Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

Cada vez más organismos y líderes de la sociedad civil intervienen en temas que afectan a la sociedad. Sin embargo, en algunos casos han empezado a tomar tareas de Gobierno que no les corresponden. Es necesario que sociedad civil y Gobierno guarden una sana distancia para que los primeros ejerzan una función de contrapeso sobre las autoridades sin involucrarse en procesos que no les tocan.

La sociedad civil participa activamente en aspectos tales como transparencia y rendición de cuentas, combate a la corrupción, seguridad pública, combate a la pobreza, evaluación de programas sociales y muchos otros. Además, existe gran cantidad de fundaciones, instituciones de asistencia privada y organismos filantrópicos que realizan una extraordinaria labor de apoyo a grupos sociales desprotegidos.

Otras formas menos ortodoxas de participación de la sociedad civil son los grupos de autodefensa como en Michoacán y Guerrero, asociaciones de vecinos que vigilan sus barrios contra la delincuencia, comunidades que se autogobiernan como en Cherán, Michoacán y otros municipios que se rigen bajo principios de usos y costumbres y a donde las instituciones del Estado mexicano prácticamente no llegan.

La participación de la sociedad civil ha sido determinante para que el Estado mexicano ponga atención a aspectos de la vida pública que no se atendían adecuadamente. Sin embargo, esta participación es reflejo de un problema mucho más profundo: la carencia de instituciones fuertes del Estado mexicano. A pesar de ello, no es conveniente que sustituya a las instancias de Gobierno o se empiece a confundir con ellas.

Los gobiernos son elegidos por los ciudadanos en un proceso democrático y por ello resulta contradictorio que se quiera ciudadanizar al Gobierno, pues para eso tenemos un proceso electoral a través del cual se eligen a las autoridades. Cuando intervienen líderes y organizaciones de la sociedad civil en tareas gubernamentales, por lo general llegan allí no porque fueran elegidos por los ciudadanos para esas tareas, sino por su poder de interlocución con las autoridades; en algunos casos incluso, puede ser una forma de cooptación.

Hace días asistí a un seminario organizado por el Banco Mundial y la Secretaría de la Función Pública, en donde hubo ponentes de diversos países europeos, especializados en el tema de prevención de conflicto de interés y combate a la corrupción. En una de las mesas pregunté a los ponentes cómo trabajaban con las organizaciones de la sociedad civil y qué tan activas estaban en sus países en los temas que a ellos tocaban. Los ponentes de países del este de Europa presentaron un panorama similar al de México, con gran involucramiento de la sociedad civil.

Sin embargo, el ponente francés, alto funcionario en su país, me vio como si fuera extraterrestre por hacerle esa pregunta. Palabras más, palabras menos, dijo que en Francia las ONG no participaban de ninguna forma con ellos. Comentó que las instituciones del Estado francés y sus funcionarios estaban para servirles a los ciudadanos y para eso les pagaban un salario, por lo que no era necesaria la participación de la sociedad civil en actividades que sólo les incumbían a ellos.

La creciente participación de la sociedad civil en tareas que antes realizaba sólo el Estado mexicano, más que reflejar algo positivo, refleja la debilidad del Estado ante los problemas que debería resolver por sí mismo. Con su participación, la sociedad civil sólo está llenando ese vacío. Eso no quita que haga falta una sociedad civil activa y participante en los asuntos públicos. Lo que no es conveniente es que esa participación tome funciones que corresponden a las instituciones del Estado mexicano.

En el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción se creó la figura del Comité de Participación Ciudadana (CPC), el cual fungirá como asesor de dicho Sistema. El Estado mexicano seguirá operando las tareas anticorrupción a través de las 6 instituciones que conforman el Comité Coordinador (CC) del SNA apoyado por el CPC (Séptimo integrante del CC). Este Comité Coordinador sólo tendrá funciones de coordinación, sin invadir la esfera de autoridad de sus integrantes.

Sin embargo, los expertos del CPC, una vez que entran a realizar funciones de Gobierno y comienzan a ser remunerados como funcionarios públicos, aunque sea en su calidad de asesores, dejan de formar parte de la sociedad civil y pueden perder eficacia al quedar en un limbo extraño: ni fueron elegidos por los ciudadanos para esas tareas, ni forman parte propiamente del equipo gobernante. Esa neutralidad podría ser positiva a la hora de tomar decisiones, pero se corre el riesgo de que caigan en la inmovilidad o sus recomendaciones no vinculantes caigan en el vacío. Prueba de ello es que el CPC a la fecha no cuenta con presupuesto para realizar sus funciones.

Quizás influido por la idea de la ciudadanización de instituciones de Gobierno, estamos viviendo un proceso de balcanización de la función pública con el surgimiento de cada vez más organismos constitucionalmente autónomos, cuyos dirigentes no son elegidos por un proceso democrático, sino por el Congreso Federal mediante procesos de selección con criterios a veces meritocráticos, pero en otros, partidistas. De la misma forma, empieza a verse cómo liderazgos de la sociedad civil asumen tareas que no les corresponden. Quizás es tiempo de reflexionar si en lugar de fortalecer al Estado, la ciudadanización lo esté debilitando.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución pública o privada.

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