No se construirá ningún desarrollo habitacional en zonas naturales protegidas de la capital, aseguró Julio César Medina Delgado, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, al negar categóricamente que existan proyectos para cambiar el uso del suelo en la comunidad «El Malacate».
En respuesta a los rumores y preocupaciones expresadas por los habitantes de ese sitio, quienes temían que un proyecto de cambio de uso de suelo pudiera afectar al ecosistema local, enfatizó que no se ha recibido ninguna queja formal al respecto.
Explicó el procedimiento habitual para la autorización de proyectos de desarrollo en zonas naturales: en primer lugar, se verifica si la zona en cuestión es considerada forestal. En caso afirmativo, es necesaria una autorización federal para modificar el uso del suelo. Si la zona no es forestal, el siguiente paso consiste en presentar una manifestación de impacto ambiental ante la autoridad estatal.
Durante este proceso, la autoridad estatal puede solicitar la opinión de la autoridad municipal, teniendo en cuenta el programa de ordenamiento ecológico en curso. Si la actividad propuesta no es compatible con las características de la zona, se emite una opinión negativa, lo que puede influir en la decisión final de la autoridad estatal.
Respecto a «El Malacate», Medina Delgado aseguró que no se ha recibido ninguna solicitud o proyecto formal para un desarrollo habitacional en la zona. Además, garantizó que no se autorizará ningún proyecto dentro del área natural protegida municipal de Cobos, que se encuentra cerca de esta comunidad.
En cuanto a la cantidad de proyectos relacionados con áreas naturales recibidos este año, Medina Delgado admitió uno o dos proyectos que fueron rechazados debido a su incompatibilidad con el programa de ordenamiento. Sin embargo, no especificó en qué zonas se encontraban.
Finalmente, reafirmó el compromiso de la dependencia que encabeza en la revisión y evaluación de proyectos para garantizar la sostenibilidad y protección del medio ambiente en la capital. En este sentido, subrayó que tienen la obligación de emitir opiniones en un plazo de 10 días una vez que les llegue un proyecto tramitado ante el Estado.
