La implementación de acceso público a la declaración “3 de 3” de quienes buscan ejercer un cargo público, es un derecho a la información que genera mayor poder a los ciudadanos y no puede condicionarse ante el hecho de que un candidato vea violados sus derechos a la protección de datos personales. Así lo subrayó Marcela Leticia López Serna, comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
López Serna señaló que debe conocerse a fondo a qué se dedican los aspirantes a un cargo de elección popular, considerando la obligación de transparentar cuáles son sus ingresos y bienes, si pagan impuestos y si están condicionados a ciertos intereses, enfatizó.
La comisionada del CPC agregó que el organismo ciudadano en el que participa cuenta con los antecedentes y justificación jurídica para que la protección de datos personales no sea una excusa en detener una iniciativa que obligue a candidatos a hacer públicas sus declaraciones. Esto implica que el comité dé seguimiento a los trabajos que realice el Congreso del Estado para que esta reforma resulte procedente, señaló.
Del mismo modo, consideró que no puede esperarse que de manera voluntaria se cumpla con este ofrecimiento, ya que mientras los partidos se beneficien de recursos públicos durante las campañas, al igual que sus candidatos, están ejerciendo dinero de la ciudadanía, que exige la mayor probidad en quienes lo utilizan.
Marcela Leticia López Serna enfatizó que la ciudadanía debe contar con la información “3 de 3” de los aspirantes como un proceso de acceso a información en un proceso electoral, que determine su decisión para elegir a una u otra persona como su representante en un cargo público. Agregó que los partidos están obligados a que sus candidatos y candidatas cumplan con este esquema de información ciudadana.
