Benito Jiménez 
Agencia Reforma

Veracruz, México: El Gobierno del Estado negó el derecho a votar a alrededor de 5 mil personas privadas de su libertad que no tienen sentencia, reveló este sábado el ex Secretario de Gobierno de la gestión yunista Rogelio Franco.

El ex funcionario fue encarcelado por el Gobierno de Cuitláhuac García por 29 meses y ahora cumple nueve meses más en arraigo domiciliario.

Fue acusado de diversos delitos, entre ellos, ultraje a la autoridad por presuntamente agredir a un policía, violencia familiar y hasta la «retención» de su hija menor.

«En penales federales ya votaron desde 2021, en penales estatales de otras entidades van a votar en este 2024, y nada más por una decisión política del Gobierno de Veracruz se negó el derecho a los internos de votar, argumentando que no hay condiciones para que voten 5 mil veracruzanos sin sentencia, el Gobierno firma el convenio con el INE para ejercer este derecho», dijo Franco a REFORMA.

«En mi caso ya no tengo prisión preventiva, estoy bajo la figura del resguardo domiciliario y acompañado por elementos de Seguridad Pública he hecho trámites en bancos, tramité mi credencial del INE, acudo a audiencias y desde el pasado 22 de mayo pedí al juez de control permiso para poder ir a mi casilla a votar, simplemente el juez dejó pasar los días y ese derecho constitucional se le quitó a todos los internos sin sentencia», reprochó el también ex dirigente estatal del PRD en Veracruz.

Franco fue detenido en marzo de 2021 y afirma que fue blanco del abuso del poder y del manejo parcial de la justicia.

«La Fiscalía arma y monta carpetas, el Poder Judicial está sometido a la Fiscalía del Estado, aquí te privan de la libertad con cualquier cosa, en mi caso me abrieron seis procesos penales por 11 delitos, por los que fui vinculado a proceso, se fueron anulando pero me los repetían, y en dos delitos se me impuso prisión preventiva justificada sin que los delitos lo ameritaran, así estuve 29 meses en prisión y ahora cumplo nueve meses en arraigo domiciliario», detalló.

«Ha sido un acoso del Gobierno de manera permanente, gracias a que existe el Poder Judicial de la Federación, en mi caso he promovido 51 amparos y todos me los han ido concediendo, precisamente para echar abajo los procesos, anulándolos, demostrando que son montados y que no hay elementos que constituyan el delito».

El político fue promovido por el PRD como diputado federal plurinominal en la actual Legislatura. Sin embargo, no le fue permitido acudir a rendir protesta como legislador.

Desde marzo, el INE advirtió de la negativa del Gobierno de Veracruz para garantizar el voto de personas en prisión sin sentencia.