Fernando López Gutiérrez

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Los riesgos vinculados con la aceptación del funcionamiento de los grupos de autodefensa en Michoacán fueron advertidos desde un inicio. Diversos especialistas señalaron los peligros latentes en la decisión de permitirles operar y participar de manera coordinada con las autoridades; considerando que suelen operar al margen de la ley y no es posible tener certidumbre sobre la manera en que se conforman, los intereses que persiguen, su disposición a desarticularse en un escenario de estabilidad o los medios que utilizan para conseguir sus fines.

No obstante lo anterior, el gobierno federal tomó la decisión de integrarlos en su estrategia de seguridad, mediante un proceso de institucionalización, en un intento por evitar una confrontación directa cuyos resultados hubieran sido desastrosos en términos de violencia y pérdidas humanas. Si bien esta determinación es cuestionable desde una visión de respeto a la legalidad y comprensión de las funciones del Estado; debe reconocerse que su pragmatismo ha permitido obtener avances importantes en el control de la entidad y ha generado confianza por parte de la población que simpatiza con las autodefensas.

El camino tomado por las autoridades ha sido aceptado de forma positiva; sin embargo, mantiene riesgos importantes que deben ser atendidos con responsabilidad y decisión. Ante la confrontación y la descalificación de algunos grupos que se niegan a colaborar bajo el programa de gobierno es necesario asegurar que en Michoacán prevalezca la legalidad.

La captura -realizada hace unos días- del doctor José Manuel Mireles y 83 integrantes más de las autodefensas es una obligación del Estado al constituir una violación clara a la ley en materia de portación de armas. El estado de Michoacán ha transitado de un escenario de excepción a otro que requiere el respeto de las instituciones y sólo mediante dicha transformación será posible consolidar un programa que permita llevar tranquilidad y paz a la entidad.

La figura y personalidad del doctor Mireles han generado la simpatía de muchos mexicanos que reconocen en él valores de justicia y solidaridad; sin embargo, no es posible perder de vista que los riesgos de anteponer la virtud individual o el programa de un grupo a las instituciones han tenido graves consecuencias a lo largo de la historia. Hoy Michoacán abraza un proyecto que requiere del respeto a la ley para ser exitoso, es menester trabajar en él para que vuelva la tranquilidad que tanto anhela su gente.