Víctor Hugo Granados Zapata

El pasado miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el programa conocido como “mochilas seguras”, en el cuál las y los directivos de las escuelas podían establecer mecanismos de revisión de mochilas de todos los estudiantes, con la finalidad de evitar que las y los estudiantes ingresarán a las escuelas con objetos peligrosos (más en específico, armas y drogas) violando los artículos 14 y 16 de la Constitución, ya que dicho programa carecía de sustento legal que apegara dichas inspecciones a la ley. Dicha declaración generó comentarios negativos en contra de la SCJN, basta con abrir alguna de las notas que describen dicha noticia y veremos cómo las personas señalan que hay niñas y niños delincuentes dentro de las escuelas. Entonces ¿las y los niños deberían ser vigilados y monitoreados como criminales dentro de las escuelas? ¿las escuelas deben ser quienes implementen estas estrategias?

Antes de iniciar el análisis hay que tener claro el contexto. En México se inició dicho operativo desde mediados de 2007, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico y con ello la implementación de diversos programas de seguridad pública. Dicho programa ha permanecido desde entonces, permitiendo que cualquier directora o director pueda establecer medidas de seguridad de esta naturaleza, por ejemplo, solicitarle a la o el menor de edad que saque todos los objetos que contenga su mochila, sin ningún indicio o presunción de estar en posesión de algún objetivo no permitido por la escuela; y lo más peligroso, dichos programas son elaborados con toda discrecionalidad y sin ningún reglamento jurídico que fundamente dichas decisiones.

Uno de los países pioneros en este tipo de medidas punitivas contra las niñas, niños y adolescentes (NNA) es Estados Unidos, ya que tienen desafortunadamente diversas experiencias con casos de tiroteos masivos dentro de las escuelas. Recordemos que en 2018 hubo un tiroteo en una escuela del condado de Parkland, Florida, donde murieron 17 personas (entre ellas estudiantes) y a raíz de ello, las autoridades escolares decidieron no solo implementar el monitoreo de las mochilas, sino también incorporar el uso de detectores de metales (una medida que se ha aplicado desde muchos años atrás en escuelas situadas en zonas “peligrosas” en Nueva York) y lo más interesante que fue el uso obligatorio de mochilas transparentes. Dicho fenómeno lo relató el periodista Joe Heim, del periódico The Washington Post en 2018, entrevistando también a diferentes alumnas y alumnos que señalaban como una estupidez el tener mochilas transparentes ya que violaban su privacidad, otros exigían que las escuelas deben generar ambientes que los hicieran sentir seguros y no incómodos, y el comentario que más me llamó la atención fue de un estudiante que señaló que el problema es por la falta de regulación de las armas en EU. Aquí está el asunto medular de estas acciones, puesto que el problema original se remonta a condiciones que están fuera de las manos de las NNA pero injustamente son ellos quienes recienten las condiciones de vigilancia y castigo, evidentemente por una falta grave (y omisión) de políticas públicas bien estructuradas desde el análisis de su problema público.

Aterrizando de nuevo a México, la situación es igual o quizás más grave, ya que hay escuelas que utilizan perros para que huelan las mochilas y detecten si hay alguna sustancia peligrosa. Las escuelas se transforman en ambientes hostiles tal y como señalaba la Doctora Catalina Pérez Correa (Experta en Derecho y Profesora Investigadora del CIDE) desde el 2017 en el periódico El Universal: “la imagen de niños siendo revisados por perros de manera rutinaria resulta indignante, pero incluso cuando no participan elementos de seguridad, la política resulta contraproducente, pues genera una dinámica negativa entre autoridades y estudiantes”. El papel de las escuelas se ha tergiversado a tal grado que buscan, tanto en México como en EU, que se supla las funciones de las instituciones de Seguridad Pública.

En otras palabras, las escuelas deben ser centros de aprendizaje que fomenten la libertad de ideas, el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales; no un centro de vigilancia de NNA, implementando medidas inconstitucionales y que puedan llegar a afectar el desarrollo de la niñez de millones de estudiantes. Finalmente, llegamos a la conclusión ¿necesitamos mochilas seguras? No, necesitamos escuelas seguras. Para lograr esto, debemos delimitar las tareas específicas (atribuciones y facultades) de las autoridades educativas en estos temas, eliminar las políticas dañinas que buscan estigmatizar a las NNA como delincuentes y exigirle al Estado (en general) que atienda los problemas públicos con mayor rigor. Si hay una correlación entre las NNA y las actividades delincuenciales es porque el Estado ha fallado en su tarea de asegurar la Seguridad Pública, ya que cada niña o niño es víctima de su contexto y sería contraproducente culparles (e incluso castigarles) por las omisiones de los gobiernos. Solo así, podremos asegurar un entorno educativo más seguro, en cumplimiento al Estado de Derecho y sin violar los derechos fundamentales de todas las niñas, niños y adolescentes de México.