Salvador Rodríguez López

Si ya fueron vencidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es preferible que los alcaldes o alcaldesas dejen las cosas como están y ya no sigan cobrando el inconstitucional derecho de alumbrado público, porque podrían perder más de lo que se imaginan.

Como es del conocimiento de los lectores, por enésima vez la Corte ordenó que dejen de aplicar ese impuesto y a lo cual se niegan, para ello mediante argucias legales pretenden rescatarlo bajo el argumento que es un recurso que tienen destinado.

Es un asunto que se esclareció en muy mal momento para los ayuntamientos, porque la proximidad del año electoral es el tiempo propicio para mover las aguas y en lo cual son expertos los partidos políticos. De entrada hay voces que mencionan que recurrirán ante el máximo tribunal del país para exigir la devolución del dinero que aseguran se cobró indebidamente, porque había un fallo que hasta la fecha no se respeta.

No son centavos ni tostones sino millones de pesos los que por ese motivo ingresaron a las arcas municipales y si los demandantes logran que los devuelvan abrirán un enorme boquete, del que difícilmente podrán recuperarse y menos ahora que van de salida.

Los presidentes de San Francisco de los Romo y Rincón de Romos, Juan José Lozoya Ponce y Jesús Prieto Díaz, respectivamente, señalaron que buscarán la manera que les permitan seguir recogiendo el citado gravamen, para ello recurrirán al amparo demostrando que es necesario el porcentaje que reciben de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que aplica el cobro municipal en el recibo de consumo de energía.

Aseguran que esos recursos los destinan para obras de conservación del alumbrado en las colonias urbanas y comunidades rurales y en la adquisición y mantenimiento de los vehículos que requieren en esas labores, es un dinero que “saca de apuros”, sostuvo el titular de Rincón, en tanto el de San Francisco defiende la medida porque es un municipio que tiene parques industriales que exige mayor atención, además hay empresas que históricamente se han negado a pagar dicho servicio al recurrir al amparo, pero otras sí aceptan contribuir y es con lo que salen adelante.

“Tenemos que ver cómo podemos salvar ese tema, y es que no venían establecidos de qué manera o con qué periodicidad se iba a estar cobrando, pero vamos a analizarlo”, apuntó Juan José Lozoya, al resaltar que durante muchos años se aplicó el DAP (Derecho de Alumbrado Público), por lo que se promovió ante el Congreso del Estado que en lugar del DAP fuera Servicio de Alumbrado Público (SAP) y lo cual fue aprobado en la Ley de Ingresos, que significa un ingreso anual entre 7 y 9 millones de pesos para las finanzas de Rincón.

El problema que enfrentan los alcaldes es por el fallo de la Corte que ya no deben cobrar dicho servicio, sin importar si es DAP, SAP o cualquier otra denominación que le den y si continúan haciéndolo estarían incurriendo en desacato, lo que puede traerles consecuencias legales.

Lo anterior es aparte de los vaivenes político-electorales que se vivirán en 2021, con partidos y candidatos dispuestos a sacar provecho de una situación nada cómoda para los actuales titulares de los ayuntamientos, que deberán responder ante el máximo tribunal las razones que tienen para desobedecer la sentencia y que al menos en el discurso serán exigidos para que regresen a los ciudadanos lo que cobraron por ese concepto.

UNA BUENA

De la mayor importancia para la salud de niños, niñas y adolescentes es que previamente a que sean inscritos en las escuelas presenten la Cartilla de Vacunación, con lo que se pueda comprobar  que han cumplido todos los pasos y en caso de que falte uno los profesores se encargarán de enviarlos a la institución de salud correspondiente para que los atiendan.

Por una cuestión inveterada hay padres de familia que se niegan a que sus hijos sean vacunados, lo que no sólo los expone a sufrir alguna enfermedad sino que se conviertan en propagadores de un virus entre sus compañeros. Aducen una serie de tretas para mantenerlos alejados de los lugares de vacunación. Son miedos y prejuicios los que motiva esa negativa, que por regla general aseguran que las vacunas no son positivas, aun cuando está plenamente demostrado que es la única vía para salvarles de contraer enfermedades que se consideran eliminadas, como la poliomielitis y el sarampión o la viruela, por citar algunas.

Desde hace varias décadas las vacunas son gratuitas y obligatorias y para consolidar la obligatoriedad de los padres de familia, la Cámara de Senadores aprobó el martes pasado modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley General de Salud y la Ley General de Educación. La propuesta que aprobó el pleno fue de la senadora Josefina Vázquez Mota, quien mencionó que la reforma establece que los padres, madres y tutores tendrán la obligación de garantizar que menores de edad complementen su esquema de vacunación.

En caso de no cumplir con este deber las procuradurías de protección harán uso de las atribuciones que le confiere la ley para establecer acciones encaminadas a hacer efectiva la vacunación. El dictamen señala que en los procesos de reinscripción, los planteles escolares deberán solicitar la Cartilla Nacional de Vacunación, para comprobar que las mismas estén completas, y en caso de que estén incompletas, o que los menores no cuenten con Cartilla, la autoridad escolar deberá canalizar al menor a la institución de salud adecuada para que le sea expedido o bien que el esquema sea completado.

En caso de que exista una negativa deliberada o sin justificación médica por parte de los padres, madres o tutores, se recurrirá a la intervención de la procuraduría de protección y lograr que se atienda este derecho que tiene el menor de un crecimiento sano.

En México se ha logrado erradicar diversas enfermedades gracias a las campañas de vacunación, principalmente tétanos, difteria, tosferina, poliomielitis, sarampión, rubéola, parotiditis  (paperas), varicela y papiloma humano, entre otras, padecimientos que en otros tiempos eran comunes y que hoy, gracias a las vacunaciones sistemáticas entre niños y adolescentes, se han logrado suprimir, aunque todavía hay algunas que aparecen y se debe a que los padres se negaron en su momento a que los vacunaran.

Ahora, en que está en marcha la vacunación contra la influenza para todas las personas, es necesario acercarse a los lugares para que reciban el inmunizante que les evitará daños que incluso puede llevarlos a la muerte.

CONGRESO LERDO

En donde deberán de ser exigentes para que se cumpla la ley prefieren evadir su responsabilidad, o alargan la intervención, en cambio cuando se trata de figurar ahí están presurosos, esos son las y los diputados locales, que con muy contadas excepciones están muy lejos de cumplir con su función de “representantes populares”. La mejor demostración de esta pusilanimidad se acaba de dar con la devolución del dinero a quienes adquirieron boletos para los espectáculos del palenque de la fallida Feria de San Marcos 2020. Han pasado cinco meses y el Patronato de la Feria sigue “jineteando” ese recurso y ahora sale el Congreso con que tiene 30 días para reintegrar esa suma, cuando el plazo debería de haber sido de 24 horas o menos y que además la restitución vaya acompañada de los intereses que devengó durante este tiempo. Si quisieran trabajar (¿?) a favor de los intereses colectivos deberían exigir una auditoría al Patronato para determinar las razones de que se tarde tanto en reembolsar un recurso que debió entregar en cuanto se difirieron las fechas, ya que lo que vendría después como fue el aplazamiento y luego la cancelación de los festejos es otra cosa. Los boletos o billetes tenían una fecha fija y si no se pudo llevar a cabo por las causas que fuere el comprador tenía derecho de recobrar su dinero a los pocos días, lo que no se ha hecho sin una razón valedera. Por cierto ¿porqué el silencio de la Procuraduría Federal de Consumidor?