RENÉ URRUTIA DE LA VEGA

En una entrevista grabada para un canal de televisión oficial de cobertura nacional, el reportero que dirigió la entrevista me preguntaba directamente si consideraba que el Estado Mexicano se encontraba rebasado por la delincuencia organizada con presencia en nuestro país, mi respuesta, por supuesto, fue un rotundo ¡NO!

Me explico y expongo además por qué traigo a cuento esta experiencia y mi respuesta ante tal cuestionamiento: en primer lugar, considero que definitivamente es absolutamente falso que las capacidades operativas, de inteligencia y de estrategia del Estado Mexicano y de todas sus entidades gubernamentales de los tres órdenes o niveles de autoridad, ya sea policiales, militares o de cualquiera otra índole, se encuentren rebasadas por grupos del crimen organizado, pues afirmar lo contrario sería tanto como aceptar o establecer que en cualquier momento esas entidades criminales de facto pudieran tomar el poder político y administrativo del país sometiendo a sus instituciones, empezando por los institutos armados, nada más alejado de la realidad, quien lo mencione o se atreva a afirmarlo está definitivamente atentando contra México, su población y su gobierno, al menos desde la perspectiva de la palabra.

México, si bien no es una potencia mundial en materia de corporaciones policiales y de milicia, tampoco es un Estado Nacional carente de lo necesario para estar en posibilidades de mantener la seguridad nacional y el orden necesario dentro de sus fronteras e incluso para defender a la patria de una eventual invasión.

Lo que sí debemos aceptar es que hay una falta muy importante y lamentable de voluntad política y de decisiones asertivas que permitan hacer frente a las manifestaciones violentas de la delincuencia organizada, que las estrategias que se han establecido para prevenir, primero, y combatir, después, a toda forma de criminalidad, específicamente a la que hemos denominado organizada, no han sido de ninguna manera eficaces para mantener el control y el orden que debe prevalecer en un Estado Social y Democrático de Derecho como es el Estado Mexicano. La realidad nos alcanza y no podemos señalar algo en contrario, los resultados -o, mejor dicho, la falta de ellos- nos sitúan en una realidad que no queremos.

En segundo lugar, explico por qué traigo a cuenta este tema, pues en recientes fechas hemos sido testigos de la difusión masiva de imágenes de video en donde grupos considerados de élite de una organización criminal hace gala de sus capacidades operativas, automovilísticas y armamentísticas, emitiendo vítores a favor de su líder y evidentemente desafiando a las autoridades, al gobierno y en general al Estado Mexicano, en momentos en que se cuestiona duramente la efectividad de la estrategia nacional o federal respecto al combate a esas manifestaciones de delincuencia y en que existe un contexto internacional de cooperación entre entidades delincuenciales que amenazan la paz global, nada nuevo por cierto.

Es importante establecer que lo observado en esas imágenes de ninguna manera es suficiente para establecer que nuestras instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia se encuentren rebasadas o superadas y mucho menos si hablamos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, absolutamente inadmisible que se utilicen aseveraciones en ese sentido con finalidades de desestabilización política, en ese tema debería aplicar la politización.

También es importante señalar que resulta lamentable, aunque probablemente inevitable en la era de las redes sociales, la amplísima difusión que se ha dado a tales imágenes y a todo lo que se encuentra alrededor de ellas, no es de ninguna manera conveniente proporcionar tanta difusión de manera tan efectiva a los grupos criminales y lo que es peor… gratis.

Lo que quiero apuntar al respecto como una especie de conclusión y quizá de reflexión, eso sí, es cuánto se ha dejado crecer y desde hace cuánto tiempo, a los grupos delictivos organizados, que se han convertido en aparatos organizados de poder, que evidentemente están entrando en disputa precisamente con el poder político, ante la evidente falta de estrategias adecuadas que se enfoquen directamente en la implementación de acciones eficaces de inteligencia operativa y financiera para evitar que esas organizaciones de facto lleguen a acaparar condiciones tales como las que vimos en el fallido operativo de Culiacán, el atentado al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país o en lo que ocurrió en Celaya no hace muchas semanas y que hemos visto de una u otra forma en muchos otros eventos que tristemente pueden servirnos de ejemplo, en donde la delincuencia ha hecho gala de sus capacidades, tanto de personal como de volumen de fuego, sin que haya voluntad política para un combate aplastante y definitivo, no obstante contar con infinitamente mayores capacidades por parte del Estado. Del factor corrupción, ni qué decir.

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