Persiste el deseo social de medidas punitivas para la sanción de delitos mediante el encarcelamiento de los delincuentes, aunque esta medida no siempre es la más eficaz para la recuperación de la paz, advirtió el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García.
La idea de que el castigo a un delincuente sólo se logra con un juicio penal para que las personas reciban penas de privación de la libertad suele convertirse en un círculo vicioso que no favorece la reinserción social, argumentó.
Manifestó que resulta imposible conducir todos los asuntos penales a juicio, ejemplificando con el caso de una persona detenida por posesión de drogas, quien es condenada a prisión y, posteriormente, termina nuevamente encarcelada por distribución de drogas, cuando previamente se podría ofrecer una alternativa para evitar que vuelva a cometer delitos.
Existen muchas reservas sobre los mecanismos alternativos de justicia, aunque en la práctica se advierte que una persona que purga una condena por un delito, al salir de la cárcel, puede reincidir e incluso cometer delitos más graves, advirtió.
Subrayó la importancia de avanzar en esquemas penales que privilegien el restablecimiento de la paz, donde los juzgadores vayan más allá para proponer soluciones integrales en reparación del daño a las víctimas.
Rojas García indicó la necesidad de que haya mayor coordinación entre jueces, ministerios públicos y policías para avanzar en la implementación de estrategias de resarcimiento del daño a las víctimas del delito.
“No se trata de echarle la culpa a las demás instituciones, se trata de trabajar en conjunto y ofrecer el mejor resultado enfrentando los retos de la repetición de las conductas criminales cuando una persona es liberada”, enfatizó.
Consideró que de nada sirve realizar vinculaciones a proceso, juicios y obtener sentencias si finalmente no se restablece la paz cuando una persona que recibió una sentencia condenatoria no repara el daño a la víctima.