La Secretaría de Hacienda redujo en 72.5% el Fondo de Infraestructura y Saneamiento de Agua Potable (Proagua), al pasar de 12 mil 454 millones de pesos en este año a poco más de 3 mil en el 2017, lo que resultaría una medida implícita para la privatización del servicio de agua potable entre los gobiernos municipales, alertó el ambientalista, Gerardo Ortega de León.
La reducción del fondo operado por la Comisión Nacional del Agua afectaría a los organismos públicos operadores del servicio de agua potable del país; en el caso de Aguascalientes, especialmente a los municipios más pequeños que prácticamente dependen del Inagua para subsistir, o el caso de Jesús María cuya cartera vencida se ha convertido en un lastre para la operación del servicio, enfatizó.
Aunque no hay un documento que exprese de manera clara que esta proyección generará que los ayuntamientos no puedan satisfacer la prestación del servicio básico, en la realidad es una invitación abierta a la iniciativa privada de capital nacional e internacional a involucrarse en los diferentes aspectos que implican el servicio de agua potable.
Los ayuntamientos carecen de recursos y operatividad para obtener los ingresos que dejarán de recibir por parte de la Federación para efectuar tareas elementales como extracción, conducción, saneamiento, distribución, tratamiento y facturación.
“Nadie lo dice, pero se trata de una privatización forzada, o por lo menos, la apertura de la participación pública privada en las obras de agua potable y alcantarillado, bajo un esquema de involucramiento en la cadena del servicio de agua potable”.
Expuso que el Ayuntamiento de Aguascalientes también enfrentaría serios problemas por la reducción de recursos, por lo cual ya se analiza que la compañía española Veolia, que opera CAASA, abandone la concesión y otras empresas se incorporen bajo un esquema mucho más agresivo.
El ecologista indicó que el gasto federalizado hacia agua potable causará serias afectaciones a los municipios que liberarán concesiones a empresas que ya están listas para involucrarse en la prestación del servicio de agua potable, donde sólo las principales ciudades del país obtendrán los mayores recursos para obras prioritarias, como sucede en el caso del túnel emisor oriente del Valle de México.

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