Salvador Rodríguez López

“A confesión de parte relevo de pruebas” es un término jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarla. Y este apotegma viene como anillo al dedo para ratificar lo que se ha comentado en varias ocasiones en este espacio, que en la práctica el Ayuntamiento está a cargo del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Aguascalientes, al que cada año le destina millones de pesos, mientras la empresa Veolia –que oficialmente tiene la concesión– no informa cuál ha sido y es la inversión que realiza.

Durante la entrevista que concedió a este Diario, el alcalde Leonardo Montañez aseguró que a un año que principió su gestión tiene un saldo favorable en prácticamente todas las áreas, principalmente en seguridad pública, relleno sanitario, la línea verde y el agua potable.

Respecto al agua, informó que “se realizó una inversión histórica de 180 millones de pesos para el mantenimiento de las redes de conducción, sistema de almacenamiento, redes sanitarias y colectores pluviales”.

Desde el momento que el Gobierno Municipal se encarga de atender las necesidades financieras que demanda el servicio de agua y la red de alcantarillado, virtualmente reconoce que la concesión es sólo de papel. Este sentido, valga repetir lo que se ha señalado en otras ocasiones, que ninguna empresa privada del país recibe tan generoso apoyo, considerándose que va a “capital muerto” ya que existe manera de recuperarlo, que en términos claros es un desvío de recursos ya que no existe una explicación lógica de los motivos que hay para que se haga esta inversión.

En aras de que hubiera algún reclamo, Montañez afirmó en la entrevista que tiene “la conciencia tranquila (puesto) que los recursos que estamos manejando de las personas lo hacemos con transparencia y honestidad”.

Aceptó que el principal reto que tiene es el agua y “en este sentido afortunadamente nuestro problema no es una suficiencia, de una mejor administración del recurso”, además que entiende que “el reto es grande y la presión es mucha”, pero para finales de año “se debe tomar la decisión sobre el modelo más conveniente para la ciudad y para inicios de 2023 se tendrá que buscar a la empresa que encaje en el traje a la medida de las necesidades ciudadanas”, comprometiéndose a que el modelo “no entrará en una crisis de prestación del servicio”.

Seguramente que a los habitantes de la capital le importa un cacahuate qué empresa sea la elegida, y tampoco le interesa que caigan caretas y oficialmente sea remunicipalizado, lo único válido es tener agua permanente en sus hogares o los negocios, que la autoridad deje de vanagloriarse y mejor atienda sus obligaciones.

Además, que la actual administración informe a detalle cuánto invirtió cada uno de los pasados ayuntamientos en ese renglón, de igual manera que se conozca qué compromisos tiene el gobierno de la ciudad con Veolia al grado de aplicar sumas millonarias en programas que en estricto apego a verdad sólo debe hacer la concesionaria.

En un rasgo de honestidad ¿lo hará?

INDECOROSOS

En el debate que empotró el presidente de la República a los poderes Legislativo y Judicial y alcanzó a los gobiernos estatales y a diferentes estratos de la sociedad, dejó al descubierto que, al menos en Aguascalientes, se habló de los problemas que habría si desapareciera la prisión preventiva oficiosa, ya que más del 80% de los encarcelados están bajo esta figura legal, pero en ningún momento se ha mencionado investigar el proceder de los ministerio públicos (MP) ni someterlos a un examen de competencia para que acrediten sus conocimientos y si en el curso de su labor han actuado correctamente.

Aseguraron las autoridades locales que por esa razón se iban a vaciar las prisiones, sin reconocer que de ser así es porque fue muy fácil al MP echarle la pelotita al juez, quien a su vez al no contar con las pruebas contundentes de culpabilidad ordena la detención por un tiempo determinado “mientras concluyen las investigaciones y se reúnen las pruebas suficientes”, lo que puede ser en un lapso de uno, dos, tres meses, un año o más, según lo considere el enjuiciador. Cumplido el plazo es factible que no se logre hacer acopio de las pruebas y se dispone la orden de liberarlo, aunque antes de salir le colocan en el papelito el sello “con las reservas de ley”, lo que en términos mundanos significa que por un tiempo seguirá bajo vigilancia y podría volver a prisión si le logra imputarle otros alegatos.

En el presente año, más de 3 mil personas han sido nominadas a prisión preventiva oficiosa, al quedar como presuntos responsables de al menos uno de los delitos previstos en el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales, principalmente por delincuencia organizada, violación, trata de personas, contra la salud y actos realizados con medios violentos.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra que, de enero a julio de 2022, han sido aprehendidas 3 mil 341 personas por su presunta participación en delitos que encuadran en la prisión preventiva oficiosa, de ellas 1,394 por delitos contra la salud, 1,226 por robo a casa habitación, 680 por delitos de carácter sexual, como violación; 34 por homicidio doloso y 7 por feminicidio.

El temor del fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, es que las prisiones se quedarán casi vacías, al calcular que el 80% están bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa. Hacerlo “generaría un impacto muy grande porque prácticamente haría que todos los jueces de control dejaran sin efecto todas las prisiones y esto en automático provocaría una salida de los Ceresos, por ejemplo aquí del 80%”.

Para ayer, 8 de septiembre, estaba previsto que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaran o desecharan la prisión preventiva oficiosa, pero más allá de lo que decidieron lo que queda al descubierto es que no existe el mínimo interés de poner orden en donde comienza todo, esto es en los MP, porque si ellos hacen bien su trabajo no habría tanto albergado en las prisiones.

Para Figueroa Ortega, de conservarse dicha figura, tendría que hacerse un análisis de caso por caso y se optaría por algún otro recurso alterno de prisión preventiva, pero la cuestión es tener presos a los individuos sean culpables o no.

Por lo anterior, podría repetirse la historia de aquel individuo que salió de trabajar alrededor de las diez de la noche y caminaba presuroso a la parada del camión, ya que era el último del día que podría trasladarlo a su domicilio. En el camino se encontró con unos policías que de inmediato lo pararon para interrogarlo y en el clásico esculque le encontraron una cajetilla de cigarros y el encendedor, además de las monedas para pagar su pasaje. Fue acusado de que iba a comprar gasolina para incendiar un negocio y robarse la mercancía. Se le puso a disposición del Ministerio Público, que sin más averiguaciones lo envió ante el juez y más tarde recluido en el Cereso, en donde permaneció tres años sin sentencia, finalmente un día le anunciaron que quedaba libre por falta de pruebas.

Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Rojas García, afirmó que cancelar la prisión preventiva oficiosa pudiera generar que los jueces “quedaran expuestos a actos de corrupción e incluso hasta de intimidación”, aunque en este punto lo más importante debe de ser el respeto a la presunción de inocencia para todas aquellas personas acusadas de alguno de los 16 delitos que actualmente ameritan la citada prisión y a lo que se agrega que pueden llegar a enfrentar hasta dos años tras las rejas antes de conocer la sentencia definitiva.

SEGREGADOS

 Parece un capítulo kafkiano, pero no, no lo es. Es la vida real lo que viven varios adultos mayores y personas con discapacidad, al recibir toda clase de agresiones por parte de sus familiares, de marginación, olvido, omisión de cuidados y otro tipo de conductas que hacen más aguda la situación, lo que ha obligado al DIF Estatal a protegerlos y resguardarlo en su caso. La titular de la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, Luz María Sánchez del Valle, señaló que sobre el particular se han atenido 86 reportes, mientras que el año pasado fueron 164 y de ellos 98 fueron mujeres y 66 hombres y por regla general se tomó conocimiento debido a la negligencia y descuido de los hijos. Lo que no mencionó la funcionaria es que los maltratadores, cuando lleguen a la edad de las personas que sufren por su culpa, vivirán en una situación peor y sabrán entonces que esta vida es una especie de bumerán.