Ni un peso más a los magistrados electorales, determinó ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al declarar la improcedencia del juicio electoral promovido por Salvador Hernández, Jorge Díaz de León y Claudia Díaz de León para impugnar el presupuesto aprobado para el Tribunal Electoral del Estado por 5.5 millones de pesos.
En sesión ordinaria de la Sala Superior, se aprobó por unanimidad la sentencia que declaró infundados los agravios expuestos por los promoventes y presentados como atentados a la independencia y autonomía del órgano electoral en la entidad, si bien se acotó en debate que pasó más de medio año, un exhorto de esa misma sala y un incidente jurisdiccional desde la protesta de sus integrantes, hasta su instalación, a falta de apoyo.
La sentencia correspondiente al Juicio Electoral 64/2017 expió al Congreso local por no haber previsto una partida de recursos para el Tribunal Electoral del Estado, ya que éste no se había instalado cuando se diseñó el Presupuesto de Egresos de la entidad para 2017.
Además, consideró infundado el agravio llevado a la mesa de la justicia federal electoral en el sentido de que el Congreso no tomó en cuenta la propuesta de los integrantes del TLE para asignar una partida; y es que dijeron los magistrados que en la reunión en que abordaron el tema ambas partes sí fue tomada en cuenta, pero nada los obligaba a aplicarla.
Injustificado también fue considerado el agravio que hablaba del atentado contra la independencia del TEE al determinar salarios diferentes a los magistrados electorales, respecto de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, toda vez que “son diferentes funciones y nada obliga a equipararlos, salvo que el Congreso lo determine así”.
En ese contexto, el magistrado José Luis Vargas Valdés, quien se sumó a la votación a favor de la improcedencia de lo planteado, recordó sin embargo que el caso era particular y de ello la Sala Superior había dado cuenta el pasado 2 de junio, cuando emitió un exhorto a los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales para que a la brevedad dotaran de elementos necesarios para que el TEE se instalara, además de un incidente posterior porque pasaba el tiempo y todo seguía igual, lo que se vio como una fisión del Congreso.
El propio magistrado Valdés subrayó que los 5.5 millones aprobados en octubre por los legisladores locales para el TEE quizá no cubran las necesidades actuales, pero tal vez sea lo que dispone el Estado por insuficiencia en arcas públicas.
Sin embargo, consideró que hay oportunidad para su continuar con la instalación y hacer una propuesta para 2018 que les permita cubrir todas sus necesidades, pero de momento no hay atentado a la autonomía ni a la independencia del órgano jurisdiccional.