Daniel Santiago Cruz
Agencia Reforma

Monterrey, México.-Aunque la Iglesia católica reconoce los problemas que las mujeres enfrentan al ser penalizadas por aborto, también les preocupa el bebé y su estatuto jurídico, dijo hoy el Arzobispo regiomontano Rogelio Cabrera López en su mensaje a la comunidad.

Ante ello, señaló, ni la cárcel ni la muerte son la solución.

“Nos encontramos con la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto que es inconstitucional la tipificación como delito del aborto auto procurado o consentido y la invalidez de la sanción establecida para el personal sanitario que asistiera a un aborto voluntario y la penalización del aborto después de las doce semanas de gestación en los casos de violación, inseminación artificial o implantación indebida.

“Como pastores de la Iglesia Católica, los Obispos de México reconocemos la complejidad del problema que enfrentan las mujeres que experimentan estas situaciones y realmente nos preocupan ellas y todo lo que tienen que vivir, pero también nos preocupa el bebé y su estatuto jurídico”.

El Arzobispo de Monterrey llamó al diálogo.

“Creemos que es necesario involucrarnos todos e invitar a una profunda y serena reflexión con todos los actores sociales para seguir buscando los caminos más prudentes y benéficos hacia el bien de todos.

“Creemos firmemente que ni la cárcel ni la muerte son la solución. Y levantamos la voz para proclamar que el camino es la vida. Vida para la mujer. Vida para el concebido. Vida para todos en libertad, justicia y amor en cada momento de nuestras vidas”.

Cabrera López hizo un llamado a desarrollar políticas públicas de protección.

“Que los congresos locales y federal regulen esta decisión de la Suprema Corte para que nadie vaya más allá de lo que han determinado. Que los gobernantes, en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, desarrollen políticas públicas que protejan tanto a la mamá como al hijo en su vientre”.

La Corte declaró este martes que es inconstitucional penalizar el aborto voluntario, pues se viola el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.