No hay tregua contra la corrupción e impunidad

La administración que encabeza el gobernador Martín Orozco Sandoval dejará “la casa en orden” al final del sexenio, aseguró el contralor general del estado, Arnoldo Hernández Gómez Palomino, al señalar que el combate a la corrupción y la impunidad no da tregua y se mantendrá firme, “caiga quien caiga”.

Para tal efecto, explicó que la intervención de la Contraloría es activa y preventiva, además de correctiva, cuando se detectan infracciones; es decir, no se dejan las revisiones al final para determinar si hubo errores y daño patrimonial o no, sino que se da seguimiento a la ejecución de los recursos en tiempo real y se actúa en consecuencia.

En entrevista con El Heraldo, comentó que, en materia de seguimiento de infracciones administrativas, se han abierto 26 procedimientos que no tienen implicación de recurso alguno, sino que se relacionan con el proceso de la ejecución de obra pública, donde, además, salieron a relucir dos empresas que incumplieron con contratos, a las cuales se inhabilitó y sancionó económicamente.

Esto en el marco del seguimiento que se da al ejercicio anual para el rubro de obra pública, con un monto aproximado de mil 500 millones de pesos distribuidos en 800 proyectos de infraestructura, correspondientes a tres entidades: Obras Públicas, Inagua e Instituto de Infraestructura Física del Estado.

Respecto de la cuenta pública, refirió los buenos resultados obtenidos en los años 2019 y 2020, respecto de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y de la Función Pública.

En el caso de la ASF, mencionó que, para el ejercicio 2019, hay ahora observaciones pendientes de resolver por alrededor de 27 millones de pesos y, en el 2020, solamente observación de un millón 101 mil pesos con 42 centavos, que es la cifra más baja en casi trece años.

Lo anterior como resultado de la disciplina implementada con supervisores, que dan seguimiento desde el proceso de licitación, hasta la conclusión del gasto en materia de obra pública.

Se trata de un equipo de doce supervisores, con intervención activa, cuyo objetivo es que la Contraloría esté presente de inicio a fin, garantizando que se está aplicando bien el recurso, que se corrigen a tiempo las posibles irregularidades y que se evita al máximo la afectación patrimonial.

Reiteró que la instrucción del Ejecutivo es tener un cierre ordenado, transparente y preciso de la administración, así como acabar con la impunidad, factor que fomenta la corrupción.