Aline Corpus Agencia Reforma
CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- La muerte de 39 migrantes en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, no es un hecho aislado, sino un patrón de impunidad, advirtieron hoy representantes de cinco organizaciones de defensa de derechos humanos de migrantes, quienes interpusieron una denuncia y una queja ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respectivamente.
En una conferencia conjunta este viernes, solicitaron investigar a todos los autores materiales e intelectuales de esta tragedia, la separación del cargo a Francisco Garduño, titular del INM, y a quienes ejercían funciones en el mismo organismo en Ciudad Juárez, refirieron.
Las asociaciones Fundación para la Justicia, Asylum Access, Instituto para las Mujeres en la Migración (Inumi), Uno de Siete Migrando y Derechos Humanos Integrales en Acción, anunciaron que además enviaron al Estado Mexicano un listado de 39 recomendaciones y medidas para la investigación en curso sobre los hechos.
Ana Lorena Delgadillo, Directora de la Fundación, señaló que entre las principales peticiones, urgen garantizar una investigación efectiva y transparente, en la cual los exámenes forenses e identificación de los restos, así como la determinación de la causa y modo de muerte, sea realizada por peritos independientes.
«Tenemos que decirlo, no confiamos en los peritos del Estado, en el 2013 se instauró una comisión forense formada por el equipo argentino y por peritos de la FGR que trabajan en la identificación de tres masacres, creemos que este es el equipo que tiene las mayores capacidades», apuntó.
«Ya acompañamos nosotros otras masacres de migrantes, como el caso de los 72 migrantes muertos y las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas; 49 en Cadereyta, Nuevo León; 5 muertos en Tabasco, 16 muertos en Güemez, Tamaulipas, entre otros; nos hemos dado cuenta de las peores prácticas que se han llevado a cabo en estos casos y no queremos que se repita», mencionó.
En diversas ocasiones, los representantes de las organizaciones negaron que se trate de un hecho aislado, sino que la tragedia para los migrantes latinoamericanos es el resultado de la corrupción, impunidad y políticas migratorias que atentan contra los derechos humanos, como lo han advertido en diversas ocasiones mediante informes y análisis.
«En la denuncia especificamos que se debe empezar con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Gobernación (Segob) y el INM, mencionamos a los titulares de estas tres instancias dentro de la denuncia, (porque) todos en la cadena de mando son responsables, hay un patrón, no es un incidente aislado, hay un vacío de poder en esta administración», lamentó.
También se pidió la mayor protección médica y psicológica a los lesionados, que tanto ellos como familiares que deseen viajar a México, tengan visa humanitaria y que se garantice el apoyo financiero y de hospedaje de familiares, además que se les ingrese en el registro nacional de víctimas.
«Nos parecía importante que por parte de las asociaciones de la sociedad civil quedara marcado el estándar que esperamos de una investigación efectiva y eficiente, obviamente con respeto a los derechos humanos y debido proceso a las personas imputadas, pero es importante que supieran qué estamos esperando», recalcó Delgadillo.
No presionar a los familiares para que reciban los restos de las víctimas, mencionó la activista.
Por su parte, Gretchen Kuhner, del Inumi, señaló que «es preocupante» la investigación porque por ahora sólo se concentra en los agentes migratorios, guardias privados y un migrante, por lo que se debe abarcar todo el contexto con todos los responsables de la política migratoria en el País.
