Juan Manuel Frausto Aguayo
Agencia Reforma

Guadalajara, México.-José Luis González, de 63 años, empleado del Reclusorio Preventivo, sabía que por decreto él debía estar en casa por ser parte de la población en mayor riesgo de contraer el coronavirus.

El 21 de marzo, el Gobierno del Estado estableció que se podían dar ausencias laborales por riesgo a los mayores de 60 años, embarazadas o personas con padecimientos.

Aunque lo estuvo pidiendo, nunca le dieron ese permiso ni cubrebocas ni gel antibacterial. ¿La consecuencia? Falleció el sábado pasado.

Sus tres hijos, entre ellos una mujer a la que recientemente le practicaron una cesárea, su esposa y yerno también resultaron contagiados.

“Si mi marido hubiera estado en casa ya, sin ir a trabajar, si le hubieran dado su permiso, no estuviéramos pasando lo que estamos pasando ahorita, que él ya no está con nosotros.

“El Gobierno no ve eso, el Gobierno ve los beneficios para ellos, no para sus trabajadores”, lamentó quien pidió ser identificada sólo como “Señora de González”.

José Luis era preceptor en el área de psiquiatría del penal y se encargaba de dar seguimiento a todos los presos medicados. El complejo penitenciario acumula 81 casos de internos que contrajeron el virus y la mayoría es del Preventivo.

A él le tocó ver cómo la cantidad de afectados crecía, e incluso llevar al área médica a quienes presentaban los primeros síntomas, situación que lo estresaba y lo orillaba a recordarle a su jefa, identificada por la familia como Martha Tere de la Cueva, que él debía estar ya en casa, solicitud que nunca atendieron.

El 14 de abril, José Luis le dijo a su esposa que se sentía cansado y con dolores de espalda.

Para el lunes 20 de abril los malestares siguieron, acompañados de tos y fiebre, por lo que intentó recibir atención en el penal, pero se la negaron bajo el argumento de que estaban saturados con la cantidad de internos bajo tratamiento.

Una semana después, luego de dos días con temperatura de más de 38 grados, su esposa lo llevó a la Clínica 3 del Seguro Social, en donde se limitaron a decirle que tenía una infección en la garganta. Sólo le dieron paracetamol y un antibiótico.

Sin el apoyo del Seguro Social ni de la Dirección de Reinserción Social, que encabeza Antonio Pérez Juárez, la “Señora de González” decidió llamar al sistema Radar de la UdeG.

El 30 de abril le practicaron las pruebas, fue internado el sábado 2 de mayo en la Clínica 3, y de ahí lo llevaron a la 110; tanto ahí como en el sistema Radar les confirmaron el lunes 4 de mayo que tenía Covid-19. Ya era tarde. El sábado 16 de mayo murió y ese mismo día lo incineraron sin un funeral.

La “Señora de González” lamenta que el Gobierno del Estado no proteja a sus trabajadores ni informe oficialmente sobre sus muertes.

“¿Por qué no lo dicen? No están viendo la realidad de lo que estamos pasando, con el personal de ahí de ellos (de penales).

“Están en riesgo todavía porque no están tomando las medidas adecuadas y necesarias para proteger a su personal”, acusó la viuda.