Salvador Rodríguez López

En las últimas semanas se ha sobredimensionado el hecho de que la mayoría de los candidatos a cargos de elección popular no han presentado su declaración de 3de3 y tampoco informan si han ejercicio violencia de género, por lo que, a la luz de quienes impugnan, no son merecedores de confianza.

Lo que no se menciona es que los únicos sujetos obligados a cumplir con ambos mandatos son los funcionarios públicos, esto es, quienes hoy están en campaña deberán hacerlo si obtienen el triunfo, por ahora es sólo un deber moral, que si quisieran pueden aprovechar como estrategia de campaña al demostrar que todo su patrimonio es legal y puede ser conocido por los ciudadanos, el único pero es que si no obtienen la victoria quedan desguarnecidos ante la delincuencia, que sabría sacar provecho de quienes no tendrán fuero ni un apoyo que les asegure estar a salvo.

Organismos de transparencia y de anticorrupción, además de dirigentes de agrupaciones civiles, han exigido que la totalidad de los abanderados hagan pública toda la información que tenga que ver con sus propiedades e ingresos, como punto de arranque para confiar en los que hoy solicitan el voto, pero su petición ha caído en el vacío, lo que no significa que exista una violación a la ley, simplemente que prefieren esperar a que pase el 6 de junio para determinar quiénes estarán forzados a obedecer la legislación.

Es un asunto que no es privativo de Aguascalientes, sino que sucede en prácticamente toda la República, como lo detalla la organización Transparencia Mexicana, al citar que en una tercera parte de los estados no está disponible el tablado 3de3 y sólo en cinco se presentó la plataforma para transparencia, a través de la cual se busca saber si los aspirantes han aplicado violencia de género.

El análisis del mismo organismo permitió conocer que el 95% de los candidatos en el país no han presentado ni publicado información sobre su situación patrimonial, declaración de intereses y si están al día en el pago al fisco y tampoco lo relacionado con la violencia de género, además hay entidades en que los institutos electorales locales informan del número de candidatos que sí han atendido este reclamo social, pero no hacen pública la información, por lo que no es posible consultarla y determinar si se apega a la realidad.

Para impulsar que en el caso de Aguascalientes cumplan con ese deber, se afirma que hacerlo legitimaría la candidatura y atraería confianza y simpatía hacia el aspirante, el problema es que sólo unos cuantos han dado ese paso, por lo que, como se señala, seguramente será después de los comicios y ya se tenga la certeza de quienes, les guste o no, estarán obligados a hacerlo.

Para de alguna manera incitar a que lo hicieran, el pasado 29 de enero el consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó exigir a los candidatos que suscribieran un formato, bajo protesta de decir verdad, que no son deudores de pensión alimenticia, no ser acosadores sexuales y no ser agresores de mujeres en el medio familiar y político, además de la 3de3.

Aunque el IEE amenazó con negar el registro al candidato que no firmara ese escrito, para el 21 de abril sólo tres aspirantes para alcaldes, regidores y diputados locales habían firmado la iniciativa por la integridad 3de3. En cuanto a los nueve candidatos a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, hasta ayer sólo cuatro habían atendido esta petición: Norma Guel Saldívar, del PRI, que la tiene registrada en el Congreso de la Unión en su calidad de diputada federal con licencia; Luis Armando Reynoso Femat, de Fuerza por México; Gabriel Arellano, de MC y Leonardo Montañez, del PAN.

Aunque el IEE aprobó como una obligación que lo hicieran, mientras no exista una ley que así lo disponga todo quedará a criterio de los interesados en aparecer en las boletas, que por lo visto la mayoría no le espantó que les fueran a negar el registro, simplemente porque habría sido ilegal haberlo rechazado.

IGNORADOS

Candidatos y candidatas a los ayuntamientos, diputaciones federales y diputaciones locales han dedicado sus días de campaña en ofrecer que habrá respuestas contundentes a los múltiples asuntos que aquejan a la sociedad, sin embargo han olvidado o relegado a un segmento muy importante como es el de los ciudadanos de 18 a 29 años, que a siete días de que concluya el período no han definido qué piensan hacer a favor de ellos y ellas, por lo que no se dude que una parte se abstendrá de acudir a las urnas y otra lo harán para acompañar a la familia, pero sin un objetivo claro.

Entre los asuntos que los jóvenes demandan mayor atención está el apoyo a las empresas para que creen más empleos, resolver el problema de los feminicidios que ha crecido durante el presente año, determinar lo que piensan hacer para combatir y reducir el alcoholismo y el consumo de drogas y no sólo emplear la fuerza policíaca para perseguir, aprehender y consignar, haciéndolos aparecer como miembros de bandas delincuenciales. También exigen organizar equipos de diferentes disciplinas deportivas en cada colonia urbana y comunidad rural, e impulsar los programas de estudio educativos a nivel técnico y profesional. Renglón especial merece el de seguridad pública, donde el grado de criminalidad ha llegado a altísimos niveles en varias partes de la República, aunque el peligro es a todo lo largo y ancho de la geografía nacional y donde los jóvenes están expuestos a ser secuestrados o asesinados sin que las autoridades hagan un mayor esfuerzo por terminar con esta situación.

Aunque algunos abanderados han abordado varios de esos temas, lo hacen de manera casual, por lo que al no haber un plan definido todo queda en comentario al azar, cuando lo que urge son planteamientos serios y compromisos concretos.

A nivel nacional hay 25 millones 687 jóvenes entre los 18 y 29 años que en su mayoría no se sienten identificados con un partido y menos les interesa saber quiénes son los candidatos, aunque éstos sí deberían estar interesados en ellos, teniéndose en cuenta que representan el 30% de la lista nominal.

De cómo reaccionen de aquí al 3 de junio -último día de campaña– dependerá que los jóvenes acudan a votar, siempre que observen algún cambio, de lo contrario se mantendrán al margen del proceso que culmina el 6 de junio.

FUERA DEL RADAR

Los feminicidios que se han registrado en lo que va del año obliga a exigir mayor atención a los tres niveles de Gobierno, que hacen como que hacen pero sólo se hacen. El problema de fondo, estima la diputada local Elsa Amabel Landín, es que para las autoridades la mujer sólo existe como un referente social y para que pague impuestos, pese a que el 52% del padrón electoral lo integran ellas, por lo que por sí solas pueden definir el rumbo de una elección. Existe un altísimo índice de violencia hacia ellas, que va desde las agresiones que sufren en el hogar y en la vía pública hasta el asesinato por el simple hecho de ser mujer, de lo que hay dos casos últimamente de dos jovencitas que fueron privadas de la vida por sus propias parejas. Landín Olivares deploró que sólo en el discurso se hable del empoderamiento de la mujer, pero sin abrir espacios de participación y menos de una superación real, al grado que este año se redujo el presupuesto del Instituto de las Mujeres –del que la legisladora fuera titular-, asimismo se redujeron los centros de atención y prevención de la violencia y desde el año pasado el Gobierno Federal canceló el financiamiento para la operación de las guarderías, lo que perjudicó a miles de madres. En Aguascalientes hay muy pocos albergues para protección de familias violentadas, no obstante que la Constitución lo dispone. El problema de fondo es que la mujer no es prioridad para las autoridades, por lo que sus demandas y reclamos quedan en el olvido, sin que valgan las reiteradas demandas que se presentan ante distintas instancias, sostuvo Elsa Amabel Landín. Aunque hay algunos programas, éstos carecen de un horizonte que asegure resultados a mediano y largo plazo, particularmente en las colonias populares y comunidades rurales, que es en donde son más notorias las carencias.