En Aguascalientes existen más de 6 mil deudores alimenticios, informó Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género.
A pesar de este número, no existe una forma de exigir a los deudores que paguen las pensiones; Violeta comentó que aún existe mucha impunidad para los padres que nunca se han hecho cargo de las necesidades económicas de sus hijos, “incluso con la amenaza de cárcel pueden estar ahí los meses que les correspondan, sin realizar el pago o sin tener bienes que le puedan embargar”, explicó.
Recordó que con la Ley 3de3 Contra la Violencia se buscaba al menos que las personas que buscaban cargos de poder no pudieran acceder a estas representaciones.
El OVSG ha acompañado procesos en los que las mujeres son violentadas por agresores que tienen un cargo político, son famosos o conocidos en círculos de poder y eso genera en ellas miedo, incertidumbre e inseguridad al momento de denunciarlos.
“Saben que su proceso no va a avanzar, que va a estar estancado, que no va a continuar y esta ley lo que hacía era evidenciar que estas personas tenían una situación pendiente y se les prohibía la posibilidad de acceder al poder”, dijo la activista.
La coordinadora del OVSG lamentó que esta legislación se haya echado para atrás en Yucatán, pues representaba una esperanza para todo el país, debido a que las denunciantes podían sentirse cobijadas al momento de hacer público el adeudo de sus agresores.
“Al cancelar esta ley las víctimas se quedan peor, manda un mensaje de impunidad hacia la sociedad, un mensaje de respaldo hacia los agresores y un mensaje de desolación hacia las víctimas de que no hay nadie que las proteja”, concluyó.