Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

La maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, hizo una declaración, en días pasados minimizando los datos sobre la deserción de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Ella sostiene que apenas el 2.5% de los estudiantes han abandonado la escuela; sin embargo, expertos consideran que este porcentaje no corresponde a la realidad y que los números se dicen tan sólo para salir del paso. En otras palabras, no hay seriedad en lo declarado.

Antes de la pandemia, de acuerdo con los datos estadísticos que las escuelas entregaban a la Secretaría de Educación, la deserción escolar de primaria era mayor al 4%; la de la secundaria el 8.5% y la de la educación media superior pasaba del 20%. Por la pandemia, el abandono escolar fue mayor en todos los niveles por la serie de problemas que enfrentaron los alumnos en el aprendizaje a distancia. Durante el confinamiento, la Secretaría de Educación no hizo o no quiso hacer estudios sobre el abandono escolar con el propósito de saber, realmente, la cantidad de alumnos desertores y para conocer sus causas, las cuales son muy necesarias detectarlas para poder programar acciones remediales y preventivas. Si no se hicieron estudios y aún no se entregan los informes estadísticos del ciclo escolar 2020-2021, en los que se asientan números de los alumnos existentes y desertores, entonces, ¿en qué se fundamenta la secretaria de Educación para afirmar que la deserción es apenas del 2.5%? Con minimizar y generalizar los datos no se resuelven los problemas, al contrario, se empeoran.

Por otra parte, se entiende que por un acto de humanidad la Secretaría de Educación ha determinado que en educación básica no habrá reprobados, no habrá cincos. La calificación mínima será 6 tanto para los alumnos que, durante la pandemia, estuvieron en constante comunicación con sus maestros como para los que de vez en cuando se comunicaban; y los que nunca respondieron a los llamados de los maestros ni entregaron trabajos, éstos serán calificados al inicio del próximo ciclo escolar, 2021-2022, una vez que sean regularizados en sus aprendizajes. Nos parece que estas disposiciones son entendibles, pero lo que no se entiende y está mal es el hecho de que a estas disposiciones no se les haga acompañar de proyectos específicos para elevar la calidad de la educación en cada uno de los grados y niveles educativos. Pues, ante este orden de cosas, puede suceder que a alumnos de primaria se les asigne 8 de calificación, sin que éstos sepan leer ni escribir; en secundaria pueden pasar casos en que alumnos con 9 de calificación no sepan sumar ni restar operaciones elementales; y con toda seguridad, los alumnos con 6 son los reprobados en sus respectivos grados y niveles.

Por todo lo anterior, eran y son necesarias acciones y estrategias para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En varias ocasiones insistimos sobre la necesidad de sistematizar la información de los aprendizajes esperados que los alumnos fueron logrando y los que no lograron. Éstos, los aprendizajes no logrados, son los que ahora deben desarrollarse en los cursos de regularización para poder cumplir con lo que se establece en los programas de estudio oficiales. Ciertamente, cada maestro podrá hacer, individualmente y con sus limitaciones, lo que esté a su alcance, no más. En cambio, la Secretaría de Educación, como organismo rector de la educación del país y que cuenta con recursos, tiene la obligación de instrumentar proyectos para la regularización y para elevar la calidad de la educación en general, con sus respectivos apoyos.

Los maestros deseamos que las autoridades educativas enfrenten, con toda la voluntad política, sus graves responsabilidades por el bien de los niños, adolescentes y jóvenes del país.