Víctor Hugo Granados Zapata

Cada día estamos más cerca del regreso presencial a las escuelas y con ello el debate sobre el riesgo de contagio que habrá dentro de las aulas no deja de crecer. Salieron muchas opiniones de expertos en la materia, como si estuviesen escondidos durante más de un año y medio con el único propósito de sugerir que el riesgo de contagio en las escuelas es altísimo, sin proponer alguna medida para mejorar el panorama educativo; y otros que, por el contrario, apoyan sin cuestionar la decisión que tomó el presidente y la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, sin preguntarse cómo podrán garantizar la implementación del famoso “decálogo” presentado la semana pasada en la conferencia mañanera. Sin embargo, dentro de este debate lo único que podemos apreciar es el eterno conflicto político de siempre, dejando de lado las propuestas que desde hace más de medio año se han buscado implementar para mejorar el sistema educativo y tomando decisiones cuando la situación está en un momento crítico, ¿realmente nos interesa el derecho a la educación? ¿Es necesario politizar de esta manera el debate sobre el regreso presencial? ¿Dónde están las propuestas para mejorar el entorno educativo?

Lo anterior no lo digo en vano, tanto las autoridades federales como la sociedad en su conjunto han ignorado la crisis educativa, pensando que la educación en línea es un mecanismo eficaz para garantizar el derecho a la educación, lo cual más de un año y medio de escuela a distancia nos ha comprobado que es una total mentira. Aproximadamente 5.2 millones de estudiantes han dejado sus estudios, 1.8 millones lo hicieron a raíz de un problema relacionado con el COVID-19 y menos del 6% de los estudiantes de educación básica utilizan la televisión para tomar clase (INEGI Ecovid-Ed, 2021), es decir, la solución estrella del Gobierno Federal no tuvo éxito (el programa “Aprende en Casa”), la deserción escolar está aumentando día con día y lo único que nos queda es exigir un regreso presencial paulatino y seguro, pero ¿realmente lo están implementado?

Retomando la conferencia mañanera del 12 de agosto cuando se anunciaron las medidas que se llevarían a cabo para el regreso a los salones, el famoso decálogo, donde en pocas palabras están implementando exactamente el mismo programa que se buscaba aplicar para las comunidades de aprendizaje a inicios de este año (detección de síntomas en casa, medidas de sanitización en la entrada de la escuela y uso de cubrebocas), ¿todas las escuelas cuentan con recursos suficientes para garantizarlo? ¿Bajo qué parámetros se va a evaluar la efectividad del regreso? ¿De qué manera va a intervenir la secretaría de salud? ¿Habrá algún plan para combatir la deserción? Ninguna de estas preguntas se logró resolver porque parece que la maestra Gómez está más preocupada por quedar bien con el presidente que por garantizar el derecho a la educación de las y los millones de estudiantes mexicanos. Además, como si lo anterior no fuese lo suficientemente grave, la misma titular de la SEP propuso exigir una carta responsiva firmada por las familias para deslindar a las escuelas en caso de un posible contagio, en suma, ni hay presupuesto ni hay responsabilidad, y todo para que al final el presidente desconociera dicha carta y obligara a la SEP a desecharla. Nuestra segunda secretaria de Educación pasará a la historia como un personaje que tuvo la oportunidad de mejorar al sistema educativo a ser un peón más del presidente.

Por otra parte, quienes se hacen llamar críticos de “oposición” no han parado de advertir que el retorno a las aulas es una catástrofe y muy pocos han tenido el ligero interés de hablar sobre el terrible impacto que ha tenido la educación a distancia en la formación de millones de estudiantes (entre ellos Salomón Chertorivski de MC). ¿Realmente están a la altura del discurso? Una cosa es estar en contra de las políticas centrales de la actual administración (como yo siempre me he manifestado en este espacio), pero me molesta mucho que no dimensionan la gravedad de la crisis educativa que estamos enfrentando estos días y creen que posicionarse en contra del regreso presencial es una buena oportunidad para darle un golpe al Gobierno Federal. Difunden las cifras en aumento de contagios, pero jamás se quejaron de la reapertura económica sin control y creen que el regreso a las escuelas es un capricho de la cuarta transformación, cuando muchas personas (desde academia, opinión pública y asociaciones civiles) llevamos exigiendo que se diera el regreso presencial desde inicios de este año. Perdonen que los baje de su nube, pero en este momento se están jugando el futuro de generaciones enteras con tal de ganar más popularidad, lo cual es un acto miserable.

Ahora mismo deberíamos de proponer medidas para mitigar los riesgos de contagio en las escuelas, buscar evidencia sobre cómo otros países han logrado un regreso ordenado exitoso y, con base en las necesidades de cada estado, planear un regreso a las escuelas. No podemos contar con la SEP y mucho menos con la “oposición”, a ambos se les olvida que la educación es un derecho fundamental que se debe garantizar, ¿qué podemos hacer? Exigir más presupuesto al sector educativo (específicamente a infraestructura), acatar los protocolos sanitarios, evitar exponernos a situaciones de riesgo (sobre todo a las niñas y niños) y buscar información confiable sobre las medidas que podemos tomar para reducir la exposición. Recientemente, Kanecia Zimmerman y David Benjamin Jr, expertos en pediatría y enfermedades infecciosas de la Universidad de Duke, publicaron un artículo en el New York Times donde explican cómo el simple hecho de promover el uso de cubrebocas entre las y los alumnos tiene un nivel de efectividad casi tan alto como el de las vacunas para reducir los contagios entre estudiantes, basándose en estudios realizados en escuelas en Carolina del Norte. Debemos promover opciones y soluciones, no obstruir y mucho menos ser indiferente con el sector educativo. Por cada estudiante de nuestro país, respeten nuestro derecho a la educación.