Salvador Rodríguez López

En la mayoría de los países existe un tribunal superior que se encarga de decidir qué es lo que más conviene a los ciudadanos y a todas las actividades que realiza, por lo que sus sentencias son de observancia obligatoria para todos los involucrados y quien no las acate recibe la sanción que corresponda a su falta.

Así, sin rodeos, es en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no obstante hay quienes desobedecen sus fallos, o tal vez, como dijera el clásico, “mandan al diablo a las instituciones”, por lo que los perjudicados tienen dos caminos: recurrir a la misma Corte para denunciar a quienes desacatan sus laudos, o tragarse el entripado y que las cosas sigan como están, aun cuando les represente una situación difícil de soportar.

Primero fueron los diputados locales y los regidores del Municipio de Aguascalientes, que en una clásica chicana le dieron vuelta al fallo de la SCJN, misma que ordenó no cobrar el servicio de alumbrado público, por lo que se les ocurrió que con cambiar de nombre al impuesto ya no cometían delito alguno.

Ahora es la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinoza Castorena, que sin ambages reconoció que la Corte declaró inconstitucional la exigencia de la carta de no antecedentes penales y sin embargo continúa expidiéndose, con el argumento que es un requisito para ingresar a trabajar a varias empresas.

En primer término, la titular del Poder Judicial del Estado dijo: “Nosotros estamos a lo que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, que en este caso sería la negativa a entregar el documento, pero luego arguyó que se hace “porque hay empresas donde es uno de los requisitos para entrar a laborar”.

Es un escrito que tiene un costo de 100 pesos y al día se entrega entre 100 y 200 cartas, aunque a principios de año llegan a ser hasta 500, por lo que se entiende que las arcas públicas no quiere dejar ir ese ingreso y de ahí que “entre jugando y en serio” mantiene vigente el trámite.

El 27 de enero de 2020 el pleno de la Suprema Corte confirmó la inconstitucionalidad de las normas que exigen como requisito “no tener antecedentes penales” para una actividad comercial o gubernamental: “Sin hacer distinción o excepción alguna, viola los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el Artículo Primero de la Constitución General, al ser discriminatorio contra las personas físicas que cuentan con este tipo de antecedentes”, resolvieron los ministros. Sostuvieron que exigir dicho requisito tratándose de personas jurídicas o morales atenta contra su libertad de trabajo, comercio e industria, contenida en el Artículo 5 de la Constitución General.

El pleno de la SCJN también estableció que los congresos locales carecen de competencia para establecer como requisito para acceder a cargos públicos el contar con nacionalidad mexicana “por nacimiento”.

En función de lo descrito hay tres caminos para acabar con esta hegemonía: 1.Que el Supremo Tribunal de Justicia se apegue a lo dictado por la Corte y deje de otorgar la citada carta; 2. Que el Congreso local reforme la Ley de Ingresos del Estado para que elimine ese cobro y al mismo tiempo dictamine que en apego a la sentencia de la SCJN queda prohibido la entrega de la carta, y 3. Que el propio Tribunal de Justicia difunda entre el sector patronal el veredicto de los ministros, por lo que deben abstenerse de exigir la presentación del escrito a los solicitantes de trabajo.

QUEDÓ EN EL INTENTO

La orden fue directa: había que buscarle aquí y allá para captar la mayor cantidad de recursos y de paso engordar el cochinito, por lo que los cerebros más privilegiados de finanzas municipales concluyeron que se tenía ubicado un sector que bien podía “cooperar” y este fue el de las “licencias especiales”, que a partir de este año deberían pagar de impuestos hasta de 10 mil pesos, en lugar de los 150 pesos que aportaron en 2019.

Esta situación provocó airadas protestas y demandas de una reconsideración, ya que la mayoría de los negocios no tienen ingresos como para sufragar esa exigencia, por lo que antes de que los reclamos alcanzaran otro nivel y las cosas se salieran de control poniendo en riesgo lo que ya se mira a la distancia, se ordenó dar marcha atrás.

Bien pudieron haberlos invitado a una tamalada para pasarles la charola, pero prefirieron irse a la Ley de Ingresos 2020 con la idea que si pegaba que bueno y si no despegado estaba.

Los negocios que estuvieron en la mira fueron consultorios médicos, dentales, laboratorios clínicos, hospitales, gasolineras y gaseras entre otros, que a juicio de la Secretaría de Finanzas deberían hacer una mayor contribución, sin embargo no se midieron yéndose al extremo, lo que naturalmente despertó el rechazo de los propietarios.

Un  adagio señala que “tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata”, por lo que tanta culpa recae en quienes formularon la propuesta como en el Cabildo y el Congreso que la aprobaron, lo que determina que regidores y diputados lo ratificaron sin analizar, algo muy común en ambos cuerpos colegiados. Ninguno investigó los antecedentes del cobro y si era compatible con el que se proponía, simplemente dieron su asentimiento.

Fue de tal magnitud el efecto que se ordenó suspender la acción, enviándose al Congreso una corrección a la iniciativa y con ello se pretende terminar con el diferendo de cobrar tan elevadas sumas, sin embargo el titular Finanzas Alfredo Martín Cervantes García no da por cerrado el capítulo, al dejar la última palabra a los diputados, que “si ellos dicen que se mantiene la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes se cobrará lo autorizado, si se modifica se regresaría a los cobros del ejercicio anterior”, decisión final que deberá conocerse en marzo próximo, una vez que comience el período de sesiones ordinarias.

De igual manera adelantó que se dialogará con cada uno de esos giros para acordar una cantidad de la licencia especial que se les cobraría para el año próximo, por lo que la espada sigue desenvainada y sólo se espera el momento de dejarla caer sobre los contribuyentes.

También dejó asentado que hay 1,500 médicos que trabajan con un permiso, por lo que el propósito es convertirlo en una licencia reglamentaria, lo que lógicamente tendrá un costo superior y así podría hacerse con otras actividades laborales y empresariales.

En este tiempo es fundamental acarrear la mayor cantidad de recursos para hacerle frente a los gastos que irán creciendo conforme se acerque la hora de la verdad, por lo que cada uno de los ciudadanos que radican en el municipio deben colaborar de una u otra forma para alcanzar ese propósito.

LO ECHARON

El pretexto fue la remodelación y el fin borrar todo vestigio de aquello que recordara que fue el hacedor de todo lo que hay ahí. En efecto, los cambios en el frente de las oficinas que ocupa la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) eliminó la estatua de don Roberto Díaz Rodríguez (q.e.p.d.), que por muchos años permaneció a la entrada. A él se debe la construcción del edificio, los salones contiguos, el cine y un espacio verde en la parte de atrás que se utiliza para reuniones informales. Díaz Rodríguez labró las relaciones obrero-patronales que hasta la fecha han dado paz social a la entidad y fue un firme promotor de la vivienda del Infonavit, además, casi la totalidad de los líderes sindicales se hicieron a su sombra, proyectándolos a la actividad  política al grado que varios fueron senadores, diputados federales y locales y regidores. Seguramente que la mayoría de los actuales dirigentes no lo conocieron, pero los que aún quedan de la vieja guardia pueden dar cuenta de la labor que hizo por el sindicalismo y que hoy son los que empujaron la idea de quitar la escultura, tal vez para que no les haga sombra, sin embargo lo que han hecho no opaca lo que hizo el desaparecido secretario general, que con o sin efigie seguirá siendo parte fundamental de la historia de la FTA.

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