Dispuesta a ir en la vanguardia del impulso nacional, la Alianza Bajío – que integran Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí – abrirá oficinas en cinco de las principales potencias económicas del mundo.

Ante el cierre de Pro México, determinado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue un organismo fundamental para promocionar inversiones de las empresas mexicanas en el exterior y al mismo tiempo atraer capitales, generó un descontento en el sector privado ya que se cerraba la oportunidad de tener presencia en los diferentes mercados, al mismo tiempo había un retroceso en las actividades que llevaban a cabo los gobiernos estatales en sus propias agendas de difusión internacional.

En lugar de esperar “mejores tiempos”, se creó la Alianza Bajío con miras a tener presencia, lo que permitirá que a partir de enero próximo establezca oficinas en Canadá, Japón, China, Estados Unidos y Alemania, anunció el secretario de Desarrollo Económico (Sedec) de Aguascalientes, Ricardo Martínez Castañeda.

Al mismo tiempo se creará un fideicomiso para darle seguridad jurídica, en el que participen los respectivos gobernadores, cámaras empresariales y académicos y se pueda fortalecer las estrategias que se pondrán en marcha.

El funcionario explicó que el propósito es sumamente ambicioso, porque además de los asuntos económicos habrá acciones sobre seguridad, sustentabilidad y educación, para ello “tenemos 129 ideas de largo plazo, las más importantes por ahora son económicas pero que pronto permitirá el diseño de políticas públicas”.

Martínez Castañeda destacó que los estados que integran la Alianza Bajío tienen en común varios aspectos, en primer lugar ser parte de la misma región y que realizan dinamismos análogos y complementarios, como los agronegocios, la manufactura automotriz y la industria aeroespacial.

Con la apertura de oficinas en esos países servirá para atraer inversiones y que los empresarios regionales promuevan y exporten sus productos, por lo que las administraciones estatales están empeñadas en generar las condiciones necesarias para que sea una operación de ganar-ganar, ya que entre mayor sea el comercio de productos mexicanos en el extranjero crecerán los negocios y por ende habrá mayor número de empleos, lo que también será posible con la participación de capitales extranjeros.

De lo descrito, es importante destacar que se hizo a un lado colores o intereses políticos (tres estados tienen gobierno panista y los otros dos, uno es priista y otro emecista), para ir juntos hacia un mismo objetivo y así lograr que funcione la prosperidad en esta zona, lo que deja constancia que cuando se trabaja por un bien supremo es posible alcanzar los fines buscados.

UTOPÍA LEGISLATIVA

Si esto fuera una competencia ya tendría el primer lugar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el segundo la Cámara de Diputados y el tercero el Congreso de Aguascalientes, proclives a utilizar las cuentas públicas como buscapiés.

Se ha hecho una especie de deporte nacional el airear información sobre el uso y destino de los recursos gubernamentales, dejando entrever que quienes los tuvieron a su cuidado no le dieron el destino que correspondía, por lo que ante el pueblo se convierten en unos bribones, que se aprovecharon de su cargo para engordar el cochinito, sin embargo después de un tiempo se demuestra que no hubo tal desfalco, pero para entonces resulta imposible resarcir la honorabilidad del o los perjudicados.

Lo anterior viene a comentario por lo que se mencionó el pasado 28 de noviembre durante la sesión del Congreso local, en la que se aprobaron las cuentas públicas 2018 del gobierno del estado, de los once municipios y los entes autónomos, pese a que casi todas presentaban irregularidades (información no solventada) por un monto global de casi 500 millones de pesos.

La muy vetusta costumbre del parlamento estatal, de primero aprobar y después exigir una explicación – cuando tendría que ser al contrario -, deja un cúmulo de dudas, ya que resulta irracional certificar lo que está plagado de dudas.

El que tiene que dar mayores explicaciones es el Ayuntamiento de Aguascalientes, al que le atribuyen 404 millones 847 mil 274.36 pesos sin resolver, y de los otros municipios sobresalen Jesús María con 9.5 millones, Asientos 8.5 mdp,  San José de Gracia con poco más de 8 mdp; Rincón de Romos,  Pabellón de Arteaga y Tepezalá, con más de 6 millones, y El Llano 4.5 millones de pesos.; también aparecen Calvillo, Cosío y San Francisco de los Romo, con montos que varían de 172 mil a 857 mil pesos; asimismo el gobierno del estado anterior con casi 26 millones, entre otros.

De todos los mencionados, el único que salió a tratar de aclarar – sin aún saber el sustento -, fue el secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, Jaime Beltrán Martínez, que de botepronto lo atribuyó a un “error de los auditores”, aunque luego dijo que habría que esperar el informe parlamentario para tratar de atenderlo.

Lo único real es que este tipo de información debería hacerse pública hasta que se tengan todos los elementos para fincar responsabilidades, teniendo en cuenta que la mayor parte son gastos que no tuvieron el soporte contable adecuado, o que le faltó una firma, por lo que la misma ley exige que debe corregirse, o en su caso, si no hay forma de hacerlo los responsables tendrán que regresar el dinero.

El asunto está que en el Congreso aplican el dicho revolucionario: “primero disparo y después viriguo”, ya que esto les da la aureola de ser celosos vigilantes de los recursos públicos y están dispuestos a todo para que el pueblo no sea burlado, pero que una vez que los inmiscuidos aclaran que no hubo tal cosa no salen a pedir una disculpa. Simplemente le echan tierra a su indecencia.

GOLPETEO SIN FIN

La rapidez con que les llegó la victoria gubernamental les impidió procesar el paso, por lo que hoy la dirección de MORENA en Aguascalientes no asimila el papel que juega en el entarimado político – electoral y social, al seguir dando tumbos, en que sobresale la elevación y degradación de dirigentes.

Desde finales de 2018 hubo una lucha encarnizada por hacerse del control, de quienes se consideran líderes “históricos”, que de históricos sólo tienen su pasado perredista, y de aquellos que recién llegaron y han pretendido alcanzar la cima para desde ahí lanzarse por los cargos públicos.

El viernes pasado se divulgó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA destituyó a Cuitláhuac Cardona Campos como delegado estatal y en funciones de presidente y por si fuera poco fue dado de baja del padrón de militantes. Esto lo dio a conocer Carlos Alberto Evangelista, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del partido mediante redes sociales.

Al día siguiente, Cardona Campos desmintió que estuviera fuera, ya que ni siquiera había sido notificado del dictamen, pero por aquello de no te entumas anunció que promoverá recursos legales a fin de garantizar sus derechos políticos.

Dijo que de darse la destitución y eliminación del padrón de militantes recurrirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la confianza de que no hay elementos de peso que amerite tal sanción.

En tanto, sigue como titular de MORENA en la entidad y cuyo relevo podría ser en un plazo aproximado de nueve meses, por lo que se mantiene al frente de los trabajos que tienen lugar.

El problema de MORENA se arrastra del año pasado a la fecha, cuando hubo dos presidentes al mismo tiempo, luego vino la elección de candidatos a presidentes municipales en un ambiente enrarecido por acusaciones y desmentidos de los interesados, lo que desembocó con una derrota en todos los frentes, creyéndose que esto serviría como lección, pero los últimos meses se han caracterizado por la guerra que libran el anterior dirigente estatal y la actual directiva, con denuncias penales que empañan la imagen del organismo, sin que parezca importarles a unos y otros..

LEÑAZO DE TRUMP

La mala lengua de Donald Trump ha sido letal para México, al ponerlo entre la espada y la pared  y con casi nulas posibilidades de defensa. Primero fue el amago de aplicar aranceles a los productos mexicanos para lograr que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuviera un giro de 360 grados en su política migratoria, al pasar de ser un defensor de los centroamericanos que transitan por este país rumbo el norte, instalando un muro militar-policial en la frontera sur para impedir su paso, y ahora amenaza con declarar como terroristas a los cárteles de la droga, preámbulo de una intervención que le asegure su persecución, aprehensión o aniquilamiento.

Ambos aspectos están íntimamente ligados al propósito reeleccionista de Trump, que utiliza como carnada electoral la defensa a ultranza de Estados Unidos y pone a México como un peligro para la seguridad nacional, por lo que todo lo que dice y haga cae en terreno fértil.

La masacre de nueve miembros de la familia LeBarón, ocurrida el pasado 4 de noviembre en los límites de Sonora y Chihuahua, es la razón para que retome la idea de considerar a los narcotraficantes como “terroristas”, que lógicamente hay rechazo de todos los sectores de México, pero es bien sabido que cuando una idea se le mete al gobierno estadounidense o a sus parlamentarios no les importa lo que piensen o digan los demás. Tienen leyes supranacionales que les autoriza intervenir en cualquier parte del mundo, donde – según ellos- pueda representar un peligro para su estabilidad interna.

Ante la  condena del gobierno mexicano y su negativa de militarizar la lucha contra el narco, Trump señaló el pasado 26 de noviembre: “Me gusta mucho el presidente (López Obrador), me llevo bien con este presidente, mucho, mucho más que con el anterior, y en teoría este presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre. Le he ofrecido que nos deje entrar y limpiar todo, pero por el momento ha rechazado la oferta”, pero luego vino el amago: “En algún momento habrá que hacer algo”.

Para ello, apuntó, su administración ha estado afanada los últimos 90 días, ya que no es una tarea fácil, “tienen que pasar por un proceso”, sin embargo medios de ambos países recordaron que es un propósito que trae desde mediados de marzo, por lo tanto, lo vivido con los LeBarón – que tienen la doble nacionalidad – aceleró el proyecto y que analiza “muy seriamente”, al considerar que México “ha perdido el control de los cárteles”.

De llegar a cumplir esa amenaza, los alcances serían (entre otros), que el Departamento del Tesoro pueda confiscar o bloquear los activos relacionales con los cárteles; que se prohíba la entrada a EU de los miembros de esas estructuras; incrementa el desplazamiento del gobierno estadounidense de ir tras los involucrados de apoyar a los cárteles mexicanos, incluso a quienes les proporcione capacitación, transporte y respaldo financiero, entre otros; asimismo, con el pretexto de que son terroristas EU podría en determinado momento lanzar una operación militar con la justificación de que son acciones de “legítima defensa”.

La respuesta de la parte mexicana la encabezó López Obrador, al rechazar cualquier actitud intervensionista para combatir el crimen organizado. En la conferencia de prensa que tuvo lugar el día 27 afirmó: “Decirle a mi pueblo, decirles a los mexicanos de aquí y de allá, que no hay nada que temer, y ya”. En todo caso, lo único aceptable sería la cooperación, “sólo decir: cooperación sí, intervencionismo no. Y ahí le dejamos”.

Hay quienes – torpe y ladinamente – pretenden responsabilizar a los LeBarón por el amago de Trump, debido a la carta que enviaron hace ocho días a la Casa Blanca, en la que piden una participación más decidida del gobierno de EU para frenar los ataques del narco mexicano, cuando el propio mandatario estadounidense trae ese pensamiento desde hace ocho meses y que hoy retoma por el asesinato de tres señoras y seis niños que pertenecieron a esa familia.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que es “inconveniente e innecesaria” la petición de los LeBarón y que calificar como terroristas a los cárteles implicaría la posibilidad de que EU pudiera actuar en México, lo cual “México no lo permitiría”, no obstante, en base a las palabras de AMLO, de que su gobierno admitiría sólo la cooperación, puede darse en las mismas condiciones que con la migración, lo que obligaría a México que se olvide de “abrazos y no balazos” y aplique la cacería militar, que también podría dirigir el propio Ebrard, ya curtido por la experiencia que le dejó encabezar el cerco en la frontera sur, además de que si México no entiende bastará que lo amenacen con imponerle aranceles para que obedezca.

UN AÑO DE GOBIERNO

Los primeros doce meses de la administración lópezobradorista se cumplieron ayer, por lo que este domingo habrá un acto en el zócalo de la Ciudad de México a partir de las 11 horas, en el cual el mandatario rendirán un cuarto informe “sobre lo que hemos logrado desde abajo, entre todos”, dijo en la convocatoria que hizo.

“Yo considero que bastante, hemos avanzado mucho, se han sentado las bases para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país”, puntualizó por medio de un video difundido en su cuenta de twitter, asimismo consideró que el evento servirá para demostrar que son muchas las personas que apoyan el cambio en el país, “claro que no estoy solo, el pueblo es el motor del cambio, el pueblo es el alma de esta transformación, yo soy dirigente, pero como decía Juárez: con el pueblo puedo todo, sin el pueblo nada”.

Hizo hincapié que siempre es satisfactorio convivir con quienes piensan de la misma manera o en forma parecida, puesto que “estamos llevando a cabo esta transformación, luchando por causas justas, por la justicia, por la verdadera democracia, por la defensa de la soberanía, y por las libertades”.

A un año de la administración, las ocho bancadas de la Cámara de Diputados presentaron sus inquietudes y esperan que sean respondidas por el gobernante, entre ellas destacan los cuestionamientos de los legisladores de Morena, que le solicitan defina qué postura tomará el gobierno en caso de no ratificarse el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), y qué posibilidades hay de que México estreche relaciones con China sin afectar su relación con Estados Unidos.

Acción Nacional pregunta sobre la Guardia Nacional, el índice delictivo y el decomiso de armas y droga. En cuanto al fallido operativo en Culiacán, cuestiona si el presidente sabía de esa orden, si en la reunión del gabinete de seguridad del 1 de octubre se mencionó algo al respecto, si el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana gestionó ante el Fiscal General de la República la orden de cateo y quien negoció con los narcotraficantes, y porqué los programas sociales de esta administración no tienen reglas de operación.

El PRI, por su parte, señaló que ante el aumento de la inseguridad y violencia en el país es fundamental saber qué acciones extraordinarias se tienen contempladas en política interior; en cuanto a la Guardia Nacional, qué se está haciendo para garantizar el acceso a la justicia, reparación integral del daño y cuál es el número de efectivos que han perdido la vida en los enfrentamientos con organizaciones del crimen organizado.

El PT pide su opinión sobre el rechazo de miles de jóvenes por los exámenes para ingresar al bachillerato y a la universidad, en tanto Encuentro Social quiere saber cuáles estrategias se están implementando para disminuir el tráfico de armas y de armamento, asimismo, es importante que el gobierno federal apoye a la policía de cercanía y primeros respondientes. MC busca conocer cuántos detenidos, consignados y sentencias se han realizado en las diferentes acciones donde han participado las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Marina y de la Defensa Nacional, en coordinación con las autoridades de los estados.

Finamente, el PRD inquiere por qué no se ha hecho un llamado a la unidad nacional para enfrentar entre todos al crimen y porqué el Ejecutivo federal se niega a reconocer que la actual estrategia de seguridad ha fracasado.

Desde el uno de diciembre de 2018 a la fecha se han producido 9 renuncias y la primera de ellas fue la de Gaspar Franco Hernández, el 28 de febrero, como integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El 12 de abril Simón Levy dimitió al cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo. El 15 de mayo Patricia Bugarín dejó la subsecretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Germán Martínez renunció a la dirección general del IMSS el 21 de mayo y el 25 del mismo mes lo hizo Josefa González Blanco a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El  3 de junio Guillermo García declinó seguir al frente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el mismo día quedaron cesantes Felipe de Jesús Muñoz y Omar García Harfuch en la Fiscalía General de la República. El 14 de junio Tonatiuh Guillén López renunció al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 9 de julio hizo lo propio Carlos Urzúa Macías, a la Secretaría de Hacienda.

ZORRUNA ACTITUD

Varios de los que al principio de esta administración fueron calificados de abusadores por haber participado en el programa del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y una vez que fue cancelado recibieron la parte que invirtieron, son lo que ahora aparecen como invitados estrella del gobierno federal.

Al presentar el acuerdo de inversión el pasado 26 de noviembre, el presidente López Obrador informó que la Iniciativa Privada (IP) llevará a cabo 147 obras de infraestructura a lo largo de su administración, con un costo de 859 mil millones de pesos, sin detallar qué tipo de compromisos fueron adquiridos o qué derechos cederá.

Los empresarios construirán autopistas, libramientos, puentes, segundos pisos, rutas férreas, ampliaciones en puertos marítimos y aeropuertos, lo mismo que infraestructura en telecomunicaciones, acueductos, hoteles y un estadio.

El anuncio que tuvo lugar en Palacio Nacional congregó a un centenar de hombres de negocios, de los más representativos de México, como Carlos Slim, Rogelio Zambrano y Roberto Hernández, donde se escuchó el compromiso que asumen en voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí: “Nuestro trabajo va a ser acelerar cada uno de ellos y tratar de que tengan el foco debido para que podamos realmente ejecutarlos e implementarlos. Es una cifra muy importante, casi iguala la cifra que tiene en el Presupuesto de la Federación para infraestructura. Todo este dinero, insisto, es dinero privado”.

Salazar manifestó que la mayor parte de las inversiones se realizarán tan sólo en 2020, con un total de 72 obras, por un monto de 431 mil 318 millones de pesos; a su vez, 75 proyectos, por un monto de 427 mil 704 millones de pesos, se harán en el cuatrienio de 2021 a 2024.

De las obras más costosas está la inversión en telefonía móvil y fija, por 86 mil 161 millones de pesos, igualmente la IP encabezará las obras del tren México-Toluca y la ampliación del metro de La Paz a Chalco, en Estado de México; la presa El Zapotillo, en Jalisco, la construcción de una terminal industrial para la refinaría de Dos Bocas, además de la operación y mantenimiento de la Red Compartida de banda ancha 4.5G.

Entre 2021 y 2024 los empresarios invertirán en cuatro obras de Telecomunicaciones con un monto de 118 mil 53 millones de pesos; 252 mil 764 millones de pesos en 15 obras de turismo y 283 mil 853  millones en 101 obras del sector transportes.

De la misma forma, aportará 148 mil 540 millones de pesos a 13 proyectos de energía, 40 mil 500 millones a 12 obras de agua y saneamiento, mil 312 millones a una obra de salud, y 8 mil millones al estadio nacional de beisbol.

Luego de varios meses de lanzar una serie de calificativos en contra de los empresarios, López Obrador dijo que quería dejar en claro  “que nosotros no tenemos ninguna diferencia, ningún problema con el sector empresarial, al contrario, hemos procurado mantener unas buenas relaciones. Necesitamos la unidad y ésta es una manifestación, una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social, que los empresarios de México no sólo tienen como objetivo la obtención de utilidades, sino están preocupados por el desarrollo de nuestro país”.

Lo único que no se dijo es que cuando hay negocios se olvidan los agravios y por ello estuvieron ahí, en Palacio Nacional.

 

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