Profr. Flaviano Jiménez Jiménez

Nadie puede negar que la tragedia de Ayotzinapa ha sido indignante y muy dolorosa, sobre todo para los familiares de los estudiantes; más aún por la barbarie en los hechos. De tal magnitud fueron los sucesos que han impactado profundamente a la conciencia nacional, unificando a la sociedad en la protesta y condena por la saña que afloró en los acontecimientos. Consecuentemente, estos mismos hechos han significado altos costos políticos para el país, para las autoridades y para la clase política en general. Es realmente inconcebible que pasen estas cosas en el siglo XXI.

Sin embargo, y a pesar de todo, México debe seguir adelante; pero habrá que hacer ajustes en las leyes y en el ejercicio del poder; reacomodar y transparentar el funcionamiento de los tres niveles de gobierno; reorientar políticas hacia una relación más justa y equitativa entre los sectores; generar sistemas de producción más efectivos y de distribución equilibrada entre la población; asegurar un estado de derecho, no en el discurso, sino pleno y confiable entre la ciudadanía, sin corrupciones y sin impunidades; reinventar una nueva sociedad más igualitaria en la que todos sus integrantes participen y sientan el orgullo y la satisfacción de pertenecer a ella; en fin, cambiar lo que sea necesario y de manera real, porque México tiene que seguir adelante.

Se entienden, pero no se justifican, los diversos actos de violencia que se han desatado (en lugares específicos) enarbolando “la bandera de justicia” por el caso Ayotzinapa: los medios de información y las redes sociales dan cuenta de bloqueos en las carreteras, protestas airadas en las calles, destrozos en las fachadas de los edificios, pintas en las paredes, robos e incendios de vehículos, asaltos a los centros comerciales, quema de edificios públicos y, en medio de esta turbulencia, la gente que corre buscando refugio por temor a sufrir algún daño. No se puede pedir justicia utilizando el recurso de la violencia, como tampoco se puede vivir en paz en una sociedad sin leyes donde cada quien haga lo que quiera. El vandalismo colapsa las actividades cotidianas de las familias, da tintes de perversidad y anarquía a la vida social, provoca miedo y zozobra entre las personas, deteriora a la economía y genera cuantiosas pérdidas materiales. Estas no son las cualidades de una sociedad civilizada, ni son las aspiraciones de un pueblo.

Ante este orden cosas y en aras de la prudencia, las autoridades no hacen nada para evitar los desmanes, por no dar margen a enfrentamientos de peores consecuencias; pero esto no puede continuar así indefinidamente, el país necesita orden, paz y desarrollo. Las exigencias de justicia, por el caso Ayotzinapa, pueden y deben seguir manifestándose hasta llegar al total esclarecimiento de los hechos, pero dentro de la Ley y de las instituciones. Para tales efectos, los organizadores de los movimientos pacíficos de protesta tienen que marcar distancia de los anarquistas de siempre, de los que antes y después de Ayotzinapa, con diversos pretextos, han buscado enfrentamientos y destrucción.

Ahora bien, para todos, la detestable tragedia de Guerrero debe traducirse en moralejas: las autoridades y los políticos siempre deben tener presente que las leyes no se hicieron para violarse, sino para respetarse y cumplirse a cabalidad; que los derechos humanos son seguros consagrados para todos los habitantes del país, si excepción, y que los garantes de su observancia son precisamente las autoridades; que los puestos públicos no son para provecho personal, ni de grupos, sino para servir con honestidad, responsabilidad y transparencia, a la población; que el ejercicio gubernamental del municipio, del estado y de la Nación, no es una oportunidad para hacer negocios y amasar riquezas individuales, sino para promover el desarrollo integral en bien de todos; y que el bienestar, la paz y la tranquilidad de la ciudadanía son propósitos y metas que a diario deben cumplirse. Los maestros de los estudiantes, por su parte, deben darse cuenta que tergiversar la enseñanza pedagógica por la inducción a la violencia, a la guerrilla y el asalto a las instituciones; que promover cambios mediante atropellos y confrontaciones; y llenar la mente de los jóvenes con ideas mesiánicas, es mandarlos a frustraciones, choques y tragedias. Será mejor formar docentes preparados y ciudadanos íntegros que se empeñen, a su vez, en formar niños y jóvenes con base en las normas que nos rigen, en los valores universales y en altas expectativas de vida para bien de ellos mismos, de sus familias y de sus pueblos. Los estudiantes deben entender que la escuela normal es el lugar privilegiado donde se diseña y fundamenta el proyecto de la vida docente, con el sustento filosófico de la educación mexicana, para dar respuestas a las necesidades y aspiraciones legítimas de los niños, de sus padres y de México; y este proyecto de la docencia se construye en el salón de clases, no vandalizando en las calles. Los padres deben darse cuenta dónde andan y qué hacen sus hijos para poderlos guiar y conducir hacia el bien. Y los integrantes de la sociedad tienen que entender que no son espectadores los que se necesitan, sino actores para hacer historias del progreso, del desarrollo, del bienestar, de la paz y de la justicia.

Que la tragedia de Guerrero unifique conciencias para cambiar a México, pero por la vía pacífica y con base en la Ley y la razón.