional Marko Cortés, con el vocero del Comité Nacional del partido, Fernando Herrera Ávila, con su actual jefa María Teresa Jiménez, el gobernador Martín Orozco Sandoval, el senador Juan Antonio Martín del Campo y otros caporales, entre ellos Antonio Arámbula, Arturo González, y Rubén Camarillo.

En pocas palabras, sólo le falta la nominación, porque por nombres no queda. En base a todas esas conexiones no duda que será el sucesor de Jiménez, de ahí que sólo espera ganar la interna y luego que los ciudadanos voten en la abierta por él, que son peccata minuta ante la autosuficiencia que pretende transmitir.

UN PASO ADELANTE

La vacunación contra la influenza adquiere este año una connotación diferente, al haber una mayor sensibilidad entre la población de que es una vía efectiva para combatir esta enfermedad y estar mejor preparados para afrontar otras, principalmente el coronavirus.

El arribo de la primera remesa del biológico, que se integró con 170 mil dosis, de inmediato se puso a disposición de los aguascalentenses, adelantándose casi quince días a lo registrado en otros años, por lo que  se espera que los casos de infiltración sean en menor.

El gobernador Martín Orozco Sandoval destacó que al anticipar la campaña contra la influenza hay mayores posibilidades de que un número mayor de habitantes acudan a los puestos de vacunación y al mismo tiempo contribuye a que se reduzca este mal que puede ser evitado si se atienden las indicaciones del sector salud.

En el arranque de la campaña, que tuvo lugar el jueves pasado, se da prioridad a personas vulnerables como menores de cinco años y mayores de 60, así como grupos de riesgo, principalmente el personal del sector salud como médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos y laboratoristas, entre otros, mujeres embarazadas, personas con VIH, cáncer y enfermedades crónicas, al igual de entre 5 y 59 años que se encuentren en situación de riesgo, como son los pacientes con enfermedades crónicas.

Trabajan de manera conjunta gobierno del estado, Seguro Social y el ISSSTE, con el propósito de vacunar a 389,320 residentes antes del 31 de diciembre, aunque la campaña continuará los primeros meses del año próximo para que todo mundo quede atendido.

Las dosis son distribuidas en los 83 centros de salud del estado y en clínicas del IMSS e ISSSTE, además grupos de enfermeras harán recorridos por distintos lugares para acercarlo a las personas y que sea más ágil el proceso.

Orozco Sandoval reiteró la exhortación a todos los habitantes para que acudan a vacunarse, y así contribuyan a reducir las consecuencias que provoca la influenza, que si no se atiende llega a ser mortal, por lo que si no se quiere exponer la propia vida y la de los allegados es importante que estén inmunizados.

POSICIONES OPUESTAS

La aprobación de la Suprema Corte de Justicia para que el gobierno federal lleve a cabo una consulta popular que permita enjuiciar a cinco ex presidentes de la República, generó actitudes encontradas en Aguascalientes, que al igual que en otras partes del país hubo quienes aplaudieron la “valentía” de los ministros de dar luz verde a un acto inédito, otros consideraron que los togados se doblaron ante el Poder Ejecutivo, lo cual puede traer consecuencias irreversibles para el futuro de la nación.

La tarde-noche del pasado uno de octubre fue una jornada tensa y que finalmente se dilucidó con el acuerdo mayoritario del máximo tribunal, dándole facultades al Ejecutivo para que lleve a cabo la deliberación, mediante la cual el pueblo decida si sienta en el banquillo a los ex mandatarios, que al igual que a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, bastará con imputarles el delito de “omisión” para enviarlos a la cárcel por tiempo indefinido.

Quienes rechazan esa medida sostienen que la justicia no es un circo romano, porque entonces cualquier persona puede ser procesada con sólo convocar al “pueblo noble y sabio” para que decida con el pulgar si es culpable o inocente.

Un antecedente demasiado peligroso para el verdadero sentido de imparcialidad que debe prevalecer en cualquier democracia, lo que empuja a situaciones similares de quienes viven en regímenes de un solo hombre, algo que se niega aquí pero que en los hechos va en ese sentido.

Lo registrado el jueves puede ser el declive de un procedimiento que ponga en peligro las libertades que aún se tienen en México, como de pensamiento, de tránsito, de reunión, opinión, alianzas y de todo aquello que define al individuo como un ser respetuoso con la ley y al mismo tiempo independiente ideológicamente.

JUECES SIN BIRRETE

Difícil para un lego entender que un grupo que carece de los conocimientos jurídicos elementales pueda determinar si la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia tiene aptitudes para continuar al frente del Poder Judicial del Estado (PJE).

Es de esos casos extraños que hay en el entramado legislativo, en donde habrá de decidirse si procede la reelección de Gabriela Espinoza Castorena, que en el tiempo que lleva en el cargo ha demostrado con creces conocimientos, experiencia y don de mando, además que es una de cuatro mujeres que están en este cargo en las 32 entidades federativas.

Para hacerse los importantes, las y los diputados armaron un Acuerdo para la Evaluación del Desempeño de la funcionaria, en el que piden información sobre asuntos, sentencias y procesos administrativos resueltos a partir del 24 de julio de 2018, fecha en que se hizo cargo del PJE, además de otros asuntos que tienen que ver con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y de la Fiscalía General del Estado, lo que una vez analizados “concienzudamente” determinarán si aprueban que Espinoza Castorena continúe por otro período.

Hace unas semanas se comentó en este espacio sobre la trayectoria profesional y académica de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, principalmente que es egresada de la UAA, tiene una maestría en ciencias jurídico-penales por la U. de Guanajuato y una maestría en derecho judicial penal por la U. Iberoamericana, además una especialización en justicia federal para adolescentes, por el Instituto de la Judicatura Federal; también un diplomado superior sobre argumentación jurídica y aplicación de los estándares internacionales de Derechos Humanos y Perspectivas de Género, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Gabriela Espinosa comenzó su trayectoria en el Poder Judicial del Estado en 1990 como secretaria de Acuerdos del Juzgado y Penal, ha sido juez quinto y sexto penal y de lo familiar, consejera de la Judicatura Especial; magistrada del Tribunal Local Electoral, magistrada numeraria del Supremo Tribunal de Justicia, miembro de la Sala Penal; magistrada especializada en Ejecución y Penas y Medios de Seguridad. También ha sido enlace para la implementación y seguimiento del programa de igualdad sobre mujeres y hombres de los 32 tribunales superiores de justicia.

En su labor académica ha estado como docente de la UAA y en el Instituto de Capacitación del PJE; ha participado en foros, congresos y organismos en Boston y San Diego, así como en Chile y Colombia; participa en la Alianza Estatal México-Estados Unidos Conferencia de Procuradurías Generales de Justicia de los Estados Occidentales y ha publicado textos sobre Derecho Familiar, Reglamentación del Derecho e Indemnización por Error Judicial y sobre Decisión Judicial.

Si es reelecta no le harán ningún favor puesto que su trayectoria profesional y académica son sus mejores cartas y en caso de que el Congreso decida no darle su voto de confianza será por otros motivos y no por los que lleguen a esgrimir.