En el contexto de las discusiones presupuestarias durante el actual período electoral, miembros del Congreso del Estado han manifestado su opinión respecto al manejo de los fondos destinados a gasto social. Estas opiniones surgen en medio de controversias sobre presuntos adelantos financieros y la asignación de recursos a los diputados con licencia.

Adán Valdivia López, presidente del Comité de Administración, destacó que cada diputado gestiona su presupuesto de manera individual, enfatizando que la administración se limita al presupuesto anual y no interfiere en las decisiones de cada legislador.

Especificó que el salario de los diputados se ajusta a los días efectivamente trabajados y que los fondos para gestión social se asignan anualmente, ascendiendo a aproximadamente un millón de pesos por diputado. La Contraloría supervisa estos recursos para prevenir su uso indebido, especialmente en actividades de campaña.

Por su parte, Emmanuel Sánchez Nájera comentó sobre la suspensión de la entrega de recursos de gestión durante los tres meses de campaña electoral, medida adoptada por los propios diputados para evitar violaciones a la ley electoral.

Afirmó que esta medida tiene como fin promover la transparencia y prevenir el uso indebido de fondos en favor de las campañas electorales. Además, enfatizó en la importancia de mantener al personal del Congreso, evitando despidos innecesarios ante el ingreso de los diputados suplentes.

El diputado Raúl Silva Perezchica, presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró que las decisiones sobre anticipos y gestión de recursos recaen en el Comité de Administración y no en la Junta de Coordinación Política, la cual él preside. Indicó que, aunque la junta está informada sobre estas decisiones y los acuerdos tomados, no posee autoridad directa sobre ellos.

Este debate revela la complejidad del manejo financiero en el Congreso, especialmente en un entorno electoral donde la transparencia y la adecuada utilización de los recursos son cruciales. Las medidas implementadas buscan garantizar un uso apropiado de los fondos, evitando cualquier indicio de malversación o influencia inapropiada en el proceso electoral.