Al aseverar que la empresa Línea Express tiene el derecho de recurrir a los medios de defensa que convengan a sus intereses, como el OSFAGS, el Secretario General de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, consideró que no existe sustento legal que les conceda la razón, motivo por el cual el SIFIA continuará su proceder para recuperar los pagos por los créditos de los camiones.

Agregó que Línea Express quiere que el Organo Superior de Fiscalización (OSFAGS) resuelva, hasta con filtros constitucionales, y que revise si la reglamentación es correcta o si hay una mala interpretación legal por parte del Gobierno del Estado. Y estos temas no le competen al OSFAGS, aunque, desde ahora, se trabaja en los medios de defensa del Gobierno Estatal.

Flores Femat aseveró que los empresarios de Línea Express no han considerado que ellos nunca llegaron a ser concesionarios porque no cumplieron con los requisitos de la primera convocatoria y tampoco participaron en la segunda de éstas porque ellos decidieron no hacerlo y eso los coloca en una situación en que únicamente se les puede atender desde su estatus cuando fueron permisionarios y de la primera convocatoria.

El Gobierno del Estado, así pues, solicita a Línea Express que se sujeten a los procedimientos que ellos mismos han instaurado y, si deciden acudir ante el Poder Judicial de la Federación, están en su derecho. Lo acertado será dirimir los temas en los tribunales. Y lo mejor será buscar el diálogo con el Sistema de Financiamiento (SIFIA) para el pago de los créditos en moratoria; si no lo hacen, habrá juicios mercantiles.

Todas las acciones que ha tomado Línea Express parecen ser algo cíclico, dijo, porque primero demandó al Gobierno del Estado ante la Sala Administrativa del Poder Judicial. También hubo otra ante la Contraloría del estado, la cual no prosperó. Y ahora presentan otra ante el Órgano Superior de Fiscalización.

Esa empresa, de acuerdo con sus propias versiones, sigue dando los mismos argumentos que ha estado ventilando en la Sala Administrativa, donde los resultados fueron contrarios a sus intereses.

También pidieron la intervención del presidente de la República, quien decidió no atender esa petición, que implicaba tener injerencia en el Poder Judicial del Estado.

Finalmente, aclaró que el Gobierno del Estado no actuó por animadversión a los transportistas de Línea Express, ni tampoco por tintes políticos. Los medios de defensa que sigue esta autoridad van en función de los procedimientos que la empresa ha interpuesto.

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