César Daniel Martínez Cisneros
Agencia Reforma

El actual Gobierno mantiene una fórmula ideal para que la violencia, la censura y la impunidad se perpetúen: negar la realidad y anular las voces que exigen verdad y justicia, plantea la organización Artículo 19.

«Negación» es el título de su informe anual, que analiza lo ocurrido en México en 2021 en materia de libertad de expresión y acceso a la información.

«La violencia, corrupción e impunidad, males que aquejan a la población, están ahí, gritando a la cara de las autoridades públicas sin que éstas se sientan increpadas. La negación de estas realidades por las autoridades lleva a profundizarlas, no a revertirlas», señala.

«En la conferencia matutina comienza la negación de realidades que afectan el ejercicio de derechos humanos».

De acuerdo con sus registros, en 2021 fueron asesinados siete periodistas en posible vínculo con su labor, mientras que en lo que va de 2022, sumaban ya ocho comunicadores.

«Este Gobierno acumula 31 periodistas asesinados en lo que va del sexenio. A pesar de la negación oficial, se trata del periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro, más de los ocurridos durante el mismo periodo de Peña Nieto (19) y Felipe Calderón (26). Negar esta realidad da como resultado que no se tomen medidas urgentes para frenar esta espiral brutal de violencia».

Para Artículo 19 otra consecuencia del desconocimiento y la ausencia selectiva del Estado es la desinformación oficial y la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, que se concentra en «un grupo privilegiado de medios de comunicación».

«Ahora, por vez primera, La Jornada ocupa el primer puesto con poco más de 181 millones de pesos, seguida de Televisa y Televisión Azteca», señala el informe.

«Estos tres medios representan 33 por ciento de la totalidad de los recursos recibidos. Diez de 441 medios de comunicación concentran más de 700 millones de pesos, lo que representa poco más de 52 por ciento».

Al mismo tiempo, el Gobierno se cerró a las solicitudes de información pública, pues de 30 que Artículo 19 dirigió a la Oficina de la Presidencia en relación a declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, en 50 por ciento se declaró incompetente, en 27 por ciento dijo que no localizó la información documental y en 3 por ciento declaró la inexistencia de la información.

«A la concentración de la información pública en voz del Presidente le sigue la clausura de los mecanismos de acceso a la información», apunta la organización.

«El ciclo desinformación-clausura-estigmatización se ha vuelto un patrón pernicioso que limita el acceso a la información y la rendición de cuentas. De hecho, este ciclo es el vehículo permanente de la negación».

¡Participa con tu opinión!