En el olimpo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los magistrados deben estar regocijándose por la diablura que acaban de hacer, al fijar un tope máximo a las pensiones que obtengan los burócratas federales, ya que sabían las reacciones que produciría un acuerdo de esta naturaleza.

Es una acción que no les alcanza a los propios ministros, que son los pensionados mejor pagados del país y que además gozan de los mismos privilegios de quienes están en activo, por lo que se encuentran más allá del bien y del mal, lo cual debería de ser una razón más que suficiente para actuar solidariamente con otros segmentos laborales.

Es un asunto que tenía varios años sobre la mesa y que se pretendió aplicar en el sexenio pasado, pero la oposición férrea de los sindicatos lograron echar abajo esa pretensión, sin embargo tan no fue eliminada que hoy se retoma, pero ya no como una posibilidad sino como un hecho consumado.

La Segunda Sala de la SCJN fijó un tope máximo a la pensión que confiere el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en diez Unidades de Medida y Actualización (UMAs), cuando históricamente había sido de acuerdo a los salarios mínimos, por lo que ahora recibirán menos y que en algunos casos la baja será de 2,000 pesos o más.

La actitud asumida por la Corte fue rechazada de manera categórica por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que es el más numeroso del país y uno de los más importantes en América Latina. A nivel estatal, el dirigente de la Sección Uno, Ramón García Alvizo, dijo que se defenderá con todas las herramientas legales este derecho, por lo que adelantó que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir respeto a las disposiciones del décimo transitorio de la reforma del ISSSTE en 2007 y hacer que se conserve el concepto de salarios mínimos para el cálculo de las pensiones y jubilaciones.

De igual manera, el dirigente habló de las negociaciones con los diversos órganos de los poderes Ejecutivo y Legislativo para promover la reforma de pensiones y la cual ya se entregó a la Presidencia de la República, en que no se incluya la UMA como parámetro para el pago de pensiones.

De la misma forma el SNTE demanda que se establezca claramente la indexación del aumento que se otorgue a los salarios mínimos a las pensiones de los ex empleados federales, con lo que se evitará el deterioro del poder adquisitivo.

Ante el principio que los derechos obreros son inviolables y tienen que ser apoyados y fortalecidos se recurrirán a los Tres Poderes de la Unión y a todas las instancias nacionales e internacionales, haciendo valer lo que en justicia corresponda.

Por su parte, la representación local de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) mostró su repudio al acuerdo de la Corte, por lo que tiene en marcha un análisis de las acciones que llevará a cabo en defensa de las prestaciones establecidas. El dirigente Normando López Meixueiro dijo que el líder nacional Joel Ayala Almeida, pidió estar preparados para emprender las tareas que sean necesarias y en las que todos los agremiados deben cerrar filas ya que está de por medio un derecho que ni siquiera tenía que estar en la mesa de las discusiones.

Normando López sostuvo que Joel Ayala ha sido muy claro al citar que “a nadie le pidieron el consentimiento ni la opinión”, por lo que la lucha apenas comienza, misma que durará el tiempo que se tarde en echar abajo el acuerdo, porque no sería la primera vez que estén en esta situación, pidiéndoles a las 32 representaciones en el país que estén atentos a lo que está por venir.

De no haber un cambio afectaría a cerca de 1,400 trabajadores locales que están en vías de pensionarse (sin contar a los maestros), por lo que tal vez la mayoría opte por cancelar el proceso prejubilatorio, lo que originaría “que se mueran trabajando porque ya no tendrán los medios suficientes para poder subsistir al recibir pensiones raquíticas”, advirtió el jefe gremial.

POSICIONES OPUESTAS

El presidente de la República reitera una y otra vez que la economía de México “va bien”, porque pese al retroceso del que hablan todas las calificadoras, hay “parámetros” positivos como el empleo, la entrega de dinero que hace el gobierno a grupos sociales desfavorecidos y un incremento en las remesas que envían mexicanos que trabajan en el extranjero.

Lo anterior no lo comparte el Colegio de Economistas de Aguascalientes, que en voz de su presidente José Gil Gordillo establece que está el riesgo que la recuperación económica tarde y esto perjudique al Estado, en caso de volver los paros en la industria automotriz.

Dijo que actualmente el ensamblado de vehículos es perjudicado por el desabasto de semiconductores, a lo que se agrega la falta de gas natural que hizo crisis hace unos días, por lo que de no corregirse totalmente existe el peligro que en cualquier momento se produzca una suspensión general que en primera instancia impactaría en más de 40,000 empleos directos más los indirectos.

Frente a la crisis de los energéticos el gobierno federal debe tener la reserva necesaria para hacerle frente a cualquier eventualidad, porque no de hacerlo sería más difícil para las empresas encarar otro paro, con todo lo que esto representa en el renglón de producción.

Es necesario actuar ahora y no cuando el problema esté encima, toda vez que de no hacerlo el país estará expuesto a sufrir males mayores y lo peor es que hará más difícil la recuperación, que se había considerado que sería este año. Cuestionó “¿quién se va a arriesgar en contratar más personas en la industria con este escenario?”.

Gil Gordillo recapituló que en 2019 el país enfrentó el desabasto de la gasolina, el año pasado el de la pandemia y en el presente sigue latente el mismo asunto de salud y a lo que se agrega la falta de gas natural y los apagones, por lo que hace más difícil que la industria se recupere totalmente.

Ante este contexto es necesario que la autoridad federal tome en cuenta esas situaciones, principalmente del tema energético, para hacer una evaluación que no sea política sino técnica, aunque “se ve difícil que lo haga y más ahora en que está el tema de la reforma eléctrica, que tampoco es tan favorable, entonces parece que no vamos por el camino correcto en el tema energético y ojalá que se corrijan de buena manera las decisiones”.

Está claro que el especialista no cree en el compromiso presidencial, de que México crecerá 4 y 5%, porque “ya se está reavivando de nuevo la economía”, sostiene, y esto se debe “al éxito de adelantar los programas de apoyo social”, con la entrega en el mes de marzo del equivalente a dos bimestres a personas mayores, jóvenes “construyendo el futuro” (ninis), becas Benito Juárez, personas con discapacidad, y de bienestar para niñas y jóvenes, además la recepción de remesas que se reciben de los mexicanos fuera del país.

DIVAGACIÓN

Al mismo tiempo que crece el número de puentes viales y desvíos vehiculares, como una forma de darle mayor fluidez al paso de los automotores, también aumentan los espacios exclusivos para ciclistas, lo que necesariamente elimina una parte o todo un carril en varias calles, con lo que se obliga a los automovilistas a conducir a mayor velocidad cuando entran a una zona donde no existen restricciones, pero esto propicia que sean motivo de multas, que se dice, es para evitar los accidentes, sin embargo éstos no se han reducido y así lo demuestran las muertes y heridos que hay casi todos los días, principalmente los fines de semana, lo que lleva a considerar que más que contener el ansia de utilizar las avenidas como pista de carreras tiene fines recaudatorios.

SUCEDIÓ EN EL INE

Hay quien asegura que fue un hecho real lo que se comenta, de que un individuo se presentó en una de las sedes del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar su credencial de elector, por lo que la empleada se dispuso a tomarle la fotografía pero cuando se quitó el cubrebocas le dijo que mejor se lo pusiera, porque así saldría mejor.