De manera creciente tiene lugar el desempeño del sector industrial de Aguascalientes, que pese a las condiciones que imperaron durante gran parte del año pasado debido a la emergencia sanitaria, en lo que va de 2021 mantiene un ritmo favorable, lo que beneficia a la sociedad en su conjunto ya que se consolidan las empresas y el empleo y hay mayor circulante.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que se tiene una recuperación en el dinamismo industrial, al registrarse en enero una mayor labor económica en prácticamente todos los sectores económicos, con un crecimiento de 2.2%, por lo que en ese momento esta entidad está en el quinto puesto nacional, y primera de la Región Centro Bajío-Occidente, posición que mantuvo durante los siguientes tres meses.
De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) predominan las acciones manufactureras que presentaron una variación positiva en lo que va del año y de lo cual, cabe destacar, sólo siete entidades obtuvieron números convenientes.
De la misma forma, Aguascalientes se puso a la cabeza entre las entidades de la Región Centro-Bajío-Occidente, empujada por la industria manufacturera, que logró su quinto incremento sucesivo, desempeño que tiene lugar en prácticamente todas las áreas, es el caso de la minería con una variación anual de 21.3% y que la ubica dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional; las de energías alcanzaron 5.4% y manufacturas 4.2% anual, en tanto la construcción alcanzó una variación negativa de 3.6% que la sitúa en el décimo primer lugar.
En lo que se refiere a las cifras desestacionales, el sector industrial tuvo un incremento de 1.4%, respecto al mes anterior, correspondiente a diciembre de 2020, que ubicó a la entidad con mayor incremento en sus índices de producción durante el primer mes del año.
Por otra parte, el mismo INEGI informó que en la Inversión Fija Bruta, que representa los gastos aplicados en construcción y en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, se consiguió un aumento en términos reales de 2.4% durante febrero de 2021, respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas, mientras que por componentes, los gastos realizados en la construcción aumentaron 2.6% y en maquinaria y equipo total alcanzaron 1.5% en el segundo mes, frente al mes precedente.
En el comparativo anual, la Inversión Fija Bruta se redujo 3.5% en términos reales en el mes citado, mientras que a su interior los gastos en construcción se redujeron 6.7%, en maquinaria y equipo total crecieron 1.6%, con relación a los de igual mes de 2020, con sucesivas eliminaciones de datos temporales.

GUADAÑA IMPLACABLE

Después de 14 meses que tuvo lugar el presunto hackeo al Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), se determinaron castigos a varios ex funcionarios, a quienes se responsabiliza de la situación que llegó a la paralización de esta oficina, lo que provocó una serie de problemas para los grupos que dependen de la información que suministra ese lugar y de lo cual los agentes inmobiliarios aún sufren las consecuencias, con la suspensión de créditos de las instituciones bancarias para la compra-venta de casas propuestas.
De la información aportada por el contralor general del Estado, Arnoldo Hernández Gómez Palomino, que fue quien llevó a cabo las investigaciones correspondientes, no incluyó a los ex titulares del RPPC ni al ex secretario de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral (Seguot), que en todo caso eran responsables directos de lo que sucediera en su área.
Por el contrario, la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado (SAPJE) dictó sentencias en contra de quienes se les atribuyen diversas situaciones, principalmente por “abusos y faltas administrativas”. Quien ocupó la dirección general de la Seguot fue inhabilitado para desempeñar empleos, cargos, comisiones y funciones en el servicio público por espacio de 15 años y el pago de 9 millones 280 mil pesos, y como “responsables solidarios y mancomunados” se impusieron al coordinador administrativo 15 años de inhabilitación y al jefe de departamento 10 años fuera del servicio público. En ninguno de los casos se mencionó el nombre de los involucrados.
Hernández Gómez aseguró que una de las sentencias es por la falta administrativa y abuso de funciones, deficiencia en la aplicación de trabajos e irregularidades en el contrato de licitación para la prestación de servicios, destinados al desarrollo de la Plataforma Estatal de Información, Catastral Multifinalitaria del Estado.
Al respecto, el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, señaló que las instrucciones del gobernador Martín Orozco Sandoval son de “cero impunidad” y que todos los funcionarios deben colaborar en las investigaciones que se lleven a cabo, asimismo, una vez resuelto que hay responsabilidades de algunos de ellos serán sancionados con apego a la ley, además se pretende que todo lo que tenga que ser castigado sea en esta administración.
Hizo la aclaración que no todo lo que señale la Contraloría General del Estado tiene que ver con corrupción, ya que habrá casos que sean por negligencia o errores que se debieron evitar, pero al hacerlo “tiene costos para la administración pública, entonces no pensemos que todo es corrupción, también se detectan práctica incorrectas, errores y que el contralor está haciendo frente de manera notoria”.
Finalmente, Flores Femat dijo que los asuntos que son investigados por la Contraloría no se pueden anticipar, porque se deben respetar los derechos de las personas que están siendo investigadas, “recuérdese que nos tenemos que regir por el principio de presunción de honorabilidad y honestidad de los servidores públicos y el contralor se está conduciendo de esa manera”.

ESTIRA Y AFLOJA

Mientras que el gobernador Martín Orozco considera que este mes podría darse el regreso a clases presenciales, la Sección Uno del SNTE insiste que esto será posible cuando se tenga la total seguridad que alumnos y docentes pueden hacerlo sin problema alguno.
Por su parte, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, dejó la definición en los padres de familia, de aceptar o rechazar que sus hijos acudan a la escuela, aunque desde su punto de vista es tiempo de analizar las condiciones anímicas en que se encuentran niños, adolescentes y jóvenes, tras más de un año de estar prácticamente confinados.
Hizo mención que hay hogares en que el papá y la mamá tienen que ir a trabajar, por lo que dejan solos a sus hijos, lo que ha provocado incendios y otras situaciones anómalas que ponen en riesgo su integridad y los bienes de la familia, como salirse a la calle. Son situaciones y accidentes que pueden evitarse si los niños se encuentran en la escuela, que lo pueden hacer en número reducido y bajo la atención y cuidado de los profesores.
El titular del IEA adelantó que se analiza un regreso gradual y escalonado, teniéndose en cuenta que la salud es prioridad, aunque insistió que es importante armonizar las pérdidas académicas y las pérdidas emocionales, ya que en este segundo caso el aislamiento en que han estado los alumnos y el recibir sus clases por internet les genera un sentimiento de lejanía con su entorno, cuando a su edad deben desarrollarse al lado de sus compañeros y profesores.
Habrá que esperar si el Sindicato acepta que se inicie el regreso paulatino y que los papás también accedan a que sus hijos acudan a las aulas, pero es tiempo que cada quien razone lo que conviene más a los estudiantes.

POR ENCARGO

Hay una demanda en contra de quien resulte responsable y que no pasaría de ser un hecho normal cuando se perjudica los intereses económicos y colectivos, pero se observa que se hizo por encargo, porque en esencia le correspondería presentarla a Veolia y no a la Comisión “Ciudadana” de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), por los supuestos actos de sabotajes y vandalismo que se han registrado en 35 pozos.
Lo anterior tiene como fundamento en que si el servicio de agua potable y alcantarillado está concesionado, es la firma francesa la que debe atender, enfrentar y resolver todo lo concerniente al mismo, mientras que a CCAPAMA le corresponde vigilar que cumpla en todos sus términos el título de concesión.
Lo que sucede es que hay una simbiosis que llega al grado de convertir al organismo municipal en consocio, por lo que desde hace varios años se eliminó la línea que los separaba y hoy marchan por la misma ruta, lo que quiérase o no perjudica a los consumidores ya que no tienen a quién recurrir para exigir una mejor atención.
Por lo pronto, CCAPAMA presentó una acusación ante la Fiscalía General del Estado por afectaciones a las fuentes de extracción de agua potable, que significa una pérdida de 6 millones 408 mil pesos, sucesos registrados entre los meses de marzo y abril del presente año y de lo que por cierto se llegó a especular que tenía que ver un candidato opositor a presidente municipal, sin que se logre acreditar si realmente hubo “mano negra”.
En la denuncia de hechos se destaca que hubo 16 actos de sabotaje en abril, lo que representó una afectación de tres millones 275 mil pesos, mientras que en marzo fueron 19 episodios similares y uno de vandalismo, por un monto de tres millones 133 mil pesos.
A los directivos de la citada Comisión “Ciudadana” les parece extraño que sólo en ese bimestre hubieran ocurrido los ataques, por lo que piden que se investigue y además de castigar al o los responsables, se les obligue a pagar los daños económicos que causaron, ya que ha sido necesario proceder a su reparación a la mayor brevedad.
Además, en lo que tendría que ser una obligación de Veolia lo hace CCAPAMA, al contratar los servicios de seguridad privada y que junto con los policías municipales se encarguen de vigilar las fuentes de abastecimiento del vital elemento, así como de pedir la participación de la sociedad para que denuncie cualquier situación que advierta de quienes acometan los pozos, para ello pone a disposición la línea 072 y el teléfono 449-915-15-13.
Se asegura que después de que entró en operación la seguridad privada, la Policía Municipal detuvo a dos personas luego de que cortaron unos cables en un pozo nuevo en Ojocaliente y en su confesión inicial dijeron que les habían pagado por sabotear la infraestructura hídrica de la ciudad, sin embargo CCAPAMA, que fue la que proporcionó esa información, no señaló quién estaba atrás de esto, presuntamente por ser un asunto en investigación, no obstante reitera que son situaciones que crecieron a partir que comenzaron las campañas políticas.

PRIMERA TAREA

Rafael Lomelí Martínez, recién designado comisario general de la Policía Investigadora, tiene como labor inicial crear un segundo equipo de servicio médico forense, con el que se puedan atender con prontitud los casos en que debe intervenir.
Hasta la fecha continúa trabajándose con un solo grupo, por lo que si hay dos asuntos a la misma hora, uno de ellos debe esperar largo tiempo para que haga acto de presencia, lo que significa una verdadera tortura para los familiares de la persona fallecida, que impotentes ven pasar el tiempo sin poder hacer algo para evitar el grotesco espectáculo.
El nuevo jefe policíaco sabe de lo que se trata, puesto que ha sido secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas; coordinador estatal de la Policía Federal en Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero y Querétaro, y estuvo dentro de la dirección general de carreteras e instalaciones en la Guardia Nacional, además es capitán segundo de infantería en retiro y con una experiencia de 35 años en la administración pública, principalmente en áreas de seguridad nacional y seguridad pública local.
Por razones que sólo entienden quienes han estado al frente de la Policía Investigadora, no hicieron ningún esfuerzo por tener dos o más divisiones que lleven a cabo las primeras indagatorias y levanten el cuerpo para llevarlo ante el médico forense y que determine la causas de la muerte.
Por enésima ocasión, la semana pasada se dio el caso en que hubo dos actos fatales casi a la misma hora, por lo que en el segundo el cadáver permaneció casi tres horas para ser levantado, ante la mirada de un grupo numeroso de familiares, que no pudieron acercarse al occiso porque se lo impedían los policías uniformados, concretándose a esperar que hicieran acto de presencia los encargados de esa labor. La disculpa que recibieron las personas es que a la misma hora sucedió un hecho que les impidió acudir con prontitud.
Se actúa igual que hace más de 50 años, cuando la ciudad y el estado era menos de la mitad de la población actual. En aquellos tiempos la entonces Policía Judicial tenía un grupo que cumplía con esa labor y en el mismo había un elemento que se encargaba de sacar del Río de Pirules (hoy rebautizado como Río San Pedro) y de otros cuerpos de agua a los que se ahogaban, su nombre es Alfredo Muñoz, más conocido como “El Tawa”, que actualmente está pensionado, quien puso en práctica sus conocimientos como nadador que fue en su años mozos.
Es de esperarse que Lomelí Martínez atienda esta demanda y que su paso por la corporación sea recordado por haber corregido ese traspié histórico.

ENÉSIMO LLAMADO

La explosión que tuvo lugar en la comunidad de El Chiquihuitero, perteneciente al municipio de Calvillo, y que les costó la vida a dos mujeres, obliga a tomar medidas drásticas tanto de la autoridad civil como eclesiástica, para evitar que siga utilizándose la pólvora en los actos religiosos. Aunque es una costumbre muy arraigada en el pueblo, deben buscarse otras formas de demostrar el júbilo, con lo que se preserve la integridad física de los participantes.
Los hechos se registraron el pasado 7 de mayo, en una habitación del Templo de San Isidro Labrador, lugar en que se almacenaban 720 cohetes y que al hacer contacto con alguna chispa hicieron explosión, lo que provocó la muerte de las dos personas que se encontraban en el lugar.
Por dos vías se ha pedido a los sacerdotes que eviten el uso de la pirotecnia, por una parte la Secretaría General de Gobierno solicitó a parroquias y capellanías que busquen otra forma de celebrar algún acontecimiento y al mismo tiempo la Coordinación de Protección Civil también exhortó a que no almacenen ese tipo de productos, lo que está prohibido y que se hace de manera subrepticia, sin embargo se pone en riesgo la integridad de quienes están cerca, como fue el caso de El Chiquihuitero, donde minutos antes terminó el rezo del Rosario al que acudieron poco más de 20 personas, por lo que el caso pudo haber resultado más trágico.
Concatenando con esta situación también debe impulsarse una campaña para evitar el uso de veladoras en las casas, que en varias ocasiones han sido causantes de incendios, haciéndole ver a la gente que en lugar de veladoras le recen a la imagen de su advocación, pero que no pongan en riesgo su persona, la de sus familiares y sus bienes, en lo cual mucho tiene que ver una labor de concientización por parte de los mismos eclesiásticos.