Las dependencias estatales o municipales que se nieguen a dar información pública que solicite la población, serán multadas con 1 mil 500 UMA, es decir con 113 mil 235 pesos.
Quedó abrogada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, al entrar en vigor la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, que sustituye a la primera.
El ordenamiento está encaminado a garantizar el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de cualquier autoridad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, que lleven a cabo tratamiento de datos personales.
Por el incumplimiento de sus determinaciones, el ITEA (Instituto de Transparencia) podrá imponer amonestaciones públicas y multas equivalentes a 150 y hasta 1 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (este año la UMA tiene un valor de 75.49 pesos).
El incumplimiento de los sujetos obligados (las dependencias y organismos que deben transparentar sus gastos), será difundido en los portales de obligaciones de transparencia del ITEA, y considerados en las evaluaciones que realicen de éstos.
En caso de reincidencia, será del doble de la que hubiera determinado el instituto.
El ITEA deberá expedir los reglamentos, lineamientos, parámetros, criterios y demás disposiciones de las diversas materias a que se refiere la presente Ley, a más tardar en 180 días, en tanto, el Congreso del Estado deberá considerar las previsiones conducentes, en el Presupuesto de Egresos 2018 y subsecuentes, ya que la creación de la nueva Ley, implica mayores erogaciones para garantizar la transparencia del aparato burocrático.