Salvador Rodríguez López

Cuando el entonces candidato a la presidencia de la República, José López Portillo (JLP), enarboló el lema “la solución somos todos”, se consideró que había llegado la hora de echar al basurero de la historia a los deshonestos, que se afirmaba habían hecho su agosto en la administración de Luis Echeverría Álvarez, quien iba de salida, pero en los primeros años de gobierno de JLP continuó la sustracción de recursos públicos, por lo que la diablura popular modificó la expresión de la solución somos todos por “la corrupción somos todos”.

Con las debidas proporciones puede decirse que algo igual ocurre en Aguascalientes. El arribo de José Carlos Lozano de la Torre (JCLT) a la gubernatura puso el dedo en la llaga por supuestos actos escandalosos de Luis Armando Reynoso Femat, que fuera su antecesor, desatándose una verdadera cacería no sólo en contra del propio ex mandatario sino de varios de los que fueron sus colaboradores, atribuyéndoles movimientos indebidos en los recursos financieros, porque lo que afirmaba JCLT era que no se valía apropiarse de lo que era del pueblo.

A cinco años de que Martín Orozco Sandoval llegó al mismo puesto, la Contraloría General del Estado ha inhabilitado a 2 funcionarios de la actual administración y a 4 de la que encabezó Lozano de la Torre, inculpándoles de malos manejos en la inversión del paso a desnivel de la avenida Adolfo López Mateos, en su cruce con la calle F. Elizondo

Los seis involucrados fueron inhabilitados para ejercer el servicio público por determinado tiempo y fueron obligados a reintegrar al erario 5 millones de pesos, que es el monto de las irregularidades que encontraron los auditores. Se les atribuye incumplimiento en la correspondiente programación, ejecución y supervisión de la obra y por ordenar a sus subordinados la realización de los trabajos sin la debida vigilancia. La construcción del citado puente estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Estatal y se imputa que se aprovecharon de sus funciones, de sus subalternos y los empleados en general a su cargo, por lo que en la cadena de mando ellos son los directamente responsables.

Como se acostumbra en estos casos no se proporcionan los nombres de los implicados para no afectar sus derechos, porque aún cuando están sancionados por los delitos que les achacan, pueden impugnar el castigo y con una defensa que los apoye, lograr que se archive.

En la nota alusiva que publicó este Diario el pasado miércoles 27 de octubre se menciona al que fuera responsable de Infraestructura y Comunicaciones en la administración lozanista, al ser inhabilitado 15 años para ejercer un cargo público y al subsecretario de Coordinación Técnica de la misma Secretaría de Obras Públicas, al igual que al director de Apoyo Técnico y encargado del despacho de la Dirección General de Infraestructura Carretera, así como al director de Supervisión de Construcción.

Del actual gobierno se castigó con inhabilitación (sin precisarse por cuánto tiempo) a quien fuera jefe del Departamento de Supervisión de Construcción de Carreteras y al supervisor de Obra Residente.

En total se pudieron recuperar 5 millones de pesos, lo que no significa que los hayan sustraído sino que por su desempeño en el trabajo encomendado provocaron un daño al erario y es lo que básicamente castigó la Contraloría General, a cargo de Arnoldo Hernández Gómez Palomino.

SIN PULIMENTO

Dispuesto a ser el defensor de los buenos modales y mejores costumbres, el director de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes, David Ángeles Castañeda, replanteó el propósito de obligar a los adictos a desvelarse que le bajen los decibles a la música y a los gritos, porque con su bullicio no dejan descansar a los vecinos.

Bosqueja aplicar multas o encarcelarlos por espacio de 36 horas, pero no está dispuesto a cargar sólo con el problema social que podría generar esta medida, por lo que “invitará” a las secretarías de Seguridad Pública y de Desarrollo Urbano y a la del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que participen en las acciones y de manera conjunta hagan la verificación, en la búsqueda de evitar que siga la contaminación acústica, al mismo tiempo que el Congreso del Estado debe crear un ordenamiento con aplicación para los once municipios.

Es una idea que trae entre ceja y ceja el ex diputado Ángeles y que no logró hacer que prosperara en la pasada administración, de la que formó parte, por lo que hoy que es un repetidor la vuelve a presentar, aunque amplificada ya que busca involucrar al mayor número de dependencias, por si llega a haber un borlote social la responsabilidad será entre muchos.

Va ser interesante observar en qué termina una sarracina, teniendo en cuenta que la diversión se da dentro de los hogares y por regla general los asistentes andan alcoholizados, de manera que si se niegan a reducir el nivel de las melodías y a terminar con el griterío pueden ser arrestados, sólo que para ello tendrían que entrar por ellos, por lo que debe crearse una figura legal que permita a cualquier individuo que se ostente como funcionario municipal, para que se introduzca en la casa y puede llevarse detenidos los alborotadores. Por ahora sólo una orden de un juez es aplicable y únicamente cuando exista un delito grave, o la sospecha que lo que ocurre en ese lugar puede afectar la paz de la sociedad, lo que en estos casos no es así ya que los únicos perjudicados son los residentes más cercanos.

Antes de que los meta en un problema que sabrá cómo inicia pero no cómo termina, el presidente municipal podría consultar a los abogados y a otras instancias y de esta manera pulsar sobre la conveniencia de llegar al extremo de violentar hogares y que el personal enfrente una situación irregular. Aunque el propósito parezca positivo, se tienen que considerar los pro y contra de una acción, que está pensada de manera punitiva y no con carácter disuasorio.

LA PAJA EN EL OJO AJENO

Al diputado perredista Emmanuel Sánchez le parece irregular tanta “brincadera” en los cargos de primer nivel del Gobierno Estatal, aunque él mismo se corrige cuando reconoce que es facultad del titular del Poder Ejecutivo nombrar, relevar o cambiar de lugar a los funcionarios. No se mira en el espejo de su partido, que en diez años ha tenido seis dirigentes y cuando alguno sale a una diputación o regiduría plurinominal el lugar lo ocupa el hermano o el amigo. Como partido ha ganado únicamente la alcaldía de Pabellón de Arteaga y la cual perdió en junio pasado, por lo que tiene tiempo de estar aliado con el PAN, que es el que manda y dispone cuáles candidaturas serán para ellos. Es un organismo que se ha caracterizado por intercambiar la dirección estatal entre hermanos, primero fueron los Arteaga y ahora los Nájera, por consiguiente no debería causar asombro que en el gobierno se haga ese tipo de movimientos, sí es algo que ellos practican desde hace varios lustros.

COMO EL BATURRO

Cada madrugada el presidente de la República se pregunta y ahora a quién voy a fastidiar. Hace un repaso y ya no encuentra nuevos “clientes”, por lo que recicla los tradicionales como Salinas de Gortari, Felipe Calderón, los empresarios y la corona española. Al agotarse los destinatarios tuvo que echar mano de su pasado, atacando a la UNAM (en donde después de 14 años obtuvo la licenciatura) y amplió su radio de acción a la Universidad de Guadalajara (UdeG) y a la Feria Internacional del Libro (FIL), feria que por cierto se ha constituido en un referente internacional. Sólo falta que se ataque a sí mismo, lo que no tarda en hacerlo cuando se dé cuenta que parte de lo que lleva a cabo no tiene futuro. Aunque hay quienes festinan su actitud, debería analizarse detenidamente hasta dónde pretende llevar al país, que por más que se intente demostrar que progresa, la realidad es que cada vez es mayor la pobreza y el empleo continúa retrocediendo, mientras que las remesas son mayores pero esto no se refleja en una mejoría en las familias.

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