Tras la suspensión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente López Obrador, por determinación de un juez federal, se deja de manifiesto que se trata de una iniciativa que nació muerta y la autoridad federal se ha aferrado a mantenerla, con intereses nada claros, pero que de continuarla, se afectan los intereses generales del país.
Así lo manifestó el presidente de la Coparmex, Juan Manuel Ávila Hernández, quien resaltó que sobre la reciente reforma energética, aprobada por los legisladores morenistas y sus aliados, queda la duda sobre los intereses que hay de por medio para pretender mantenerla vigente, y es que con este tema, se han opacado otros que de alguna manera estarían afectando a los intereses políticos del actual Gobierno Federal.
Es casi seguro que la justicia federal otorgará el amparo a las empresas que lo busquen por ser inconstitucional, como ya se tiene antecedente de ello, llegará el momento de demostrar que será una ley nacida muerta y tendrá que hacerse el replanteamiento, pues de lo contrario además de violar tratados de libre comercio y los principios de leyes secundarias, será la causa para que la Corte la eche abajo.
Aunque en materia energética las autoridades federales han hecho planteamientos que van en contra de la lógica del desarrollo del país, y aunque de antemano se sabe cuál será la resolución jurídica que se dará, ojalá sea más que un distractor con intereses políticos, un proyecto de la 4T real y no sólo sea para mantener una línea discursiva.
“Tal vez lo quieran hacer y que esa ley funcione, pero la realidad es que no entienden la repercusión de hacerlo”, lo cual es todavía más grave, pues esto le cuesta al país empleos, dinero, calificación crediticia, nerviosismo entre empresarios e inversionistas y “todo por tener un tema de reserva de aquí a las elecciones”.
Se ha dicho hasta el cansancio que esta ley nació muerta, “sólo le cambiaron el membrete, pero el resultado será el mismo, prueba de ello es esta primera resolución de un juez federal, de dar la suspensión a la misma”, lo cual será en beneficio no sólo de la empresa que solicitó el amparo, sino de todas las que podrían resultar afectadas con su implementación.