El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fijó ayer su posicionamiento sobre la determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la cual se fijó un tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en diez Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Ramón García Alvizo, dirigente de la Sección Uno, informó que el SNTE defenderá a sus agremiados -activos y jubilados-, iniciando de inmediato un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar respeto a las disposiciones originales del Décimo Transitorio de la reforma del ISSSTE de 2007, y lograr que prevalezca el concepto de salarios mínimos para la determinación de los límites de la pensión por jubilación.
Igualmente, dijo, se fortalecerá el diálogo y las negociaciones con diversos órganos de los poderes Ejecutivo y Legislativo para seguir impulsando la reforma de pensiones que ya se le presentó al Gobierno de la República, con el propósito de lograr modificaciones que precisen la equívoca interpretación de la reforma que instituyó la UMA como parámetro del pago, que no incluye a las pensiones.
También se buscará se restablezcan la indexación del monto de las pensiones a los incrementos del Salario Mínimo y promuevan cambios al régimen de pensiones que fortalezcan la viabilidad del ISSSTE como institución del Estado y garanticen los derechos y el bienestar de los trabajadores al servicio del Estado.
“El SNTE tiene claro que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado políticas para el bienestar del pueblo de México y se ha pronunciado a favor de los trabajadores, por ello, en un acto de justicia, las pensiones deben pagarse conforme al Salario Mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización”, sostuvo.
Reiteró que el SNTE defenderá los derechos de todos sus afiliados ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en instancias internacionales. Emprenderá una estrategia legítima y viable, de carácter colectivo, ejerciendo la representación del conjunto de trabajadores y jubilados.
También se rechaza el oportunismo de distintos despachos jurídicos y grupos de abogados privados, quienes pretenden manipular a agremiados de la organización magisterial para iniciar procesos individuales ante una resolución de la SCJN, a sabiendas de que dicha resolución es inatacable.