Desgastados por la edad, minados por enfermedades, marcados por paradigmas culturales y sin dinero, la población de la tercera edad constituye un creciente grupo de población vulnerable para el que hay leyes de protección y defensa que, sin embargo, resultan inaplicables, señaló el presidente del Poder Judicial, Juan Manuel Ponce Sánchez.

En entrevista explicó que por disposición de ley, los ancianos que no tienen forma de sostenerse pueden demandar pensión alimenticia a sus hijos o familiares más cercanos, sin embargo, no lo hacen porque no saben, pero también muchas veces porque no se atreven, ya que persiste la idea de que los padres mantienen a sus hijos, pero nunca al revés.

De tal manera que hijos, sobrinos y parientes allegados no sólo no les dan, sino que incluso les despojan a través de prácticas abusivas del único patrimonio que pueden tener los ancianos, los corren de su casa, los fuerzan a venderla y no les dan ni un quinto o bien, influyen para que les den en donación el bien en cuestión y luego se desentienden de la atención, aprovechando que muchos de ellos ya son mentalmente incapaces.

Los malos tratos, sin embargo, no son exclusivos de las familias de menos recursos, pues en el ámbito de los pudientes, las grescas por las herencias en vida, por manejar lo que “el viejo” ya no puede y por influir en testamentos a favor de intereses particulares, cuando la lucidez no es plena, son cosa de todos los días.

En ambos casos, dijo, es posible demandar atención o en su caso promover el Estado de Interdicción diseñado para personas que han perdido la capacidad de realizar actos jurídicos o perdido la noción de lo que se vive a su alrededor.

“Es un procedimiento donde un juez de lo familiar ordena un dictamen médico pericial que determina el estado de la persona y, en su caso, nombra un tutor y un curador, como figuras facultadas para cuidar, proteger y atender al incapaz, donde la venta de bienes sólo la autoriza un juez una vez justificada la causa para realizar tal movimiento”.

Reveló que lamentablemente este tipo de procedimientos apenas si son recurridos y prueba de ello es que en 2016 sólo hubo 7 casos, y en lo que va del año se han atendido 13 expedientes, vinculados todos con personas donde hay disputa de bienes materiales.

Recordó finalmente que cuando una persona está en estado de incapacidad y es forzada a realizar actos jurídicos como compra-venta de bienes, donativos o testamentos, y se comprueba su condición, todos los actos son nulos.